El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha calificado como "razonable" el plazo de hasta 50 años que la futura Ley de secretos oficiales establecerá para desclasificar la información de máxima sensibilidad para la seguridad del Estado y ha defendido que el texto está "absolutamente en línea" con las democracias occidentales más avanzadas.

El Consejo de Ministros ha dado este lunes el primer paso al aprobar el anteproyecto de Ley de información clasificada, que derogará la norma franquista que sigue vigente 54 años después de su promulgación. El Ejecutivo solicitará ahora los informes preceptivos a los organismos correspondientes y expondrá el texto en audiencia pública antes de revisarlo en segunda vuelta y enviarlo a las Cortes para su tramitación parlamentaria. El Gobierno espera que ese proceso esté resuelto a principios de 2023 como muy tarde, estando previsto que el texto entre en vigor a los seis meses.

"Hoy damos un paso más en regeneración democrática, una seña de identidad de este gobierno. Resolvemos una asignatura pendiente de nuestra democracia superando una ley franquista y adaptándonos a la Constitución. También nos ponemos en línea con los países más avanzados de las mejores democracias de nuestro entorno y por primera vez en la historia se desclasifica de manera automática los documentos una vez transcurrido un plazo y también se regula el derecho de acceso de particulares, de diputados y de personas individuales a documentación que esté clasificada", ha subrayado Bolaños.

A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, que no hay plazos para que se levante la reserva sobre una determinada información reservada, el nuevo texto fija cuatro categorías de protección conforme a los estándares europeos y de la OTAN, esto es alto secreto, secreto, confidencial y restringido. En función de la categoría, los plazos de desclasificación oscilarán desde los 50 años (prorrogables por otros 16) hasta los cuatro.

"Mayoría parlamentaria rotunda"

Que haya que esperar hasta medio siglo para que pueda accederse a una determinada información ha sido el último motivo de discrepancia entre los dos socios que forman el Gobierno, al entender Unidas Podemos que es un margen excesivo. Si no es modificada en el trámite gubernamental o parlamentario, el sector que lidera Yolanda Díaz plantea su voto en contra cuando pase por la Cámara Baja. Esta crítica es compartida por otros grupos parlamentarios, lo que obligará al PSOE a trabajar a fondo para alcanzar los acuerdos que le permitan sacar adelante la nueva ley.

En este sentido, Bolaños se ha mostrado convencido de que la norma se aprobará en su momento con "una mayoría parlamentaria rotunda", al tiempo que ha indicado que el Gobierno estudiará las aportaciones que formulen los grupos -tanto dentro del Consejo de Ministros como en el Parlamento- a fin de que se pueda "mejorar" el texto. Éste era uno de los compromisos incluidos en el plan normativo del Ejecutivo de Pedro Sánchez para 2022.

El titular de Presidencia considera que los plazos que se han establecido son "razonables" y "homologables" con las legislaciones más avanzadas tanto del entorno. Así, ha recordado que en Dinamarca, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Irlanda y Austria no existen plazos de desclasificación, mientras que en Suecia es de 70 años y en Alemania de 30 tanto para el alto secreto como para el secreto y la información confidencial.

El ministro Bolaños ve "razonable" el plazo de 50 años y dice que la nueva norma está "en línea" con las democracias más avanzadas

El ministro ha dejado claro que la entrada en vigor de la nueva norma no supondrá la desclasificación automática de ninguno de los documentos ya clasificados y que hayan cumplido sus plazos, sino que se irá haciendo de forma progresiva si las autoridades competentes así lo deciden "de oficio" o a instancias de personas afectadas cuando lo soliciten.

Entre otras novedades, la futura norma crea la figura de una autoridad nacional para la protección de la información clasificada, a la que compete la coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio, así como la relación con las autoridades internacionales en la materia. Esa autoridad estará adscrita al Ministerio de Presidencia, departamento que asume el peso en la materia en detrimento de Defensa.

De otro lado, la norma regulará el acceso a la información clasificada a los diputados que forman parte de la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados (conocida coloquialmente como comisión de secretos oficiales), permitiendo a los parlamentarios que integran dicho órgano a acceder a información clasificada.

Bolaños ha explicado que otra de las novedades es que, por primera vez, una persona "directamente afectada" podrá solicitar que se levante la reserva de un documento y recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en caso de que sea desestimada su pretensión.

Dar satisfacción a ERC

El Gobierno ha impulsado la reforma de esta ley para dar satisfacción a ERC por la crisis del espionaje a través de la tecnología 'Pegasus', aunque el grupo parlamentario que lleva dos años defendiendo dicha reforma ha sido el PNV, sin éxito, hasta el punto de que el PSOE no hizo más que maniobras... hasta ahora.

El 12 de septiembre de 2016, mes y medio antes de que Mariano Rajoy fuera nuevamente investido como presidente del Gobierno tras abstenerse 68 de los 85 diputados socialistas, la Mesa del Congreso de los Diputados admitió a trámite una proposición de ley del PNV para reformar la Ley sobre los secretos oficiales. La iniciativa planteaba una modificación de un párrafo de la exposición de motivos, el cambio de la redacción de tres artículos, añadía una disposición transitoria e incorporaba algunos cambios terminológicos. Decayó la legislatura sin que se tramitase.

El pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de idéntica iniciativa el 23 de junio de 2020, ya con Pedro Sánchez como presidente del bipartito. La proposición la había presentado el Partido Nacionalista Vasco el 11 de diciembre de 2019, antes de que se declarara la pandemia por la covid-19. Desde entonces lleva en plazo de enmiendas.