El Gobierno central y la Generalitat aprovecharán la lentitud del Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre una posible cuestión de inconstitucionalidad del decreto del Govern que impidió aplicar la sentencia que obliga a que un 25% de las clases de la comunidad sea en castellano para cumplir con el compromiso sobre la lengua a la que han llegado en la reunión de la mesa de diálogo este miércoles.

El tercer encuentro entre ambas partes para limar asperezas después de la polémica por las escuchas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a 18 líderes independentistas, entre ellos el presidente catalán Pere Aragonés, cuando Pedro Sánchez ya estaba al frente del Ejecutivo acabó con el compromiso del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, de mirar hacia otro lado respecto a la inaplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirmada por el Tribunal Supremo.

Es el primer paso de la "desjudicialización" que exige el Govern, al frente del que se encuentra Aragonés (Esquerra Republicana de Catalunya) para acercar posturas y que Sánchez cuente con el apoyo de dicho partido en el Congreso y sacar así adelante tanto reformas legales como los presupuestos con la mayoría que ha ido sacando adelante leyes durante esta legislatura.

La Generalitat aprobó una ley que no mencionaba nada de los porcentajes de la aplicación de una lengua u otra en los colegios catalanes. Después, el pasado 30 de mayo, justo un día antes de que acabara el plazo de 15 días que dio el TSJC para aplicar la citada sentencia -ya confirmada por el Supremo- el Ejecutivo catalán aprobó, tras un Consejo extraordinario, un decreto ley que fijaba la "inaplicación" de porcentajes concretos de lenguas en la enseñanza y reafirmaba el catalán como "lengua vehicular" en la educación pública y el castellano como "lengua curricular". Es decir, permitía la inaplicación de la sentencia y que los centros que siguen las directrices de la Generalitat continuaran dando todas las asignaturas en catalán salvo la de lengua castellana.

El TSJC duda de la constitucionalidad del decreto

El TSJC duda de la constitucionalidad de dicho decreto y así lo manifestó en una providencia en la que instó a la Fiscalía a pronunciarse al respecto. Después de recibir el pronunciamiento del Ministerio Público y del resto de partes personadas, los jueces catalanes decidirán si se dirigen al Alto Tribunal para presentar una cuestión de inconstitucionalidad.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ catalán consideraron en la citada providencia que "la promulgación del Decreto-Ley del Govern 6/22 y de la Ley del Parlament de Catalunya 8/22, determinan la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia dictada en estos autos, suscitándose dudas de inconstitucionalidad respecto de los citados textos con fuerza de ley". De ahí que abrieran la puerta a presentar una cuestión de inconstitucionalidad contra estos.

Ambas partes de la negociación cuentan a su favor con el final del periodo de sesiones del Tribunal Constitucional. Además, si el Alto Tribunal renueva al tercio que tiene previsto el próximo septiembre -lo que se conseguirá previsiblemente después de poner una fecha máxima al Consejo General del Poder Judicial para que nombre a los dos magistrados que le corresponde- cambiaría su mayoría conservadora por otra progresista. Un tribunal mayoritariamente progresista podría llegar a conclusiones muy distintas, y más favorables a los intereses del Gobierno socialista, que uno conservador sobre este asunto.