Hasta aquí. La asociación Vecinos y Anfitriones (ViA) de Barcelona ha decidido plantarse con el Ayuntamiento de Ada Colau y obviar el veto del consistorio al alquiler de habitaciones a turistas. Lo han anunciado este jueves, después de que el gobierno local anunciara que mantiene el veto a este tipo de alquileres pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anulara hace un mes la normativa autonómica que avalaba la prohibición del Ayuntamiento.

Los 350 socios de ViA han decidido "reactivar sus anuncios para compartir sus hogares en las plataformas digitales, a fin de intentar salvar lo que queda del verano". Recuerdan que apenas un día después de aprobarse la normativa autonómica de "hogares compartidos", en agosto de 2020, el Ayuntamiento suspendió la concesión de licencias.

Dos años después, la prohibición de facto sigue vigente en Barcelona, aunque el alquiler de habitaciones está permitido en el resto de Cataluña. Acusan al consistorio de "estigmatizarlos y tratarlos como ciudadanos de segunda clase". Un maltrato que se ha agudizado ahora con la campaña contra los alojamientos turísticos ilegales lanzada por el Ayuntamiento esta semana.

No a las habitaciones, sí a los pisos turísticos

Los vecinos denuncian además la incoherencia de la postura del consistorio, que asocia habitaciones y pisos turísticos, pero permite estos últimos, mientras ha vetado su actividad. Por ello, apuntan que la política del gobierno local "solo beneficia a los grandes propietarios y corporaciones" que son los principales responsables de los pisos turísticos.

En Barcelona hay 9.434 viviendas de uso turístico reguladas que se dedican 365 días al año al alquiler turístico. Pero el Ayuntamiento "pero prohíbe que las personas en su propio hogar puedan alquilar habitaciones por periodos inferiores a 31 días", lamentan.

En este contexto, denuncian que el ultimo plan de ordenamiento turístico de Barcelona (PEUAT) aprobado este año, mantiene de facto el veto al alquiler de habitaciones porque condiciona la concesión de licencias a la revocación de licencias de pisos turísticos. "Nadie va a renunciar a una licencia de piso turístico, y esos sí que no viven ahí" señala el portavoz de la asociación, Dylan Tarín.

Vacío legal

En su momento "celebramos la regulación de la Generalitat porque el vacío legal generaba inseguridad jurídica" explica Tarín. "Queremos regulación, pero no la prohibición total del Ayuntamiento" añade, apuntando que el PEUAT "es una prohibición encubierta".

Las 9.434 viviendas de uso turístico con licencia actuales representan un total de 57.698 plazas residenciales en la ciudad. Es decir, "plazas que se están extrayendo del mercado residencial", apuntan desde ViA. "Pero en cambio
no se permite ni una sola licencia para poder alquilar habitaciones de forma turística en residencias particulares" lo que supone una "incoherencia total incoherencia con el mensaje" del gobierno local.

Por ello, la asociación ha presentado una denuncia por discriminación, incitación al odio y estigmatización contra la número dos de Colau y regidora de Urbanismo, Janet Sanz Cid. Creen que la “Campaña contra el alojamiento turístico ilegal” puesta en marcha apenas hace unos días, en la que se han instalado camas en el centro de la ciudad, "es del todo discriminatoria, incita al odio y atenta contra la dignidad del colectivo de personas que alquilan habitaciones en sus propios hogares, desde el momento en que se asocia directamente a una cama y no a un establecimiento público".