El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha estimado durante el primer semestre del año un total de 297 reclamaciones formuladas contra la Administración General del Estado, una cifra que representa un crecimiento del 35,6 % en relación con el mismo periodo de 2021. Los ministerios del Interior, Sanidad y Hacienda han vuelto a copar las primeras posiciones.

Decenas de ciudadanos recurrieron al organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública después de que departamentos ministeriales y empresas y organismos estatales recurrieran al silencio administrativo, invocaran la protección de datos o esgrimieran algunas de las causas de inadmisión o límites al derecho de acceso para no facilitar la información que les habían requerido o proporcionarla de manera parcial.

A la vista de los pronunciamientos del CTBG, la decisión del Gobierno de no atender muchas de las peticiones carecía de justificación, lo que explica que hayan sido amparadas por el órgano garante. Con todo, la Administración General del Estado ha podido recurrir las resoluciones en contra ante los Juzgados de lo Contencioso-Administración de la Audiencia Nacional, un camino que ha seguido en diez ocasiones en lo que va de año (Sanidad, Derechos Sociales y Agenda 2030, Justicia y Cultura y Deporte dos veces cada uno, además de Hacienda y Función Pública y Asuntos Económicos y Transformación Digital).

Por meses, ha sido junio (68) en el que el CTBG ha emitido más resoluciones estimatorias, seguido de marzo (59), mayo (56), abril (40) y enero y febrero con 37 cada una. Estos 297 expedientes incluyen los 75 que prosperaron por motivos formales, como haberse ofrecido la información fuera del plazo máximo de un mes -con posibilidad de ampliarse por idéntico margen en caso de peticiones voluminosas o complejas siempre que se fundamente de forma suficiente esa circunstancia- previsto en la Ley de transparencia. El CTBG viene haciendo esta distinción (estimadas y estimadas por motivos formales) desde que José Luis Rodríguez llegó a la presidencia del organismo a finales de 2020.

Interior, a la cabeza en opacidad

Desglosados los datos por ministerios, Interior es con diferencia contra el que se dirigieron más reclamaciones, lo que viene siendo una tónica semestre tras semestre. De enero a junio, Transparencia instó en 77 ocasiones al departamento que dirige Grande-Marlaska a facilitar la información que no había proporcionado cuando los ciudadanos se la requirieron al no apreciar razones que justificaran la reserva.

La entrada en España de Brahim Ghali, los gastos ocasionados por los directores generales de la Guardia Civil y Policía Nacional durante 2020, la vacunación contra la covid-19 a los agentes de ambos Cuerpos destinados en Cataluña, el ratio de opositores que superaron la nota de corte del examen psicotécnico en las oposiciones de la Policía, el número de efectivos que desempeñan funciones en la Casa del Rey, la colocación en Twitter de un distintivo del colectivo LGTBI junto al escudo de la Guardia Civil, datos sobre la entrada masiva de migrantes irregulares en Ceuta en mayo de 2021, el número de agentes sancionados, los funcionarios de Instituciones Penitenciarias que recibieron retribuciones por prolongación de jornada y las gratificaciones abonadas en 2020 fueron algunas de las cuestiones sobre las que se pidió información a Interior y este ministerio guardó silencio o invocó algún límite o causa de inadmisión para no facilitarla.

La mayor parte de las resoluciones emitidas durante el primer semestre de 2022 corresponde a reclamaciones planteadas durante el pasado ejercicio. La norma otorga al CTBG un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar, si bien el incremento de la carga de trabajo y la falta de personal están provocando que la autoridad administrativa tarde unos cinco meses en dictaminar.

Interior, Sanidad y Hacienda fueron los ministerios con más pronunciamientos en contra hasta junio

Interior no es sólo el ministerio que recibe más reveses del Consejo de Transparencia. También encabeza otro deshonroso escalafón: acumula 91 resoluciones firmes sin cumplir, según los datos publicados por el CTBG en su web. En concreto, 34 de 2021, 24 tanto de 2020 como de 2019, ocho de 2018 y una de 2017.

