Este martes el Congreso de los Diputados da inicio al pleno extraordinario más esperado del año: el debate del estado de la nación. Se desarrollará durante tres días, hasta el jueves día 12, y dará un portazo definitivo a la actividad parlamentaria en la cámara baja, ya con el ciclo de sesiones oficialmente cerrado hasta septiembre. En esta cita, Pedro Sánchez debe dar parte de su gestión ante los grupos y buscará exhibir un gobierno de unidad centrado en la "clase media trabajadora", según ha podido saber El Independiente. Asimismo, Cuca Gamarra, que será quien intervenga en representación del PP, tendrá como finalidad reivindicar al partido como "alternativa" al Ejecutivo, algo que se hará, dicen fuentes de la formación, con un planteamiento "propositivo" a Sánchez y sin atender a Vox.
El PP, que abrirá el turno de réplicas al jefe del Gobierno a partir de las 16:00 horas desde la tribuna de oradores, encara este compromiso parlamentario de manera triunfal, con la última remesa de encuestas electorales a favor del nuevo proyecto de Alberto Núñez Feijóo y disparado, superando las estimaciones anteriores de hasta 133 representantes. La demoscópica Hamalgama Métrica le da un ascenso de cuarenta escaños -ahora cuenta con 89-, mientras que GAD3, la única entidad que vaticinó los resultados de las elecciones de Andalucía a pie de urna, le otorga una horquilla aventajada de entre 155 y 159 diputados.
Ante este panorama, las valoraciones internas de los populares son muy positivas. Ven avalado el liderazgo de Feijóo en estos cien días de trabajo y, además, consideran que el posicionamiento moderado y "con sentido de Estado" respecto a la inflación y la actuación del Ejecutivo nacional pluricolor, está calando entre los españoles. Con estas sensaciones, en Génova insisten en la necesidad de continuar incidiendo en el papel de "alternativa" de gestión y creen que el debate en las Cortes no hará otra cosa más que reforzar las siglas.
El PP abogará por la economía, el poder judicial, la crítica a la 'ley Bildu' o la incorporación de la nuclear como energía verde
El eje central que seguirá Gamarra en la primera réplica, de media hora, así como en la segunda que deberá realizar, de diez minutos, será la materia económica. Los populares, aunque no hay ningún indicador oficial que certifique España entrará en recesión a partir de otoño y comienzos del próximo año, insisten en la necesidad de tomar medidas más determinantes en este ámbito. Y en ello profundizarán durante su tiempo de alocución.
Reivindicarán, por tanto, el plan preparado a mediados de abril por el área de Economía popular de Génova y el vicesecretario Juan Bravo, con base en la deflactación del IRPF a las rentas medias y bajas menores de 40.000 euros anuales; la supresión del impuesto de hidrocarburos o la bajada del gas al gravamen mínimo; la reducción del gasto público y la mejora de la distribución de los fondos europeos.
Además de propositivo, Gamarra mostrará a un PP "en positivo", aunque no complaciente con "la propaganda del Gobierno". Con todo, los populares no han detallado el grueso de las medidas que sugerirán a La Moncloa para alcanzar consensos en la recta final de la legislatura. Sí han comentado que instarán a Sánchez a apostar por la energía nuclear, tras la inclusión europea de ésta entre las producciones verdes, para abaratar los precios energéticos y mejorar la accesibilidad de los consumidores.
El primer paso y de manera oficial, no obstante, se ha producido horas antes del debate desde la sede nacional con la propuesta de un pacto para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de manera inmediata. Un acuerdo que, en un medio plazo, culminaría con la independencia de los propios jueces para hacer los nombramientos del propio organismo de forma independiente.
