La exdiputada de CUP en el Parlamento de Cataluña, Anna Gabriel, que llevaba en Suiza desde febrero de 2018, se ha presentado este martes en el Tribunal Supremo para regularizar su situación y el magistrado Pablo Llarena ha decidido dejarla en libertad provisional y citarla a declarar próximamente.

Declarada en rebeldía el 9 de julio de 2018, Gabriel ha comparecido ante el alto tribunal con el objetivo de regularizar su situación, según ha confirmado la CUP. En un comunicado, el partido ha explicado que Gabriel se ha limitado a comparecer ante la secretaria general y próximamente será citada a declarar como imputada por el delito de desobediencia.

Gabriel ha regresado este mismo martes a Suiza, "dada su responsabilidad" como secretaria general del sindicato UNIA en el cantón de Ginebra, donde seguirá residiendo a partir de ahora, ha asegurado. "Tras cuatro años y medio de exilio, hoy se produce un paso procesal necesario para recuperar la libertad de movimientos" ha afirmado la ex dirigente de la CUP.

La exdiputada catalana fue investigada como presunta autora de un delito de desobediencia por su participación en el proceso de independencia de Cataluña en 2017 y no existía contra ella ninguna orden internacional de detención dado que el delito no lleva aparejada pena de prisión, de modo que el magistrado la ha dejado en libertad. 

Líder sindical en Suiza

Tras su huida, Gabriel permaneció en un discreto ostracismo en Suiza, donde en 2018 consiguió el permiso de residencia y trabajo. Hace un año, la ex dirigente antisistema fue escogida secretaria regional de uno de los mayores sindicatos suizos.

Gabriel era portavoz parlamentaria de la CUP en otoño de 2017, cuando los antisistema eran parte integrante de la mayoría parlamentaria que impuso las leyes de ruptura el 6 y 7 de septiembre, en las que se amparó el Govern de Carles Puigdemont para convocar el referéndum ilegal del 1-O.

Sin euroorden pendiente

El instructor del procés incluyó a la ex diputada de la CUP en el grupo de investigados por su papel de liderazgo en la celebración del referéndum y posterior declaración unilateral de independencia. Pero en el caso de Gabriel la única imputación era la de desobediencia, lejos de las graves causas contra Puigdemont, Toni Comin o Lluís Puig, quienes como miembros del Govern ejecutaron con diversos niveles la responsabilidad el plan independentista desde el gobierno autonómico.

De hecho, el juez Llarena ya renunció en 2018 a incluirla en las euroordenes cursadas contra Puigdemont, Comin, Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira.

Lo que no significa que Llarena renunciara a procesarla. En 2020, la defensa de Gabriel reclamó el traspaso de su caso a los juzgados de Barcelona, alegando que ya no era aforada. Pero el instructor respondió con una negativa rotunda: "Anna Gabriel ha sido declarada en rebeldía y como tal se tiene que entregar a las autoridades competentes, a manos de la Policía Nacional o la Guardia Civil, y ser trasladada al TS para declarar ante el juez instructor".

Solo en ese momento "se podrá proseguir la causa contra ella y valorar entonces la responsabilidad criminal que pueda derivarse de una eventual actuación delictiva de naturaleza pública" advirtió entonces el instructor.

El caso Serret

Gabriel sigue así los pasos de la ex consejera de Agricultura Meritxell Serret. La ahora portavoz republicana en el Parlament huyó a Bélgica y se instaló en Bruselas junto a Puigdemont, Comin y Puig. Aunque la relación se enfrió con el núcleo duro del "exilio" de Waterloo.

En marzo de 2021 Serret se personó ante el Tribunal Supremo, en un regreso pactado por su defensa con el instructor Llarena, del que no tenían conocimiento el resto de fugados en Bruselas. Un mes después, la ex consejera comparecía ante el juez Llarena, para afrontar la acusación de desobediencia y malversación de caudales públicos. A la espera del juicio oral, ejerce en la actualidad como número dos del Grupo de ERC en el Parlament.