El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha rechazado que el exjefe de ETA Miguel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza', declare por videoconferencia como investigado por su responsabilidad en el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular de Ermua Miguel Ángel Blanco por parte del comando Donosti.
En una providencia del pasado 15 de julio consultada por El Independiente, el instructor rechaza la petición de su abogado para declarar por videoconferencia y le obliga acudir al llamamiento judicial.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 citó como investigados por los presuntos delitos de secuestro terrorista y asesinato terrorista tanto a 'Mikel Antza' como a los otros dos miembros del comité ejecutivo de la banda terrorista José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri' y María Soledad Iparraguire, 'Anboto'.
En el caso de Kantauri, entregado a España por Francia, el juez tendrá que esperar a que la Justicia gala le permita ampliar los motivos de la entrega a la causa del concejal asesinado hace 25 años para poder tomarle declaración. La cita para escuchar a 'Anboto' y 'Antza', en caso de que no se acojan a su derecho a no declarar, es este jueves a partir de las 12 horas.
Dignidad y Justicia, Asociación Víctimas del Terrorismo y el Partido Popular son las acusaciones populares de la causa
Iparraguirre, que está en prisión, comparecerá por videoconferencia. 'Mikel Antza' está en libertad y tendrá que acudir una vez más a la Audiencia Nacional.
En la causa, además de la asociación Dignidad y Justicia que presentó la querella a partir de la que se inició la investigación, figuran como acusaciones populares la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Partido Popular. El fiscal Vicente González Mota y el instructor intentarán que los exjefes de ETA aclaren su participación y responsabilidad en los hechos. En los últimos juicios celebrados en la Audiencia Nacional, 'Anboto' ha ido reconociendo los relatos de la Fiscalía contra ella.
Pudieron impedir el secuestro
El pasado 8 de julio, el juez decidió dirigir el procedimiento contra los tres ex responsables de ETA. También consideró responsable de los hechos a Ignacio de Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería', aunque en su caso los delitos se consideran prescritos.
García-Castellón ve indicios de que, pese a no ser los ejecutores materiales del asesinato de Miguel Ángel Blanco, pudieron evitar el secuestro y la muerte del joven y no lo hicieron. El juez ve que tuvieron "una participación en comisión por omisión, atendida la posición de dominio que ostentaba el órgano ejecutivo de la organización terrorista con capacidad real durante las más de 48 horas en las que se prolongó el secuestro, para poder detenerlo, pudiendo deducir de la negativa a hacerlo una intención manifiesta en la producción del resultado".
Según el juez, los miembros del comité ejecutivo de ETA ostentaban suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización tanto como para haber podido tomar la decisión de que no se secuestrase a la víctima como para evitar el desenlace último del secuestro al haber podido dar al comando Donosti la orden expresa y concreta de ponerlo en libertad.
Pero, en el auto donde les imputó expuso que "pese a los múltiples llamamientos que, tras el secuestro de la víctima, se produjeron por parte de la gran mayoría de la sociedad civil española y de la clase política dirigente en ese momento, los miembros del Comité ejecutivo de ETA no realizaron ningún acto para que finalizara el secuestro (acción cometida por los integrantes del comando Donosti siguiendo sus directrices) ni la muerte de la víctima, evidenciando una voluntad inequívoca en la producción del resultado", resaltó.
"En ningún momento -añadió- intentaron evitar o impedir, pudiendo hacerlo, el asesinato. La acción terrorista que el comando Donosti ejecutó no pudo materializarse por su propia iniciativa, sino que lo realizó siguiendo las órdenes y con la autorización expresa de sus superiores, los integrantes del Comité ejecutivo de ETA", vio claro el instructor.
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