La Fiscalía ha cambiado este martes su criterio y se ha posicionado en una vista en el Tribunal de Cuentas (TCu) a favor de admitir el aval presentado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para devolver a ERC los 2,1 millones que depositó como garantía de la presunta responsabilidad contable de excargos del Govern por el presunto desvío de fondos para la promoción del proceso independentista en el exterior por medio de las denominadas embajadas catalanas y Diplocat.

Según ha asegurado el fiscal, "las cantidades reclamadas ya están aseguradas y no tiene ningún sentido mantener este dinero depositado por ERC", por lo que no se ha opuesto a la sustitución que habían solicitado los miembros del partido independentista encausados, según recoge Europa Press.

En su intervención, el fiscal ha reconocido a Sociedad Civil Catalana (SCC), la otra demandante, que una fianza dineraria es "la forma más efectiva de garantizar el cumplimiento de la responsabilidad civil que pueda decretarse en la sentencia" si son condenados.

No obstante, el Ministerio Público entiende que tras admitir este año la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas la validez de los avales del Instituto Catalán de Finanzas, dependiente de la Generalitat de Cataluña, "no queda más opción" que "sustituir" la fianza y devolver a Esquerra el dinero que depositó.

Entre sus motivos, el fiscal ha asegurado que los 2,1 millones depositados por el partido político, "aunque nos hayamos acostumbrado a minimizar su importe, es demasiado importante para no hacer fácil la actividad patrimonial de quien lo ha aportado".

Por contra, SCC, como demandante, ha ratificado su oposición a los avales presentados por el ICF y ha defendido que el depósito es "la forma más sencilla de cumplir con lo mandado por el Tribunal".

SCC, que ha iniciado la tanda de alegaciones, ha tenido un turno de réplica para mostrar su parecer y ha criticado que cualquier ciudadano de a pie no tiene --a su juicio-- el privilegio de ERC de que le avale una entidad como ICF. A la salida, sus representantes han mostrado su "asombro" por el cambio de opinión del fiscal.

Junqueras y Romeva consideran acertado el giro

El motivo de la vista celebrada hoy es que el exconseller Raül Romeva solicitó que se devolvieran a ERC los 2,1 millones que depositó por su presunta responsabilidad contable y los de las demás personas que responden solidariamente con él, otros 19 demandados. Hasta ahora, el Ministerio Fiscal se había mostrado en contra.

La petición de Romeva llegó después de que el órgano fiscalizador rechazara una petición anterior de ERC para que le devolviera dicho depósito tras conocerse que el TCu admitía los avales presentados. Entonces, el órgano fiscalizador indicó a la formación política catalana que antes del reintegro debía aprobarse la sustitución del depósito por los avales del ICF, un trámite que debían iniciarlo cualquiera de los presuntos responsables contables cubiertos por el depósito, de ahí que ahora haya sido Romeva quien lo ha solicitado.

Su abogado, también en nombre del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha considerado "absolutamente razonable y acertada" la nueva postura de la Fiscalía y ha explicado que ERC aportó ese dinero para impedir que se embargaran bienes a sus miembros. "No se trata de sustituir el depósito por los avales", sino de asegurar un método y no mantener una "duplicidad de garantías", ha indicado.

Ha señalado que el aval es mejor garantía porque es "indefinido", mientras que ERC, con el depósito, no ofreció un plazo de duración y lo aportó "de manera preventiva", por lo que "está legitimada" para pedir esa devolución. Si el dinero no le es devuelto al partido, "restringiría de modo grave su actividad patrimonial", ha afirmado.

En igual sentido ha informado la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont, favorable a admitir los avales y a devolver el dinero a ERC para "evitar duplicidades" en el procedimiento, que se sigue contra 35 personas, en su mayoría excargos del Govern, por el presunto desvío de fondos públicos para sufragar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y las denominadas 'embajadas catalanas'.

Demandas de Fiscalía y Sociedad Civil Catalana

Fiscalía reclama a los excargos catalanes, de forma conjunta y solidaria, 3,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por los fondos presuntamente desviados para el 'procés', rebajando así la cifra estimada por el órgano fiscalizador, que la fijó en 9,5 millones de euros.

Según explicó entonces el Ministerio Público, la responsabilidad contable de algunos de los encausados disminuyó "de manera considerable respecto del importe reclamado por la instructora" del Tribunal de Cuentas y respecto de la demanda de SCC porque "los demandados y las cuantías son divergentes".

Sociedad Civil Catalana, por su parte, presentó demanda contra 11 exaltos cargos del Govern, entre ellos los expresidentes Puigdemont y Artur Mas, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, a los que reclama 5,3 millones en concepto de responsabilidad contable.

Inicialmente, el TCu fijó en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable por la acción exterior de Cataluña a través de las denominadas 'embajadas catalanas' y el Diplocat, y cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones de euros.