El Congreso de los Diputados afronta este jueves el último trámite parlamentario en periodo extraordinario antes del cierre oficial del hemiciclo hasta la reanudación del ciclo de sesiones a partir del próximo mes de septiembre. Tras el debate del estado de la nación, que concluirá al mediodía tras siete años de espera para su celebración, la presidencia de las Cortes hará un receso. A partir de las cuatro de la tarde, se votará el proyecto de ley de Memoria Democrática y la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y, posteriormente, se discutirá en la cámara la convalidación o la derogación del real decreto de medidas urgentes anticrisis a consecuencia de la guerra en Ucrania y la inflación aprobado a finales de junio en Consejo de ministros extraordinario.

Respecto al decreto económico, el PP perfila mantenerse en la vía de la abstención. Es algo que, según pudo saber El Independiente, llevan meditando desde hace dos semanas. No tanto por refrendar el discurso de "sentido de Estado" que reivindican los de Feijóo regularmente, que también, sino por la imagen que transmitirán a los españoles si abogan por la negativa al Gobierno. Todo, pese a que saben que el texto saldrá adelante con el apoyo de EH Bildu, el socio preferente de Pedro Sánchez en esta recta final de la legislatura en detrimento de ERC. Y es que Rufián ha marcado distancia con el PSOE durante el debate sobre la nación.

Fuentes parlamentarias populares indican a El Independiente que ni Génova ni la portavoz del Grupo, Cuca Gamarra, les ha trasladado el sentido del voto a este decreto, algo que se producirá, "como de costumbre", dicen, en las horas previas al pleno de la tarde. Sin embargo, apuntan a que la postura, con cierta seguridad, "irá orientada" a la abstención. Diputados del PP lo atribuyen a la vereda "social" abierta por Sánchez y su batería de medidas de "corte populista". E indican que, si votasen 'no' en un momento como el actual y con la mayoría de escaños ya asegurada por Moncloa, transmitirían un efecto negativo en el votante más moderado o cercano al centroizquierda que estaría dispuesto a optar por Feijóo en las próximas generales.

Las medidas sociales anunciadas por el Gobierno hacen "muy difícil" al PP plantarse en el 'no' al decreto

En la sede nacional del partido, oficialmente declinan postularse con claridad al respecto, y centran la cuestión en que el Gobierno no les ha contactado para sentarse a negociar. También descartan que lo vayan a hacer antes de la votación. "Lo único de lo que quieren hablar es de materia judicial", indican, aunque insisten en que lo hacen de manera impositiva y a través del clásico "el reparto de los jueces". Ya en privado, dentro de la dirección afirman que es "muy difícil" que acaben rechazándolo, porque el PSOE ha incorporado medidas como la bajada del IVA eléctrico del diez al cinco porciento, dicen, y quiere retratarlos junto a Vox como un partido que intenta "boicotear" las ayudas a la población. Algo que, después de la llamada a intensificar lazos hecha por Santiago Abascal podría perjudicar a esa faceta moderada. De igual modo, tampoco pueden aprobarlo sin más, después de la desatención.

El PP si negará el respaldo a la ley de Memoria Democrática y a la modificación judicial que permitirá renovar de forma parcial el Tribunal Constitucional, de mayoría conservadora con siete de doce miembros. Eso inclinará la balanza hacia un predominio de magistrados progresistas: dos serán designados por el Gobierno -los últimos los eligió el Ejecutivo Rajoy entre 2013 y 2014- y otros dos serán cambiados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que, hasta el momento se le impedía.

Una brecha insalvable

Los populares ya han anunciado que, una vez en Moncloa, derogarán el pacto en Memoria alcanzado con la izquierda abertzale, porque se trata de "un episodio indigno de nuestra democracia". Así lo ha asegurado este fin de semana el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la conmemoración del vigésimo quinto aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, a quien le "repugna" que sea EH Bildu quien "dicte al Gobierno los términos de la memoria democrática". Contando con esta negativa del primer partido de la oposición, sin embargo, Sánchez podrá sacar adelante la nueva legislación que busca completar la emprendida por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en aras de "la reparación a las víctimas".

La aprobación de la reforma, para el PP, supondrá el fin de las negociaciones para renovar el CGPJ, pese a la exigencia de la UE

Tampoco costará al Ejecutivo aprobar el desbloqueo de la elección en el órgano de los jueces. Así ha quedado comprobado a última hora de la tarde en las Cortes, tras la toma en consideración de la propuesta: 176 'sies' -PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y EH Bildu-, 145 votos en contra -PP, Vox y Cs- y ocho abstenciones. Todo, pese al aviso del PP de que, de dar ese paso, se producirá una brecha insalvable en el diálogo de renovación del CGPJ sin retorno. Unas conversaciones que los populares, por su parte, quieren orientar hacia las exigencias de reforma del sistema de designación de la Comisión Europea: independencia y que sean los jueces quienes elijan a los jueces.

Propuestas en consideración al Gobierno

Mientras que los socios de Sánchez han propuesto a Moncloa tener en consideración nacionalizar hidroeléctricas y suprimir la asignación tributaria a la Iglesia, el PP ha hecho distintas sugerencias en la línea de su argumentario de partido. En materia educativa abogan por la libertad de elección de centro y la enseñanza "de calidad" y común en todo el territorio nacional. Una de sus grandes apuestas en política social es la retirada del término 'disminuido' del art. 49 de la Constitución y su sustitución por "discapacitado", o la legislación anti ocupación. En Defensa, apuestan por un pacto de Estado de Seguridad, fortalecer las relaciones con EE.UU. con dedicación en la base de Rota y aprobar una ley de financiación plurianual que ayude a alcanzar el objetivo del 2% del PIB destinado a gasto militar.

Tras la denuncia de los populares por la "intervención" de Sánchez en organismos como el CIS o el INE, el partido propone una normativa que refuerce la "independencia institucional". En respuesta a la "ley Bildu", como la denominan en Génova, se apela a una defensa férrea de la Transición, a la defensa de las víctimas de ETA y a la persecución del terrorismo yihadista. Y, para combatir la inflación, insisten en la deflactación del IRPF y la rebaja del gasto público improductivo. También en la necesidad de fomentar la energía nuclear para garantizar el suministro en España y vertebrar el país fomentando el transporte público.