El primer juicio del caso Villarejo llega a sus últimos días y los abogados de los acusados ya preparan sus últimas alegaciones para el tribunal, que tendrán que presentar antes del 10 de julio y exponerlas de forma oral en Sala el día 11, cuando se retoman las sesiones en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional salvo que el tribunal decida aplazarlas a septiembre por el estado de salud del comisario jubilado José Manuel Villarejo, como ha pedido su defensa.

La sombra de la nulidad por considerar que se trata de una causa prospectiva y basada en la ingente documentación que se requisó al comisario jubilado tras su detención en noviembre de 2017 sin garantía, consideran las defensas, de que se respetó la cadena de custodia en los registros, existe desde que arrancó el juicio de las piezas Iron, Land y Pintor del caso Tándem.

Alrededor de esos ejes girarán las calificaciones de la defensa. El comisario jubilado reivindicará su condición de agente encubierto y colaborador con el CNI para tratar de desmontar la acusación por cohecho del Ministerio Público, columna vertebral de la macro investigación de sus negocios privados cuando estaba en activo en el Cuerpo. La Fiscalía pide 80 años de cárcel para el comisario por presuntamente aprovechar los contactos que tenía en la Policía para hacer negocios privados que le reportaron beneficios millonarios.

Una vez que el tribunal compuesto por Ángela Murillo (presidenta), Carmen Paloma González y Fermín Echarri ha tomado declaración a todos los investigados, testigos y peritos, distintas defensas consultadas por El Independiente consideran que ha habido momentos del juicio, en concreto destacan tres, que han dejado claro que la causa ha sido un "despropósito" o un "circo" desde el principio, según la califican.

Declaración del hombre que presentó la denuncia, David Vidal

Tanto la defensa del comisario Villarejo como otros abogados de acusados consideran que la declaración en el juicio del ex colaborador del CNI David Rodríguez Vidal que acudió a la Fiscalía Anticorrupción para presentar la primera denuncia supuestamente anónima -aunque tras ella estaba como él mismo explicó a los fiscales el empresario Francisco Menéndez- contra el comisario dejó en evidencia el "carácter prospectivo" de la causa.

Lo ven así porque Vidal explicó que llevó a Anticorrupción la documentación sobre un negocio de Villarejo y su socio Rafael Redondo en Guinea Ecuatorial, así como los datos de cuentas en el extranjero que habría utilizado el policía para evadir impuestos. Pero en la denuncia no se mencionaron otros trabajos del agente en activo para clientes privados. Precisamente ese negocio en Guinea denominado Informe King no está entre los que se abordan en el primer juicio al comisario y sus colaboradores, por lo que las defensas ven que a raíz de la detención de Villarejo por este motivo se ha abierto una macro causa -la seguida en la Audiencia Nacional con más de 30 piezas de investigación- en la que los investigadores han ordenado requisar toda la documentación de los domicilios de Villarejo, su mujer Gemma Alcalá, su socio Redondo y las sedes de sus empresas en la que se han ido abriendo líneas de investigación "a la carta", seleccionando la información "que interesa", denuncian.

Documentación en la UAI y la llave del agente Fraga

El inspector de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Gonzalo Fraga que arrancó las diligencias policiales inmediatamente después de la detención de José Manuel Villarejo el 3 de noviembre de 2017 defendió durante su declaración como testigo el 27 de enero la legalidad de la investigación y el control judicial de ésta desde el inicio, a diferencia de lo que consideran los acusados.

Respecto al motivo que llevó a la apertura de la causa con líneas de investigación distintas a la del informe King, el agente afirmó que en la denuncia también se hacía referencia a "otros encargos similares".

Sobre el asunto más controvertido de la causa, si se guardó la cadena de custodia de toda la documentación en soporte físico y digital que se incautó al comisario, así como si se pudo hacer un clonado sin interrupción de ésta, como exige la ley, el policía reconoció que eso habría sido "humana y técnicamente imposible".

Fraga relató cómo se llevaron a cabo registros simultáneamente en la residencia de Villarejo de Boadilla del Monte (Madrid), también en una segunda vivienda en Málaga y otra de su familia. Afirmó que pidieron a la brigada informática dispositivos para hacer un volcado in situ pero no fueron suficientes para almacenar todo el material.

En el procedimiento ha quedado acreditado que fue materialmente imposible realizar el desprecintado de parte del material y el posterior volcado de éste en el Juzgado por lo que parte de los medios que han constituido la prueba del juicio fueron devueltos a la sede policial. Las defensas consideran motivo de nulidad no tener la seguridad de que en esos trasiegos se ha respetado la cadena de custodia y el material no ha sido manipulado.

Durante su declaración, Fraga explicó que el tiempo que la documentación permaneció en la sede de la UAI ésta tuvo "vigilancia física durante 24 horas". Permaneció, según explicó, en dos cajas fuertes en un armario del que sólo él tenía una llave que llevaba en el propio llavero de su casa porque "estaba preocupado". Únicamente en una ocasión, declaró, cedió la llave a un compañero durante dos días porque se tuvo que ausentar, pero "está todo documentado", argumentó, asegurando que no se perdió la custodia.

Correo con dominio del CNI

Al inicio del juicio, durante las cuestiones previas, la defensa del comisario presentó cuatro correos electrónicos intercambiados con una cuenta bajo el dominio areatec.com, tapadera de los servicios secretos españoles para sus operaciones.

Desvelando dichos correos que el tribunal no aceptó incluir en la causa, el comisario trató de demostrar que como colaborador del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en ocasiones puso su empresa Cenyt a disposición de los servicios de inteligencia para investigaciones de La Casa. Durante aquella sesión, el fiscal Miguel Serrano llegó a afirmar "no pongo en duda que haya trabajado para el CNI", pero destacó que ese hecho no tiene relevancia para la causa porque de lo que se trata es de despejar si el principal acusado aprovechó sus contactos en la Policía para crear una "red mafiosa policial", como afirma el Ministerio Público en algunos de sus escritos, y enriquecerse realizando trabajos privados para grandes compañías del Ibex en los que se diferenciaba de la competencia por la información privilegiada y confidencial a la que podía acceder.