El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, declarará finalmente este martes por escrito como testigo en el caso Pegasus de la Audiencia Nacional, donde se investiga la infección del móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Interior, Defensa y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas con el software espía Pegasus.

El instructor de la causa José Luis Calama le sugirió que compareciera por videoconferencia "para asegurar el buen fin de la causa y su tramitación en términos de agilidad y utilidad". Sin embargo, el ministro remitió un escrito en el que expuso: "I. Que, con fecha 6 de junio de 2022, se me ha citado para prestar declaración, en calidad de testigo, en las diligencias previas de referencia el próximo día 5 de julio de 2022 a las 9.00 horas. II. En dicha citación se me comunica que, de conformidad con lo establecido en el artículo 412.2. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podré informar por escrito de los hechos sobre los que he tenido conocimiento por razón de mi cargo. III. En consecuencia, por medio del presente escrito vengo a solicitar que se acuerde lo procedente para informar por escrito sobre los hechos objeto de mi declaración".

El juez aceptó la declaración por escrito conforme dicho artículo legal que señala que el presidente y los demás miembros del Gobierno "están exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo" y le sugirió "la práctica bidireccional y en tiempo real de la referida diligencia de investigación para asegurar el buen fin de la causa y su tramitación en términos de agilidad y utilidad, con una interacción visual, auditiva, y verbal con el testigo, y en unidad de acto".

Finalmente, Bolaños responderá a las preguntas que planteen la Fiscalía y el instructor por escrito con la intención de "ofrecer toda la información disponible y que pueda facilitar el trabajo del juez" porque la fecha en la que estaba prevista la comparecencia coincide con el Consejo de Ministros, al que asistirá, según trasladan fuentes del Gobierno a El Independiente.

La Asociación de Juristas Europeos Prolege a la que el juez Calama permitió ejercer la acusación popular no participará tampoco en el trámite del interrogatorio puesto que el viernes daba por hecho que no reunirá antes del martes la fianza de 10.000 euros que se le exigió.

Tras la destitución de Paz Esteban

Por todos estos motivos, la causa que se abrió a raíz de que la Abogacía del Estado denunciara dicho ataque de los terminales de los miembros del Gobierno con la herramienta informática de espionaje propiedad de la empresa israelí NSO Group entre mayo y junio de 2021, según la denuncia de los servicios jurídicos del Estado, se va desinflando.

Dicha denuncia se presentó mientras el Gobierno trataba de defenderse del escándalo que supuso que el laboratorio de investigación Citizen Lab publicara que los móviles de más de sesenta políticos catalanes independentistas -entre ellos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés- sufrieron un ataque con el programa Pegasus y se situara a los servicios secretos españoles como responsables de dicho ataque.

La entonces responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, reconoció las escuchas a 18 dirigentes independentistas, entre ellos Aragonés. A día de hoy, el presidente Pedro Sánchez trata todavía de recomponer la relación con el presidente de la Generalitat y con su partido Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) que apoyó su investidura puesto que la denuncia de dicho espionaje al independentismo ha abierto una fuerte brecha de desconfianza hacia el Gobierno central.

Al tiempo que el independentismo pedía explicaciones por las escuchas, producidas después de emitirse la sentencia del procés, el Gobierno también se presentó como víctima de un espionaje con Pegasus que, por las fechas, apuntaría al Gobierno de Marruecos puesto que habría coincidido con la crisis migratoria del verano pasado, después del enfrentamiento con el país vecino tras la acogida del líder del Frente Polisario en España, Brahim Ghali, para ser tratado de coronavirus.

La directora del CNI, Esteban, fue destituida de su cargo el 10 de mayo y Sánchez achacó su cese a un "fallo de seguridad" en las comunicaciones del Gobierno. Sin embargo, como publicó este diario, la seguridad de las comunicaciones del móvil del presidente del Gobierno sería responsabilidad de Moncloa, concretamente del ministerio de Presidencia al frente del que está Bolaños, y no de los servicios secretos.

Investigación secreta

Precisamente Paz Esteban ya declaró como testigo ante el juez Calama que investiga los ataques de los móviles del presidente y los ministros, aunque lo hizo cuando la investigación estaba secreta. El pasado 7 junio, el juez levantó dicho secreto aunque no ha trascendido prácticamente ningún dato de la investigación salvo que Calama ha solicitado desplazarse a Israel con una comitiva judicial para interrogar a uno de los responsables de la empresa fabricante del software.

Será difícil conocer los extremos de la declaración de Esteban y de Bolaños puesto que el juez pretende mantener protegidos los documentos que puedan comprometer la seguridad del Estado. Además, únicamente el fiscal de la causa, Jesús Alonso, y el representante de la Abogacía del Estado están al tanto del avance de la instrucción (además del juez) puesto que hasta el momento la acusación popular todavía no ha podido ejercer como tal al no depositar la fianza. El avance de las pesquisas ha ido pasando, por lo tanto, desapercibido hasta el momento.