Con la reunión este miércoles de la mesa de diálogo con la Generalitat Moncloa pretende pasar definitivamente página del enfrentamiento por el caso Pegasus y asegurarse el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado del año que viene. Aunque no va a ser este el contenido principal del encuentro que unirá en Madrid a sendas delegaciones del Gobierno central y autonómico, la consecuencia colateral a la que aspira el Ejecutivo de Sánchez es sacar adelante las cuentas del Estado con "las mismas o más posibilidades de apoyo que los Presupuestos de este año", subrayan fuentes de Hacienda.

Las actuales cuentas salieron adelante con 188 votos, una cifra más que holgada para un proyecto de ley que no necesita de mayorías absolutas sino simplemente más votos a favor que en contra. Y aunque para la vuelta de las vacaciones de verano todos los partidos se van a poner en modo elecciones, el Gobierno asegura sentirse "optimista". No creen que la proximidad de los comicios locales y autonómicos de mayo del año que viene tengan que dar al traste con los que serían los terceros presupuestos de la "era Sánchez".

Sánchez no necesita una nuevas cuentas pues la legislatura podría llegar a su fin con los actuales presupuestos

En puridad, la continuidad del Ejecutivo de coalición no depende de estas cuentas puesto que la legislatura podría llegar a su fin con los actuales presupuestos prorrogados.

Con la presentación este martes del techo de gasto arrancará, primero, la negociación con los socios, quizá siempre la más compleja y más este año en que se pretende un fuerte incremento presupuestario en Defensa, conforme al compromiso que asumió Sánchez en la cumbre de la OTAN que se celebró este mes de junio en Madrid. Después, Montero deberá bregarse con los representantes de los partidos nacionalistas e independentistas y el resto de formaciones de la izquierda del arco parlamentario. No se contempla ningún tipo de mayoría alternativa que pase por Ciudadanos o el PP.

Hacienda trabaja, de momento, con la convicción de que tendrá esos apoyos. No se ha planteado ni de lejos la hipótesis de tener que abortar la remisión del proyecto de Presupuestos al Congreso por falta de votos y antes de sufrir una dolorosa derrota parlamentaria.

De hecho, el Ministerio de María Jesús Montero ha pactado ya con ERC incrementar la tasa de referencia de objetivo de déficit de las Comunidades del 0,1 por ciento al 0,3, lo que da más margen de gasto a los distintos territorios. "Son pasos adelante", agregan los mismos medios consultados.

Moncloa y Generalitat acuden a su reunión de hoy con un preacuerdo por escrito

No cabe duda de que la intención de Moncloa es mimar especialmente a ERC y a la Generalitat. Ambos gobiernos han preparado un preacuerdo por escrito sobre el que trabajarán en la reunión de hoy las dos delegaciones. La del Gobierno central, presidida por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, estará además integrada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (en representación de Unidas Podemos), la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

Al frente de la delegación de Govern se sentará la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, junto a los consejeros de Empresa y Trabajo, Interior y Cultura, Roger Torrent, Joan Ignasi Elena y Natàlia Garriga, respectivamente. El gobierno central redujo su delegación tras la negativa de Junts de sumarse a un foro de diálogo que resulta fundamental para Pere Aragonès.

Otra cosa es lo que salga de esa reunión. Fuentes de Moncloa aseguran que de ninguna de la maneras habrá concesiones en torno a la amnistía y al derecho de autodeterminación, pero la reunión de esta mesa siempre se vinculó a acuerdos concretos. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, desechó ayer que la vía fuera la de la reforma del delito de sedición alegando falta de apoyos parlamentarios.

ERC también apunta hacia la derogación de la ley de seguridad ciudadana, popularmente conocida como ley mordaza, y hacia reforma de la capacidad sancionadora del Tribunal de Cuentas. Y aunque públicamente no se quiere reconocer, esperan de la abogacía del Estado y de la Fiscalía un cambio de posición para buscar una salida a la treintena de cargos que tienen imputados o procesados.