El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Jean Richard de la Tour emitirá este jueves su posicionamiento sobre si Bélgica puede negarse a entregar a España al expresidente catalán en rebeldía, Carles Puigdemont, como hizo con el exconsejero también fugado Lluis Puig.

La sentencia posterior del TJUE -que se espera para otoño- no tiene por qué ir en la misma dirección que la del abogado general, pero habitualmente coinciden. Así, esta primera resolución arrojará luz sobre el futuro de Puigdemont.

El expresidente catalán está procesado por los delitos de sedición y malversación por los que el vicepresidente de su gobierno, Oriol Junqueras, fue condenado en la sentencia del procés. Puesto que Puigdemont se fugó de España después del referéndum del 1 de octubre, cuando supo que la Fiscalía General del Estado se querellaría contra él por el delito de rebelión, no pudo ser juzgado como los otros líderes independentistas catalanes que sí se sentaron en el banquillo.

Precisamente después de que se emitiera la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra los impulsores de la consulta ilegal para la independencia de Cataluña, el instructor emitió una orden europea de detención (euroorden) contra Puigdemont y contra los exconsejeros Lluis Puig, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Antoni Comín también fugados a otros países.

Tanto Puig como Puigdemont establecieron su residencia en Bélgica y el Tribunal de Apelación de Bruselas rechazó entregar al primero por el delito de malversación por el que estaba procesado en respuesta a la euroorden de Llarena.

Afecta a las órdenes de detención europeas

Después de dicho rechazo, el juez Llarena dirigió una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consultándole si Bélgica puede negarse a entregar a un procesado en España entrando a valorar si el tribunal que emite dicha orden es competente para juzgar al reclamado, como hizo.

Llarena considera que la decisión de Bélgica va en contra del espíritu de colaboración entre países contenido en la norma que regula las euroórdenes y que afecta a la aplicación de esta medida de cara al futuro, de ahí que pide al Tribunal de Luxemburgo que se pronuncie.

"La interpretación del derecho de la Unión y de las normas establecidas en la Decisión Marco relativa a 'la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros llevada a cabo por la autoridad de ejecución belga' discrepa de la que sostiene este Tribunal Supremo. La interpretación definitiva de la norma no sólo afecta a las decisiones de entrega que deban tomarse en un futuro y a su eficacia procesal, sino que condiciona la subsistencia de unas medidas que impactan directa y permanentemente en el derecho a la libertad de los afectados, no sólo respecto a su libertad de movimientos en el actual país de ejecución, sino todos aquellos otros Estados de la Unión donde hoy opera su orden de detención y que puedan restringir su libertad en un futuro", expuso el instructor del procés.

La Comisión Europea apoyó a España

El pasado 5 de abril se celebró una vista en la Gran Sala del TJUE donde tanto la defensa de Puigdemont como la Fiscalía española, el partido político Vox como acusación popular en la causa y la Comisión Europea expusieron su visión.

Allí, el fiscal Fidel Cadena consideró "ilógico y absurdo que el país de ejecución controle la aplicación procesal de las normas de competencia del país emisor". Respecto a la posible violación del derecho fundamental a la presunción de inocencia por parte de la Justicia española en el que la defensa de Puigdemont ve que se podría incurrir si él o Puig son enviados a España, el representante del Ministerio Público se refirió a la sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó que haya habido vulneración de derechos fundamentales de los condenados en la sentencia del procés.

La Comisión Europea, representada por el letrado Julio Baquero Cruz, se posicionó en la vista a favor del instructor Llarena en cuanto a que Bélgica debería haber dado curso a la orden europea de detención y haber entregado a los reclamados al no ser España un país con "deficiencias sistémicas" de las garantías de un estado de derecho.