El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, tendrá que investigar si el grupo Prisa y miembros del PSOE encargaron a la empresa privada del comisario de la Policía Nacional ahora investigado que espiara al entonces juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño para apartarle del caso Sogecable.

La Sala de lo Penal, en una resolución del pasado 8 de julio consultada por El Independiente, ordena al instructor de Tándem dar a Gómez de Liaño la condición de perjudicado al ver indicios de que el grupo mediático Prisa encargó a Villarejo espiar al juez que en aquél momento investigaba una supuesta estafa del Grupo Sogecable, perteneciente al conglomerado mediático, por idear un sistema mediante el que se apropiaba de las fianzas abonadas por los abonados de Canal Plus para la instalación del paquete de televisión privada en domicilios.

Villarejo presentó la denuncia cuando aún estaba en prisión preventiva. En ésta, que llevó a los Juzgados de Plaza de Castilla, expuso como ejemplo de que, según sostiene, realizó trabajos secretos para gobiernos de distinto color, que el expresidente del Gobierno Felipe González estaba interesado en apartar al juez Gómez de Liaño del caso Sogecable y para ello envió al dirigente socialista vasco fallecido, Txiki Benegas, a varias reuniones a las que acudieron el directivo de Prisa Antonio Navalón y los abogados Horacio Oliva y Matías Cortés.

En 1999, Gómez de Liaño fue condenado por prevaricación en el Tribunal Supremo e inhabilitado durante 15 años. En 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que el tribunal que le juzgó no fue imparcial.

Microcintas en su domicilio

El perjudicado denuncia, basándose en el escrito que presentó el propio Villarejo, que entre las gestiones que se encomendaron al comisario estaban, además de conocer aspectos del entorno personal y familiar del juez, el pago de 200.000 dólares estadounidenses en un banco argentino al magistrado Enrique Bacigalupo, miembro del Tribunal que finalmente le condenó por prevaricación.

En la denuncia presentada por Villarejo, consultada por este diario, el policía afirmó que se le encargó "facilitar pagos del Sr. Navalón" tanto en efectivo como "transferido, al Sr. Gacipalugo, desde una cuenta del Sr. Navalón, de un banco de Zúrich, creo recordar que se llamaba Europeo Bank que compartía con un socio suyo el Sr. Selva".

Villarejo asegura que realizó grabaciones de dichas reuniones y que éstas se encuentran en una caja fuerte de su domicilio en Boadilla del Monte que fue registrado cuando se le detuvo en 2017.

La Fiscalía considera que el encargo que dice haber recibido el comisario "parece constituir uno más de los proyectos de gestión de crisis encargados por clientes particulares cuando se encontraba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía" y que aunque los delitos de cohecho que se podrían haber dado estarían prescritos, no ocurriría lo mismo con el delito de organización criminal ni con las conductas que podrían ser constitutivas de un delito de blanqueo que continuaría hoy pudiéndose investigar.

Una vez que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, con la opinión favorable de la Fiscalía, ha dado a Gómez de Liaño la razón a la hora de que debe ser perjudicado en la causa, quiere despejar "la verdad de lo ocurrido, si hubo una corrupción terrible entre un grupo empresarial mediático y unos magistrados". Yo estaba convencido de que no había razones justas para apartarme, sino espurias", traslada en conversación con este diario.