El juez de instrucción Juan José Escalonilla ha rechazado acordar una nueva prórroga de la investigación sobre el contrato de 363.000 euros que Podemos firmó con la consultora Neurona para las elecciones generales de 2019, por lo que las pesquisas llegarán a su fin este julio después de dos años de indagaciones judiciales. En un auto del pasado miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid establece "no haber lugar a la prórroga del plazo de instrucción", si bien su decisión aún es susceptible de recurso.

El instructor explica que las únicas diligencias pendientes son una pericial y que la Unidad Central de Ciberdelincuencia presente el informe que se le encomendó sobre los correos electrónicos del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, imputado en este caso. No obstante, recuerda que, como ya están encargadas, aunque se lleven a efecto fuera del plazo de instrucción serán "plenamente válidas".

A ello añade que no hay nuevas diligencias que practicar. En este sentido, rechaza la petición de la acusación ejercida por Pro Lege destinada a tomar declaración al representante legal de Podemos. "Ni se ha acordado su práctica ni se considera hábil ni necesaria", expone Escalonilla.

Fue el pasado 27 de enero cuando el juez acordó la última prórroga por un plazo de seis meses. La decisión fue recurrida por varios investigados pero la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la extensión de la fase de instrucción.

De cara a esta nueva prórroga, las acusaciones ejercidas por Pro Lege, Vox y la ex senadora 'morada' Celia Cánovas habían reclamado a Escalonilla que siguiera indagando, si bien la Fiscalía de Madrid se opuso. Las demás partes "no alegaron nada".

Denuncia del ex abogado de Podemos

La causa arrancó por estas mismas fechas hace dos años a raíz de una denuncia del ex abogado de Podemos José Manuel Calvente sobre distintos hechos que reflejaban presuntas irregularidades en el seno de la formación 'morada'. El instructor se centró en el contrato firmado entre Podemos y Neurona Comunidad -la filial española de la empresa mexicana Neurona Consulting- porque sospechaba que fue en realidad un contrato simulado por cuanto no se habría prestado servicio alguno.

En estos años, Escalonilla ha intentado dilucidar si Neurona hizo algún trabajo para esa campaña electoral, analizando para ello el material aportado por Podemos y varios informes policiales, y escuchando a numerosos testigos y los imputados, entre ellos la gerente de la formación política, Rocío Esther Val; el tesorero, Daniel de Frutos; y Monedero.