El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el ataque al móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, supuestamente, con el software espía Pegasus, apunta a que en el hackeo del terminal de Robles pudo haber un "descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional", según un auto de este lunes con el que rechaza el recurso de la Abogacía del Estado contra su decisión de admitir la personación de la Asociación de Juristas Europeos Prolege como acusación popular.

Así lo expone el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 en un auto de este lunes con el que insiste en que debe permitir ejercer la acusación popular -si es que deposita los 10.000 euros de fianza que se le exigen- a Prolege, rechazando la pretensión de la Abogacía del Estado de dejarles fuera de la causa.

Los servicios jurídicos del Estado recurrieron la decisión del juez, con el posicionamiento también favorable de la Fiscalía, de permitirles ejercer la acción popular. La Abogacía lo consideraba improcedente porque considera que los representantes de dicha acusación podrían acceder una vez en la causa "a todo el contenido de datos de la intimidad de los agraviados en directa contradicción con lo que precisamente constituyen el fundamento de la acción penal y el bien jurídico que se quiere proteger".

Sin embargo, en este caso el juez insiste en que en este caso "el delito investigado no sólo afecta al bien jurídico intimidad y autodeterminación informativa, sino también a los 'intereses generales'".

"La exfiltración de información del dispositivo móvil de la Excma. Sra. ministra de Defensa que fue objeto de denuncia y que es un hecho objeto de la presente investigación, podría integrar, además, alguno de los delitos relativos
al 'descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional', tipificados en los arts. 598 y siguientes del Código Penal, cuya naturaleza pública es indiscutible", se puede leer en la resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción 4.

Acceso entre mayo y junio de 2021

En otro auto, el juez pide a la Fiscalía y la Abogacía que le remitan las preguntas que quieran formular al ministro de Presidencia Félix Bolaños, que como ha publicado El Independiente finalmente declarará por escrito en la causa como testigo.

Contará lo que sepa y pueda ayudar a aclarar los hechos que denunció la Abogacía del Estado en representación del Gobierno el pasado 2 de mayo. Concretamente, que el Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas del Centro Criptológico Nacional detectó, tras analizar los terminales de los miembros del Gobierno, "varias infecciones por la herramienta Pegasus -software espía de dispositivos móviles-, entre los meses de mayo y junio de 2021", según se recoge también en el auto con el que el juez insiste en permitir la acusación popular a Prolege. José Luis Calama tiene previsto desplazarse a Israel con una comitiva judicial para interrogar al responsable de la empresa NSO Group fabricante del sistema informático de espionaje en busca de respuestas sobre el supuesto ataque a los móviles de Sánchez y los otros ministros.