Entre la amnistía y la autodeterminación que exige al Gobierno central el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, hay un camino intermedio que puede ayudar a engrasar las relaciones entre ambas administraciones y la mesa de diálogo bilateral. Fuentes republicanas independentistas asumen que sus dos máximas son complicadas de aceptar por Pedro Sánchez, pero no así "que actúe a través de la Fiscalía para mejorar la situación de las decenas de cargos y cuadros que tenemos imputados".

ERC entiende que se trata de gestos "de buena voluntad" respecto a la disposición de Moncloa de "normalizar" las relaciones con Cataluña. Un "camino intermedio" -esgrimen- que, de hecho, ya se trasladó hace meses al Ejecutivo central antes de que estallara el caso Pegasus y que Aragonès volverá a recordar a Sánchez en la reunión que mantienen hoy en Madrid con la que intentar cerrar la crisis del espionaje.

A esa cita se le puso fecha en el curso del encuentro que el pasado viernes mantuvo en Barcelona el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con su homóloga de la Generalitat, Laura Vilagrà. Ambos pactaron un "Acuerdo marco para el diálogo y la negociación" en el que decían apostar por la "superación de la judicialización, garantizando la seguridad jurídica".

Los dos gobiernos, rezaba el texto, "se comprometen a contribuir al fin de la judicialización del conflicto político, dado que incrementa la polarización de posiciones y dificulta la búsqueda de soluciones (...) Se comprometen, además, con los derechos fundamentales de las personas identificadas con cada proyecto y rechazan la persecución o criminalización de las diferentes opciones políticas".

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La "superación de la judicialización" va mucho más allá de los indultos "por razón de utilidad pública" que el Consejo de Ministros concedió el 22 de junio de 2021 al ex vicepresident Oriol Junqueras; a la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell; a los ex consellers Dolors Bassa, Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull, y a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (ex líderes de ANC y Òmnium Cultural), condenados por el Tribunal Supremo a penas de prisión e inhabilitación tras el juicio del procés. El independentismo siempre ha valorado la medida de gracia como un paso "insuficiente e incompleto". 

Giro de la Fiscalía en el Tribunal de Cuentas

También va mucho más allá de resolver los conflictos políticos y competenciales antes de acudir al Constitucional para reducir la litigiosidad y la suspensión de las medidas hasta que el tribunal de garantías decida. Atañe, dicen en ERC, a todas las causas abiertas con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia, así como las que se instruyen en el Tribunal de Cuentas.

De hecho, esta misma semana se conocía el cambio de criterio de la Fiscalía para admitir el aval presentado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y devolver a ERC los 2,1 millones que depositó como fianza por el presunto desvío de fondos para promover el procés en el ámbito internacional. La decisión fue recibida con satisfacción por el entorno de Oriol Junqueras y, aunque desde el Gobierno de coalición insisten en que el Ministerio Público "es autónomo", éste es el tipo de "gestos" que aprecian en el Palacio de la Generalitat.

Este otoño van a juicio Josep María Jové -ex número dos de Junqueras en su etapa como consejero de Economía y Hacienda- y el ex secretario de Hacienda Lluis Salvadó, a los que ERC quiere salvar de entrar en prisión y para los que piden 10 años de cárcel. También está imputada la actual consejera de Cultura, Natalia Garriga, por la organización del 1-O, además de otros 27 ex cargos del gobierno autonómico. Pero también "tenemos decenas de militantes encausados" para los que Aragonès quiere una solución más pronto que tarde.

"Yo no sé qué Pedro Sánchez voy a encontrarme este viernes en La Moncloa, lo que sí sé es que el presidente de la Generalitat defenderá el derecho a la autodeterminación y la amnistía para acabar con la represión", mantuvo el jefe del Ejecutivo catalán el pasado lunes en declaraciones realizadas al programa Más de uno de Onda Cero. Esa misma demanda es la que Aragonès ya le planteó al presidente del Gobierno en la reunión mantenida en junio del pasado año, seis días después de la concesión de la medida de gracia.

Aragonès defiende que la reunión de este viernes debe ser un "punto de inflexión" para avanzar en el "proceso de negociación"

La víspera de que el Consejo de Ministros otorgara los indultos a los secesionistas catalanes, los partidos independentistas y las organizaciones Òmnium Cultural y Amnistia i Llibertat depositaron más de 200.000 firmas en el Congreso de los Diputados para reclamar una ley de amnistía. La entrega se producía tres meses después de que la Cámara Baja -con los votos de PSOE, PP y Vox y el aval de los servicios jurídicos de la institución- hubiera vetado la tramitación de una proposición de ley presentada por ERC, JxCat, PDCat y la CUP por ser inconstitucional.

La amnistía es el camino que defiende el independentismo para que algunos de los líderes condenados por el procés puedan volver a ocupar cargos públicos. En el caso de Junqueras, el Supremo le impuso 13 años de prisión por un delito de sedición en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos, perdonándosele la pena que le quedaba pendiente con el indulto. No así los 13 años de inhabilitación absoluta que le impuso el alto tribunal y que no quedará extinguida hasta el 5 de julio de 2031, cuando el ex número dos de la Generalitat tendrá 62 años.

De igual forma, esa amnistía sería la única posibilidad para que Carles Puigdemont -prófugo de la justicia desde el 2 de noviembre de 2017, cuando no se presentó a declarar en calidad de investigado en la Audiencia Nacional tras la querella interpuesta por la Fiscalía- pudiera regresar a España sin ser enjuiciado por su responsabilidad en la preparación del proceso separatista, hechos por los que compañeros de gabinete ingresaron en prisión.

"Ola de represión"

En la citada entrevista radiofónica, Aragonès calificó de "importante" la cita que tiene este viernes en La Moncloa, que -a su juicio- debe marcar "un punto de inflexión para avanzar decididamente en el proceso de negociación para la resolución del conflicto político". El president eludió desvelar qué propuestas concretas pondría encima de la mesa de Sánchez para evitar que puedan malograrse: "Estamos ante una negociación muy compleja. Venimos de un 2017 que provocó el encarcelamiento del Govern de la Generalitat o el exilio de otra parte de él, una ola de represión que se ha extendido a muchos altos cargos del Govern de Cataluña simplemente por el hecho de haber organizado el referéndum del 1-O y, por tanto, debemos acabar con esta represión para poder tener una negociación en igualdad de armas".

Con la confianza "absolutamente mermada" en el Gobierno de la nación tras el episodio del caso Pegasus, lo que le llevó a principios de mes a presentar una querella en los juzgados de Barcelona contra la ex directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban y la empresa israelí que comercializa el programa espía (NSO Group), Pere Aragonès viaja este viernes a Madrid con la intención de que se impulse el proceso de negociación a fin de que haya "resultados concretos" en los próximos meses.

Una de las incógnitas por despejar es si el Gobierno retomará el proyecto de reforma del Código Penal para revisar los delitos de sedición y rebelión, como defendió Pedro Sánchez en 2020 y en lo que trabajó el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo cuando se tramitaban los indultos a los cabecillas independentistas. Esa modificación no se ha incluido en el Plan Anual Normativo 2022 porque la prioridad para el Ejecutivo este año es la recuperación y el crecimiento económicos y en el avance de derechos y libertades.