PP y Cs han presentado este viernes un recurso conjunto ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de usos lingüísticos y el Decreto de proyectos lingüísticos de las escuelas aprobados por el Parlament. Dos textos elaborados con el objetivo de esquivar la sentencia del 25% de castellano que la Generalitat debería haber ejecutado desde el pasado noviembre, cuando fue ratificada por el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) reconoció hace un mes que, con esta nueva legislación, no puede forzar la aplicación del 25%. Pero advirtió también de que veía "vicios de constitucionalidad" en las dos normas, la primera aprobada con los votos del PSC. Tras la última reunión de la mesa de diálogo, de la que surgió el compromiso del Gobierno de no impugnar estas normas, el TSJC ya anunció este jueves la decisión de llevar los textos ante el Constitucional.

Ahora, PP y Cs se suman al TSJC con un recurso conjunto con el que quieren explicitar la "unidad del constitucionalismo" ante el abandono del Gobierno de Pedro Sánchez, ha explicado la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha acudido a Barcelona a anunciar la medida.

En una comparecencia en el Parlament Arrimadas ha asegurado que la comparecencia del ministro Félix Bolaños posterior a la mesa de diálogo fue "un escupitajo a los constitucionalistas".

Arrimadas ha lamentado que, con el apoyo del Gobierno a las normas de la Generalitat "se va a poner una mordaza a los constitucionalistas catalanes, especialmente a las familias que ganaron en los tribunales" la fijación del 25% en castellano. "Debe ser el efecto Illa" ha ironizado.

El recurso de PP y Cs no servirá, sin embargo, para paralizar la nueva normativa de la Generalitat. Eso solo se conseguiría con un recurso del Gobierno, que está descartado en virtud de los pactos de la mesa de diálogo.