Aunque Moncloa se aferra una y otra vez a la ausencia de apoyos parlamentarios suficientes para reformar el delito de sedición, lo cierto es que la causa principal de ese letargo es la de "falta de acuerdo final con ERC" sobre el contenido que debería tener el articulado del Código Penal en este punto. Y hasta que no haya una aproximación en una cuestión tan sensible, el Ejecutivo no empezará a echar cuentas de los votos, según admiten fuentes gubernamentales.

De este modo, Moncloa enfría una propuesta de la que hizo bandera bajo el argumento de la necesidad de armonizar este delito al resto de los países de la Unión y que parecía una pieza clave de la llamada "desjudicialización" de la política. Con una consideración más laxa se facilitaría además el regreso de algunos de los huidos de la Justicia a raíz del procés, como Carles Puigdemont, aunque tampoco parece que esa sea precisamente una prioridad para ERC.

Modificación legislativa

El "Acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías" que se firmó el pasado miércoles en la mesa de diálogo bilateral Gobierno-Generalitat señalaba que "cuando se alcancen acuerdos que requieran de alguna modificación legislativa concreta para su materialización, los grupos parlamentarios de referencia en las Cortes Generales de las delegaciones de la mesa de diálogo se encargarán de su impulso parlamentario", entendiendo grupos de referencia a PSOE, Unidas Podemos y ERC.

Y en el mismo párrafo de dicho documento se autoimponen un horizonte temporal al especificar que ambas partes "manifiestan su voluntad de que dichas modificaciones legislativas sean aprobadas, en su caso, antes de finalizar el próximo periodo de sesiones".

Moncloa niega "acuerdos concretos" sobre la desjudicialización

Pero, según la versión monclovita,"no hay acuerdos concretos" sobre la tan traída y llevada "desjudicialización", aunque "seguimos sentados y eso es lo importante". En esa lucha por el relato, la Generalitat interpreta ese mismo párrafo como una cesión gubernamental sobre la que se va a transitar no en mucho tiempo. La consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, enmendó la insistencia del Gobierno en que carece de apoyos parlamentarios suficientes alegando que «la mayoría existe».

Y no le falta razón. Porque si bien al tener el Código Penal rango de ley Orgánica exige para su reforma de mayoría absoluta del Congreso, esto es, 176 escaños como poco, no sería la primera vez que el Gobierno de coalición supera esa cifra en no pocas votaciones parlamentarias. Sin ir más lejos, los últimos Presupuestos salieron adelante con 187 votos. De hecho, las fuerzas políticas de la izquierda, nacionalistas e independentistas representadas en la Cámara Baja se han apresurado a recordar en las últimas horas su disponibilidad a respaldar dicha reforma.

Por tanto no se trata de un problema cuantitativo sino cualitativo y de oportunidad política, esto es, sobre el contenido y la formulación del nuevo articulado, de modo que se rebajen las penas por el delito que llevó a los nueve condenados por el procés a sumar 99 años y ocho meses de prisión -la más alta, de 13 años, para Oriol Junqueras- del que fueron indultados el año pasado. No deja de ser, además, un asunto que les pueda pasar factura a los socialistas en un escenario político ya impregnado de ambiente preelectoral.

"El objetivo que tiene este Gobierno es que se mantiene nuestro compromiso de actualizar, modernizar y revisar, vía modificación del Código Penal, estos delitos. Es un compromiso de investidura, que sigue firme y se va a mantener", dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en septiembre de 2020 en una entrevista en "La hora de la 1", respecto al delito de sedición. Pero dos años más tarde la reforma sigue empantanada y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sacó el asunto de la agenda normativa de 2022.

Artículo 545 del Código Penal

El artículo del Código Penal en el punto de mira, y por el que se condenó a las autoridades catalanas que declararon unilateralmente la independencia en 2017 además de convocar un referéndum ilegal, es el 545, que reza lo siguiente: "Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo".

Ahora depende de lo que quiera apretar ERC en la reinstaurada mesa de diálogo, que deberá reunirse de nuevo antes de que acabe el año.