El Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado convalidar este martes el real decreto de medidas urgentes contra la crisis derivada de la guerra en Ucrania y para paliar la inflación. Lo ha hecho con la abstención del PP, después de que, como adelantó El Independiente, Génova haya estado meditando el posicionamiento a este nuevo documento durante dos semanas. Al mismo, se han sumado socios de investidura como el PNV, EH Bildu, Más País-Compromís, el PDeCAT y partidos menores integrados en el grupo mixto como el Partido Regionalista Cántabro (PRC) o Teruel Existe. Frente a una mayoría de 179 'síes', Vox y Cs, por el contrario, han rechazado con, entre otros, los exdiputados de la UPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero. El balance final es de 49 'noes' y 104 abstenciones.

Los populares de Alberto Núñez Feijóo han virado de la negativa a esta posición. Todo, pese a que Moncloa no ha atendido a sus demandas desde que a mitad de abril Génova remitiese un plan económico al Gobierno. Un documento con diversas medidas como deflactar el IRPF a las rentas menores de 40.000 euros anuales, reducir el gasto público superfluo, rediseñar y mejorar el reparto de los fondos europeos y reducir del diez al cinco porciento el IVA de la electricidad y los combustibles. Únicamente, y sin reconocer autoría de la propuesta, Pedro Sánchez y su Consejo de ministros han incorporado esta última propuesta para la factura de la luz.

Jaime de Olano, coordinador de Economía del Grupo del PP, ha sido el encargado, como en la anterior ocasión, de defender la postura de los populares desde la tribuna de oradores. Pese al sentido del voto, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno desista de una política económica "errática" y se deje ayudar, instándole a aceptar el apoyo del partido de la oposición y a adoptar su propuesta anticrisis. De Olano ha hecho hincapié en la escalada de los precios y la inflación, así como en el gasto superfluo de la administración, lo que convierte a España en "la democracia más cara de Europa".

Fuentes del PP han trasladado a este medio que el cambio de postura se produce por la "rectificación" del Ejecutivo. Pese a que es "un plan insuficiente e incompleto" por que "carece de medidas específicas para las clases medidas" y "persiste" en no reducir el gasto de la Administración, la adopción de la bajada del IVA de la electricidad, así como las ayudas directas, han sido determinante para ello.

Durante el debate previo a la aprobación, la líder de la izquierda abertzale en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurúa, ha valorado positivamente el decreto, pero considera que no es suficiente. "Ha mejorado, pero sigue siendo insuficiente porque no se están adoptando medidas estructurales como establecer el tope de la energía" o la intervención del mercado "de una vez", ha indicado. Precisamente, en su intervención, Aizpurúa ha considerado que "es notorio" que la rebaja del gravamen a la energía eléctrica, como respalda el PP en su plan, "no ha conseguido bajar el precio" de la misma. Y, tras ello, ha alentado hacia cambios más profundos en favor de "la clase trabajadora".

ERC vuelve a la mayoría de la investidura con su 'sí' al decreto

El decreto anticrisis, que fue aprobado por el Gobierno el 25 de junio, se prolongará hasta finales de diciembre tras recibir la confirmación de la mayoría de la cámara. La gran sorpresa la ha dado ERC, que ha pasado del no al anterior decreto anticrisis, en plena polémica por el caso del espionaje a dirigentes independentistas, a apoyar el actual texto en lo que se puede considerar un regreso de los independentistas republicanos a la llamada mayoría de la investidura. De este modo, el Gobierno no sólo supera las cuatro votaciones de este jueves sino que suma más apoyos que al anterior decreto del mes de abril, cuando lo sacó adelante con 176 votos a favor frente a 172 en contra.

Lo cierto es que Moncloa contaba con la abstención del PP y un acercamiento de ERC a pesar del tono del debate del pasado martes, cuando el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sacó tres balas de la frontera de Melilla, ironizó con que Sánchez se había levantado de “izquierdas” y calificó de “rácanas” las medidas económicas del Gobierno.

Podría interpretarse que a Rufián le hicieron mella las palabras del jefe del Ejecutivo cuando le pidió que militara “en la utilidad”, pero probablemente tiene mucho más que ver con la entrevista que protagonizan mañana en Moncloa el propio Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con el que se pretende superar la enésima crisis con ERC.

Luz verde a la ley de Memoria y a la reforma del CGPJ

Bildu también ha sido determinante para refrendar la nueva ley de Memoria Democrática, que ahora pasará por el Senado para su refrendación. Un trámite previo a su publicación en el BOE que será ágil. A parte de los socios de gobierno y la formación independentista vasca, la han apoyado el PNV y grupos minoritarios. 166 'síes', 153 'noes' y 14 abstenciones de 333 diputados presentes.

Durante el debate previo del asunto, el bloque de partidos de derecha ha criticado duramente, como viene reiterando durante las últimas semanas, que en las casi cincuenta páginas del texto no se mencione a ETA o a sus víctimas. Es el caso del PP, que en pleno XXV aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista, ha catalogado de "repugnante" la medida. "O se está con las víctimas, o contra ellas", ha afirmado el diputado Jaime Miguel Mateu. Vox, por su parte, ha abogado por una ley consensuada que no "imponga" una versión de la historia "a nadie": "los historiadores tienen derecho a disentir", ha aseverado el portavoz Iván Espinosa de los Monteros. Y, en palabras de Cs, del diputado Guillermo Díaz, la ley "utiliza la memoria de los muertos en beneficio de los intereses políticos de los vivos".

Tampoco agrada a PP, Cs o Vox la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que enmienda el impedimento para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe magistrados, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. Esta triada de formaciones respaldan la postura de la Comisión Europea de garantizar la independencia judicial y que sea el propio órgano judicial, así como una mayoría cameral, quien haga los nombramientos. Para los populares, a quienes el PSOE recrimina desobedecer el mandato de desbloqueo inmediato desde Bruselas- acusan al Gobierno de querer "parasitar el Tribunal Constitucional" con esta reforma. En este caso, la reforma ha salido adelante con 180 votos a favor, 146 en contra y siete abstenciones.