Una hora y cuarenta y cinco minutos ha durado la reunión de la mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, en la que se han acordado - "partiendo de posiciones políticas muy diferentes", ha admitido Félix Bolaños- dos acuerdos, uno para superar la judicialización de la política y otro para el impulso de la lengua catalana, que se alinea a las posiciones del ejecutivo catalán.

El acuerdo pasa por la protección e impulso del catalán y para ello "se fortalecerá su protección en la educación desde una perspectiva pedagógica, desde los derechos del alumnado, pleno dominio de ambos idiomas y autonomía de cada centro para reforzar una u otra en función de su entorno, sometida a control, evaluación y mejora constante". Todo ello en la misma línea de la ley que aprobó el Parlament con el apoyo del PSC, donde nada se decía respecto al cumplimiento del 25 por ciento de las asignaturas en castellano, tal y como estableció el TSJ de Cataluña.

Según ha explicado el ministro de la Presidencia en una comparecencia ante los periodistas al término de la reunión, se reconoce además "la diversidad lingüística de España como una riqueza y que sea fuente oportunidades y derechos de los ciudadanos". El catalán "es una lengua española y, por tanto, su impulso es obligación del Gobierno".

Revisión del reglamento del Senado

Incorporar la realidad lingüística a los proyectos normativos, es otro de los grandes enunciados del acuerdo de hoy. Se refuerza, además, el derecho de todos los ciudadanos a ser atendido en la lengua de su elección y de realizar su labor en todas las lenguas cooficiales. Es especialmente llamativo el compromiso de abordar reformas reglamentarias en las Cortes Generales "para ampliar el derecho de los representantes de los españoles a realizar su labor en todas las lenguas del Estado".

Ha sido reiterada le exigencia de los nacionalistas a usar sus lenguas cooficiales en el Congreso, algo que solo se puede hacer en el Senado pero sólo para las mociones en pleno. En este sentido, especifican que "empezarán" por impulsar la revisión del reglamento del Senado para ampliar ese derecho en la Cámara Alta.

Además, se incorporarán representantes de la Generalitat en foros donde se traten políticas lingüísticas, se asegurará la presencia de Catalunya y de las culturas catalana y aranesa en la Unesco y el Gobierno solicitará a la presidencia del Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno y a efectos del ejercicio del derecho de petición.

A juicio de Bolaños se "dejan atrás los bloques que parecían irreconciliables. Hoy abandonamos los monólogos y abrazamos el diálogo".

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En el capítulo de la desjudicialización, se trata de "hacer política con mayúsculas para abordar todos los problemas" sobre la base de unos principios, esto es, "la actividad política e institucional dentro del orden democrático vigente" con la mejora del marco normativo a través del diálogo y del acuerdo, y una segunda vía, por la que "se renuncia a acciones que saquen la política fuera del juego democrático", lo que podría traducirse en la voluntad de la Generalitat de no saltarse el marco legal tal y como hicieron los independentistas en 2017.

Para reforzar las garantías del diálogo es necesario "ser representativos de mayorías amplias y transversales de la sociedad catalana. Nunca más el enfrentamiento estéril", ha sentenciado Bolaños.

Respecto a la reforma del delito de sedición, ha vuelto, como hiciera Isabel Rodríguez este martes, a escudarse en la falta de mayoría parlamentaria suficiente para abordarla. "Nosotros estamos dispuestos a armonizar la legislación española con las mejores de la UE y hace falta una mayoría parlamentaria. Se tiene que construir sobre un acuerdo concreto que no se ha abordado. Necesitamos una mayoría parlamentaria que ahora no existe", ha insistido. Además ha negado que hayan abordado decisiones judiciales que afectan a personas concretas".

Bolaños apela a la falta de mayorías para reformar el delito de sedición

En la reunión se han sentado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. En representación del gobierno central. Por parye catalana estaban la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, junto a los consejeros de Empresa y Trabajo, Interior y Cultura, Roger Torrent, Joan Ignasi Elena y Natàlia Garriga, respectivamente