Mikel Antza, Mikel Albisu, Mikel Antza y Soledad Iparraguire, Anboto se han negado a declarar este jueves ante la Audiencia Nacional sobre el secuestro y asesinato del edil del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco hace 25 años, alegando uno que ya había sido condenado en Francia y la otra que el país galo no la había entregado por esta causa.

Tras su breve comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, todas las acusaciones, a excepción de la Fiscalía -Dignidad y Justicia, Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el PP- han pedido las mismas medidas cautelares para Antza: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijación de un domicilio.

Se trata de las mismas medidas que tiene ya impuestas en la causa en la que también se investiga desde hace unos meses a miembros de la excúpula de ETA por el asesinato del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez en 1995, si bien se pueden acordar en otra causa por si en una de ellas se le llegaran a retirar.

Antza, pareja sentimental de Anboto y que se encuentra en libertad desde 2019 tras cumplir condena en Francia por integración en organización terrorista, llegaba caminando hasta la Audiencia Nacional minutos antes de la hora de la citación. Ha llegado acompañado de abogados habituales de miembros de ETA como Amaia Izco, y también del diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, que no ha llegado a entrar en la sede del tribunal.

Las acusaciones no han podido por contra pedir medidas cautelares para Anboto, ya que ésta, que ha comparecido por videoconferencia desde la prisión en la que cumple múltiples condenas, al negarse a declarar, ha invocado el principio de especialidad por no haber sido entregada a España en 2019 por esta causa, recientemente reabierta también a raíz de una querella de la Asociación Dignidad y Justicia que, al igual que con Ordóñez, apunta a la responsabilidad de la dirección de ETA en esas fechas.

Se encuentra por tanto en la misma situación que el tercer exjefe etarra imputado por el secuestro y asesinato del joven edil: José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, respecto a quien el juez, en el auto en el que acordó estas imputaciones, optó por pedir a Francia que le permita ampliar los motivos por los que en su día fue devuelto a España y poder así interrogarle.

A la salida de la Audiencia Nacional, la abogada de ambos exjefes de ETA, Amaia Izco, ha calificado la causa de "atropello" y "situación excepcional" con un coste "social y político muy importante".

"Está fuera de cualquier tiempo porque si en otros tiempos se hacía con la excusa de la lucha contra ETA, en este momento solo se puede hacer por venganza y por ganar (...) esa batalla del relato que no consiguen ganar ni en lo político ni en lo social", ha criticado.

Vanessa De Santiago, abogada de Dignidad y Justicia, la asociación de víctimas que impulsó el procedimiento, ha elogiado, por su parte, que haya "jueces valientes" que "están dispuestos a investigar al comité ejecutivo" de ETA, dado que la decisión de cometer un atentado tan "deleznable" no dependía de los miembros de un comando, sino del comité ejecutivo "y como tal hay que investigar a sus integrantes".

La imputación de estos tres exjefes de ETA se produjo hace un par de semanas, tras recibir el juez, que ya instruyó esta causa hace 25 años, un informe de la Guardia Civil para determinar los miembros que integraban el Comité Ejecutivo de ETA (ZUBA) y su posible participación en el secuestro y asesinato del concejal de Ermua.

El informe señalaba a un cuarto miembro de esa cúpula etarra, José Ignacio Gracia Arregi, Iñaki de Rentería, que finalmente ha quedado fuera de esta causa por prescripción.

Las de Antza y Anboto, que declarará por videoconferencia desde prisión, han sido las primeras comparecencias de imputados que practica el juez desde que abrió el procedimiento.

Según la tesis de la Guardia Civil, los investigados, pese a no ser los ejecutores materiales, que ya fueron condenados, entre ellos Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, tuvieron "una participación en comisión por omisión, atendida la posición de dominio que ostentaba" dicho órgano "con capacidad real, durante las más de 48 horas en las que se prolongó el secuestro, para poder detenerlo".

"La acción terrorista que el comando Donosti ejecutó -dice el juez- no pudo materializarse por su propia iniciativa, sino que lo realizó siguiendo las órdenes y con la autorización expresa de sus superiores, los integrantes del Comité Ejecutivo" de ETA.