Una modificación del Código Penal para rebajar las penas previstas en el delito de sedición, recogido entre los delitos contra el orden público y penado con hasta 15 años de prisión, beneficiaría al expresidente catalán Carles Puigdemont en caso de que Bélgica acepte finalmente entregarle a España como reclama el instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Procesado por sedición y malversación, mismos delitos por los que el vicepresidente de su Gobierno Oriol Junqueras fue juzgado y condenado a 13 años de prisión, Puigdemont se encuentra en Bélgica en situación de rebeldía.

Este jueves, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Jean Richard de la Tour ha acercado un paso su entrega a la Justicia española puesto que ha concluido que Bélgica no puede negarse a responder a la orden europea de detención cursada por un juez español por posible vulneración de derechos fundamentales salvo que se justifiquen "deficiencias sistémicas" del Estado de Derecho del país emisor. La decisión de los abogados generales suele verse respaldada posteriormente en sentencia por los magistrados del TJUE, de ahí que el posicionamiento del abogado general se haya interpretado como un paso adelante en la apertura del camino para la entrega del expresidente catalán.

Prisión provisional y juicio

En caso de que la sentencia vaya en el mismo sentido, Llarena emita una nueva orden de detención europea -a lo que no se ha opuesto De la Tour- y Bélgica acepte entregar a Puigdemont, éste se vería beneficiado de una rebaja de las penas del delito de sedición en el Código Penal.

Cuando el Gobierno indultó a los líderes del procés condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el PSOE aparcó su propuesta de reforma del delito de sedición que impulsó el ministro de Justicia Juan Carlos Campo. Sin embargo, según publicó Eldiario.es el pasado 1 de junio, el Ejecutivo tiene la intención de la iniciativa legal y hacerlo por medio de una reforma exprés. Si la ley se modifica antes de que Puigdemont sea entregado a España, en una condena se le tendría que aplicar la legislación más favorable.

Según explican fuentes fiscales a El Independiente, en caso de que el expresidente catalán fuera entregado a España lo lógico sería que se pidiera para él una condena similar a la de Junqueras (13 años de prisión por los delitos de sedición y malversación), o incluso algo mayor por tratarse del presidente del Govern que impulsó el proceso independentista y la consulta ilegal del 1 de octubre.

Antes de someterse a juicio ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, si es entregado por Bélgica Puigdemont iría con mucha probabilidad a prisión preventiva hasta la fecha del inicio de las vistas puesto que ya se marchó de España en octubre de 2017, una vez supo que la Fiscalía se querellaría contra él.