La Generalitat ha fijado los "usos lingüísticos" para los centros educativos del próximo curso escolar, unas normas que fijan el catalán como lengua "no solo una lengua objeto de aprendizaje" sino "la lengua de la institución, y por tanto la lengua de uso habitual en todos los espacios del centro". Es la culminación del plan esbozado por el consejero Josep González Cambray el pasado otoño, tras dar a conocer un estudio según el cual había crecido el uso del castellano en las aulas catalanas.

Un proyecto amparado ahora legalmente por la nueva ley y decreto de usos lingüísticos aprobados en el Parlament para frenar la sentencia del 25% de castellano. El propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha reconocido que a la vista de esa nueva normativa no se puede aplicar la sentencia. Aunque también ha señalado los visos de inconstitucionalidad de esas normas, que impiden regular el uso efectivo del castellano como lengua vehicular.

Impugnación ante el TSJC

Con este nuevo marco legal, el Departamento ha dictado las órdenes para la gestión de los centros educativos durante el próximo curso 2022-23. Entre ellas, el "Proyecto educativo del centro" que incluye los parámetros para definir su Proyecto lingüístico y explicita que el catalán debe ser la lengua de uso tanto en el ámbito académico como en el resto de los espacios, desde el comedor a la comunicación con las familias o las extraescolares.

Un documento que ya ha sido impugnado por la Asociación por la Escuela Bilingüe (AEB) que solicita al TSJC que ordene al Departamento de Educación adoptar las medidas necesarias para que en el próximo curso "se incluya en los proyectos lingüísticos al castellano como lengua vehicular de enseñanza y de referencia (además del catalán, el aranés en el Valle de Arán y la lengua de signos catalana)".

Entre lo puntos impugnados, la AEB destaca la advertencia de que el catalán debe ser el vehículo de expresión utilizado normalmente tanto en las actividades internas como en las de proyección externa.

Conformar la ciudadanía catalana

Señala además la orden administrativa de la Generalitat que "los factores culturales y cívicos son impulsados por la voluntad de conformar una ciudadanía catalana identificada con una cultura común, en la cual la lengua catalana sea un factor bàsico de integración social".

Y omite el castellano en la enumeración de lenguas propias "que serán las normalmente usadas como lenguas vehiculares y de aprendizaje del sistema educativo". Una lista en la que incluye solo el catalán, aranés y lengua de signos catalana.

Por contra, desde la AEB reclaman de nuevo que el TSJC garantice que "al menos una asignatura, materia, área o actividad de carácter troncal o análogo (o la equivalente en el nuevo currículo) se deberá desarrollar en castellano". Piden además que en las pruebas de evaluación sea obligatorio ofrecer a los alumnos la posibilidad de realizar los ejercicios también en castellano con
el correspondiente material en esa lengua oficial.