El jefe del Ejecutivo y el presidente de la Generalitat, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, respectivamente, han acordado en su reunión de hoy volver a reunir la mesa bilateral de diálogo y negociación a finales de julio en Madrid, a pesar de la intención de Moncloa de congelarla a falta de acuerdos concretos que llevar a la misma, señalaban fuentes gubernamentales esta misma semana.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que ha comparecido al término de una cita que ha durado poco más de hora y media, ha explicado que el objetivo de la mesa, en la que no estarán los dos presidentes, es que "ha de ser representativa de una mayoría amplia y transversal, por lo que sería deseable que formaran parte de la misma los partidos que conforman ambos ejecutivos", lo que supone una invitación a que Junts se sume.

Buena parte de la cita se ha centrado en la situación económica y la inversión de los fondos europeos en Cataluña, así como en las infraestructuras y su ejecución. "El diálogo es la herramienta", ha dicho la ministra, quien ha subrayado que nunca se ha dejado "de avanzar y de dialogar" para llevar propuestas a la mesa. "Son muchos los temas trabajados entre los distintos departamentos ministeriales, ahora vamos a determinar la agenda de trabajo. Tenemos temas avanzados", ha agregado sin más concreciones a preguntas de los informadores.

Moncloa asegura que no se ha tratado la situación de Puigdemont

Además, ha asegurado que no se ha tratado en la cita la nueva situación de Carles Puigdemont, una vez que el abogado general europeo ha dado la razón a España sobre su extradición. Precisamente, sobre este asunto, Pere Argonès ha explicado que "he expresado siempre mi máximo respeto por las personas represaliadas. Por eso en nombre de Puigdemont, habla él, yo no lo haré. Siempre he trabajado en la línea que él ha dicho de que nadie va en su nombre a negociar su situación concreta. Respeto su posición y no hay nada más que decir". En todo caso se ha hablado del "fin de la judicialización", de "revertir sus efectos" y "acabar con la criminalización".

El presidente de la Generalitat que, como es habitual, no ha comparecido en Moncloa sino en la librería Blanquerna, ha diferenciado entre la mesa de diálogo y la de transferencias. "Son ámbitos diferentes" ha puntualizado. Y sobre las cuestiones que llevarán a la convocatoria de la última semana de julio se ha limitado a indicar que existe la "voluntad de llegar a acuerdos concretos", pero ha apelado a la discreción.

La normalización se producirá, ha dicho si se avanza en la solución del "problema político y la represión, así como que Cataluña pueda decidir su futuro", pero ha admitido que se está muy lejos de ese escenario.

La de hoy es la segunda reunión entre ambos desde el pasado mes de septiembre. Pero si aquella estaba vinculada a la reunión de la mesa bilateral de diálogo esta fue producto del estallido del "caso Pegasus". La cuestión se ha abordado en la reunión, aunque Rodríguez no ha profundizado más en ella.

Insiste Aragonés que el "caso Pegasus" "no se soluciona con el cese de la responsable del CNI"

En cambio, Aragonès ha señalado que el caso del espionaje no se resuelve "con el cese de la responsable del CNI", aunque sí ha valorado "el compromiso del Gobierno de colaborar con la justicia en los procesos judiciales en marcha". Además ha dfendido que "acabar con la criminalización es imprescindible. La idea es abordar la desjudicialización para que haya acuerdos parciales".

Aragonès entendió que la penúltima crisis sólo cabía resolverla "al más ato nivel", aunque el Ejecutivo central no dejó de hacer gestos como denunciar que el propio presidente del Gobierno además de los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, habían sido espiados; ofrecer en sacrificio la cabeza de la entonces responsable del CNI, Paz Esteban; anunciar el reforzamiento de los controles judiciales del centro de inteligencia y, por último, derogar la ley de secretos oficiales por otra de información clasificada cuyo anteproyecto pasará este mes por el Consejo de ministros.

El caso del espionaje envenenó las relaciones entre ambos ejecutivos, pero no lo suficiente como para que ERC quisiera poner en cuestión la continuidad de Pedro Sánchez. Eso sí, en al última reunión entre Félix Bolaños y Laura Vilagrà se explicitó en el último punto del acuerdo marco para el diálogo y la negociación que la actuación de las instituciones "garantizará en todo momento los derechos fundamentales, la privacidad y la libertad política e ideológica de todas las personas que se identifican con las posiciones políticas y democráticas presente en Cataluña, rechazando actos, decisiones o mecanismos ilegítimos que vulneren dichos derechos por la mera adscripción a una ideología o visión territorial".