Moncloa desoye la primera propuesta
A última hora del lunes, el vicesecretario de Política Institucional del PP, Esteban González Pons, se ha reunido en el Congreso de los Diputados con el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Lo ha hecho, según fuentes del PP, en el despacho del socialista. Y, tras una conversación, ambos representantes no han logrado llegar a un acuerdo común para el CGPJ. Los populares habían indicado previamente que Bolaños había contactado por mensaje con González Pons el domingo para negociar, mientras que de cara a la opinión pública Moncloa no ha mostrado ningún interés en la oferta del grupo popular. Solo ha demandado el desbloqueo.
Continua solicitando apoyos a la cámara para que se adhieran al 'si' del real decreto de medidas urgentes anticrisis o la reforma express de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un cambio, este último, que permitirá al Gobierno renovar el Tribunal Constitucional (TC). De producirse, el PP romperá cualquier negociación con el Ejecutivo en materia judicial de manera definitiva, porque es la principal línea roja.
El PP denuncia la falta de contactos para abordar los temas relevantes que afectan al país
Este lunes, el propio González Pons, que también ostenta la secretaría de Justicia en el organigrama del PP, avisaba del informe sobre el Estado de Derecho en España que la Comisión Europea divulgará en plena segunda sesión del debate nacional. Y "casi seguro", afirmó, que cuestionará la situación de debilidad del Poder Judicial. Por ello, ante esa supuesta reprimenda, considera troncal sentarse a negociar y dejar de lado el intento de controlar al Constitucional con los votos de ERC. Más cuando ya aprobará la "ley Bildu" de Memoria Democrática, dijo.
Sin sentido del voto al decreto anticrisis
Fuentes del PP también critican la ausencia de contacto alguno por parte de Bolaños para abordar el decreto anticrisis. En Génova dan por hecho que se acabará reeditando, junto a ERC, la suma de socios que refrendaron el primer documento con anterioridad. Pero no sueltan prenda sobre qué decisión tomará el Grupo a mandato de Feijóo. Según puedo saber El Independiente, el PP estaría meditando la abstención como muestra de buena fe y de acercamientos a pactos estatales. "Han incorporado algunas medidas y no podemos situarnos en el 'no", indican desde el partido. Sobre todo, advierten, cuando está descontado que va a salir adelante. Asimismo, en Moncloa confía en atraer a esa posición a los populares.
Dejar a Vox fuera de lugar en el debate
En vista a los buenos resultados en los sondeos, en el PP descartan apelar a una confrontación con Vox desde la tribuna del hemiciclo. Ven que la moderación ejercida está haciendo que el partido de Santiago Abascal roce ya su techo de voto y, mientras tanto, se está incidiendo en cierta parte del electorado socialista. Por ello, ignorarán al que, todavía, es su principal competidor por la derecha. El debate "no va de Vox, sino de los españoles", aseguran fuentes populares.
Según ha podido saber este medio, Vox hará un debate duro contra el Gobierno para situarse como "auténtica alternativa" de oposición. Para eso, además de cuestiones ideológicas, intentarán competir con la crítica económica hacia el Ejecutivo; una adopción, en sí mismo, del principal perfil de los de Feijóo. Abascal quiere aprovechar la incapacidad del gallego para participar en el debate al no contar con acta de diputado y, en definitiva, mostrarse contundente contra Sánchez para restar protagonismo al PP. Fuentes parlamentarias de Vox consideran que Gamarra, al contrario de la opinión del Grupo popular, debilita la imagen de los conservadores a la hora de cuestionar los trazos de gestión de Sánchez. Y, por ello, creen que pueden conseguir destacar por encima. Más, admiten, cuando los reproches del PP al Gobierno serán templados.
Vox cree que este debate puede permitirles recuperar protagonismo ante un periodo poselectoral difícil, con un decrecimiento de sufragio en Andalucía de 375.977 votos. La última oleada de encuestas previas al debate sobre el estado de la nación, salvo GAD3, con un 13,6%, les da un aumento en porcentaje de voto, que, no obstante, no terminaría de verse reflejado en grandes dimensiones en el Congreso: lograrían entre dos y seis escaños más. La demoscópica de Narciso Michavila, al contrario, augura un descalabro de 52 a 37-39 parlamentarios.
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