Gobierno y Generalitat se han comprometido a impulsar "antes de acabar el año reformas legislativas tomando como referente recomendaciones internacionales" y a garantizar el "impulso y protección" del catalán, según ha relatado la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, tras la reunión de la mesa de diálogo celebrada este miércoles en Moncloa. Unos acuerdos más acotados en el tiempo de lo que ha admitido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Si Bolaños ha puesto en sordina la reforma del delito de sedición, uno de los elementos claves en la agenda de "desjudicialización", Vilagrà se ha mostrado convencida de que se puede avanzar en ese punto.

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El texto acordado apunta que "cuando se alcancen acuerdos que requieran de alguna modificación legislativa concreta" se trasladará su impulso parlamentario a los grupos de los tres partidos -PSOE, ERC y Podemos-
en las Cortes. Y añade que ambas partes "manifiestan su voluntad de que dichas modificaciones legislativas sean aprobadas, en su caso, antes de finalizar el próximo periodo de sesiones".

La consejera se ha felicitado además porque "tenemos al Estado sentado en la mesa de negociación" y "lo hemos hecho hoy aquí de igual a igual". Una frase destinada a sus socios de gobierno de Junts, que una vez más se han negado a participar en la mesa.

Dos acuerdos

En la reunión de hoy, liderada por Bolaños y Vilagrà, han participado también la vicepresidenta Yolanda Díaz, la ministra de Administración Territorial, Isabel Rodríguez, y el titular de Cultura, Miquel Iceta por el Gobierno. Y el consejero de Empresa, Roger Torrent, el de Interior, Joan Ignasi Elena, y la de Cultura, Natalia Garriga. El objetivo era cerrar dos acuerdos, uno sobre la desjudicialización, otro sobre la protección del catalán.

"Son acuerdos parciales pero imprescindibles para la resolución del conflicto político" ha destacado Vilagrà. Respondía así a las críticas de Junts, que da por inútil la mesa de diálogo, y la CUP, que acusa a los republicanos de acudir a ese foro para "buscar salidas personales".

Reforma de la sedición

Vilagrà no ha querido concretar qué leyes se abordarán en el marco del "Acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías" pero ha dado por hecho que una de ellas será la reforma del delito de sedición. Los independentistas se apoyan para ello en el Informe Cilevics y los problemas de interpretación que han tenido las euroórdenes del Tribunal Supremo en este punto.

Preguntada sobre las reticencias de Bolaños, Vilagrà ha respondido contundente que "la mayoría (para la reforma del Código Penal) existe". La mayoría parlamentaria "estará cuando tengamos una propuesta acordada sobre la mesa" que permita una "armonización de la legislación penal con las democracias europeas".

Unas reformas que según Vilagrà "beneficiarán a toda la ciudadanía si se cambian leyes que limitan derechos fundamentales" y no solo a los dirigentes republicanos pendientes de juicio, como Meritxell Serret, Josep Maria Jové o Lluís Salvadó, además de la fugada Marta Rovira.

Seguridad jurídica

El acuerdo adoptado en la mesa de diálogo recoge además el compromiso "político e institucional con la seguridad jurídica, el ordenamiento y los principios democráticos". Un punto que cierra la puerta a nuevos intentos de "unilateralidad" como reclama una parte de Junts y la CUP.

Preguntada por este punto, Vilagrà ha insistido en que su objetivo último sigue siendo "el ejercicio del derecho de autodeterminación" pero ha obviado el compromiso de Esquerra con JxCat y la CUP para preparar "un nuevo envite" al Estado si la negociación no avanza. Un compromiso incorporado en el pacto de legislatura en Cataluña, que debería empezar a formalizarse en el plazo de un año.