La proposición de ley socialista que se debatió en el Congreso el 14 de febrero de 2017 recibió una extraña unanimidad. Todos los Grupos de la Cámara votaron a favor de la toma en consideración de una reforma de la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, -norma que tiene la friolera de 152 años-, que perseguía, precisamente, prohibir la concesión de indultos en dos supuestos muy concretos: delitos de corrupción y de violencia de género.

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El Grupo Socialista propuso ante el registro de la Cámara Baja una proposición de ley -con fecha del 9 de septiembre de 2016- para modificar el artículo 3 de este centenario texto. "No procederá la concesión de indulto, total o parcial, cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero", decía literalmente.

El texto socialista hablaba de un "beneficio económico para sí o para un tercero"

Esto puede ser de aplicación para el ex presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán condenado a seis años de prisión por un delito de malversación continuada en el "caso ERE". La sentencia de la Audiencia de Sevilla ha sido ratificada por el Supremo, aunque a Griñán todavía le queda la vía del Tribunal Constitucional, ya confirmada por su abogado, y la del indulto gubernamental.

La toma en consideración de la proposición de Ley pasó por el Congreso del 14 de febrero del año siguiente y consiguió una inusual y abrumadora unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios. Pero era sólo eso, una toma en consideración que no siguió avanzando para convertirse en ley. Sin embargo, tanto PP como PSOE asumieron el principio de no conceder la medida de gracia ni a los condenados por corrupción ni por violencia de género, a la que también se aludía en el nuevo redactado del artículo 3.

La posición entonces del PSOE contrasta con las palabras de ayer de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que si bien alertó de la premura de hablar de la concesión de la medida de gracia a Griñán, en ningún momento cerró la puerta a la misma aunque contradiga la propia doctrina socialista. «Está lejano. Quedan muchas pantallas. Es un fallo del que ni siquiera conocemos los fundamentos jurídicos, la motivación y los votos particulares», dijo la ministra. 

El PSOE se aferra ahora a que "no hubo enriquecimiento personal ni financiación del partido"

Bien es cierto que el PSOE se aferra a dos ideas, a saber, no hubo enriquecimiento personal ni financiación ilícita del partido con los fondos destinados a ayudar a las empresas andaluzas en crisis. Pero el textual de su antigua proposición de ley especificaba "con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero". El entonces diputado Juan Carlos Campo, más tarde ministro de Justicia, defendió el principio de "tolerancia cero" con la corrupción y la violencia de género, delitos que generan "repugnancia" en la sociedad.

Ya en enero de 2019 la comisión de Justicia del Congreso estudió la reforma de la ley del indulto tras la toma en consideración de la propuesta socialista. La mayoría de los expertos juristas comparecientes cuestionaron se limitara la concesión de la medida de gracia a ningún tipo de delito. Hasta el abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, compareció a propuesta del PdeCat, en unos momentos en que tanto PP como Ciudadanos querían ampliar la prohibición a los condenados por rebelión y sedición.

La reforma quedó empantanada por lo que nada prohibiría al Gobierno de coalición indultar a Griñán una vez, eso sí, ingresara en prisión para cumplir la pena de seis años a la que le condenó el TSJ de Andalucía y ayer confirmó el Supremo.