Tras el departamento de Grande-Marlaska aparece Sanidad (37) como el segundo ministerio que más resoluciones en contra recibió de Transparencia entre enero y junio. Gran parte de las demandas de información no satisfechas tenían que ver con la crisis de la covid-19: datos de contagio según pautas de vacunación, la contratación del servicio de asistencia técnica para el desarrollo evolutivo de modelos predictivos sobre la pandemia y el proceso de inmunización, cifras de reinfecciones o la documentación acreditativa de su solvencia requerida a las empresas a las que adjudicaron contratos.

A Sanidad también le requirieron información sobre otras cuestiones, como el número de partos registrados en España desde 2010, el número de viajeros que recurrió a la aplicación 'Spain Travel Health' o el registro anonimizado de pacientes a los que el sistema público de salud les ha recetado algún tipo de tranquilizante, ansiolítico u opioide durante la última década.

Hacienda y sus empresas públicas

Con 35, la tercera posición la ocupa el Ministerio de Hacienda y Función Pública, incluyendo las resoluciones correspondientes a peticiones de información dirigidas a la Agencia Tributaria, la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Radio Televisión Española (RTVE) y la Agencia EFE y cuyas respuestas no complacieron a los solicitantes.

Lejos de dar por buenos todos los pronunciamientos de Transparencia, Hacienda y Función Públicas es uno de los seis ministerios que durante el primer semestre ha recurrido a los tribunales. Ha sido a raíz de la petición formulada por un ciudadano relativa a la documentación en la que se sustenta la concesión de la ayuda de 475 millones de euros a la aerolínea Air Europa con cargo al fondo de solvencia con el que el Gobierno ha salido en auxilio de empresas estratégicas golpeadas por la pandemia.

Tras Interior, Sanidad y Hacienda figura la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno (17, más 12 del propio Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática). Muchas de las solicitudes de información dirigidas a este departamento trataban de conocer el coste, los acompañantes, la agenda y los acuerdos adoptados durante la gira económica que Pedro Sánchez llevó a cabo en Estados Unidos en julio de 2021.

Los viajes de Pedro Sánchez y la vacunación de los agentes en Cataluña, entre los temas que el Gobierno no contestó

Presidencia del Gobierno esgrimió algunos de los límites al derecho de acceso previstos en el artículo 14 de la Ley de transparencia para no proporcionar los datos que le habían requerido, concretamente la seguridad nacional y la garantía de la confidencialidad. También ha llegado a alegar que proporcionar los datos requeriría una acción previa de reelaboración e incluso que una parte de la información no obra en su poder y que otra tiene carácter auxiliar o de apoyo. Sobre el papel, ambas causas constituyen motivo de inadmisión.

Lejos de acoger estos argumentos, el Consejo de Transparencia ha concluido que no hay obstáculo alguno para que el Ejecutivo facilite el coste de dicha misión -"a poder ser desglosado por conceptos e incluyendo los vuelos de ida y vuelta", se lee en la resolución- puesto que la petición entronca con el espíritu de la Ley de transparencia: el escrutinio por parte de la sociedad de las decisiones que toman los responsables públicos y el manejo de los fondos.

Tampoco ha visto razones para que no se informe sobre el criterio seguido en la elección de las personas que le acompañaron en dicho desplazamiento oficial y las reuniones celebradas con motivo de esta gira. "No suscita duda alguna que las reuniones organizadas en el seno de un viaje presidencial al exterior se trata de eventos públicos que deben ser conocidos por la ciudadanía, dado que se engloban en la agenda de los representantes públicos", concluyó.

Justicia, Cultura, Transportes...

Las reclamaciones estimadas por el CTBG contra otras ministerios entre enero y junio de 2022 fueron las siguientes: Justicia, Cultura y Deporte y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 13 cada uno; Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, diez cada uno; Universidades, siete; Asuntos Económicos y Transformación Digital y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, seis cada uno; Agricultura, Pesca y Alimentación, cuatro; Educación y Formación Profesional y Transición Ecológica y Reto Demográfico, tres cada uno; Derechos Sociales y Agenda 2030, Igualdad y Defensa, dos cada uno, y una Ciencia e Innovación).

Todas suman 273. Las 24 restantes hasta alcanzar las citadas 297 corresponden a confederaciones hidrográficas y corporaciones de Derecho Público, como comunidades de regantes o el Instituto de Actuarios Españoles. También existe una resolución por una solicitud de información dirigida a la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte en relación con los controles antidopaje realizados desde 2011 y en la que se había invocado la protección de datos para no proporcionarla.