La que será nueva ley de secretos oficiales dejará de depender del Ministerio de Defensa para pasar al de Presidencia, esto es, saldrá del paquete de competencias de Margarita Robles a la del todopoderoso Félix Bolaños, según han informado fuentes gubernamentales.

La reforma, comprometida por Pedro Sánchez como reacción a la crisis del espionaje a dirigentes independentistas, pasará en primera lectura este lunes por la reunión del Consejo de Ministros, que se adelanta un día pues Pedro Sánchez tiene previsto reunirse este martes por la mañana con el jefe el Estado en el Palacio de Marivent (Mallorca).

Actualmente es el Ministerio de Defensa el que eleva al Consejo su propuesta de desclasificación de documentos, cuya decisión final depende del Gobierno. Pero una vez culmine el proceso parlamentario de la ley, será Presidencia y Memoria Democrática la que traslade dicha propuesta. Para ello se va a crear una "Autoridad Nacional para la protección de la información clasificada", con competencias, entre otras, de garantía en el cumplimiento de la normativa, de coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales en la materia.

La idea es seguir el modelo, aducen en Moncloa, de la gran mayoría de los países de la UE y en la OTAN, por ser el de Presidencia un ministerio transversal y de coordinación interministerial. Además, Bolaños recibirá más recursos para desarrollar esta nueva competencia.

Robles, no sólo comparte el contenido del texto, sino que "le gusta"

No han pasado precisamente las relaciones entre Robles y Bolaños por el mejor de los mundos tras la polémica en torno a qué departamento le correspondía el protocolo de control de los móviles de los miembros del Gobierno. La controversia se desató tras descubrirse la intervención de las terminales telefónicas del Pedro Sánchez, de la propia Margarita Robles y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de los intentos, infructuosos, de contaminar el del titular de Agricultura, Luis Planas. En todo caso, los mismos medios aseguran que Robles conoce el contenido del nuevo anteproyecto y no sólo lo comparte, sino que "le gusta".

La actual ley data de 1968 y la intención es reformarla con “estándares homologados” europeos y de la OTAN. Se trataría, por tanto, del primer texto de la democracia. Así, además de su cambio de ubicación orgánica, se fijan cuatro categorías de protección conforme a esos estándares, a saber, alto secreto, secreto, confidencial y restringido. En función de la categoría, los plazos de desclasificación de la información oscilarán desde los 50 años -que deberá autorizar el Consejo de Ministros- hasta los 4, pudiendo prolongarse el tope alto en algunos casos.

Los plazos de desclasificación oscilarán desde los 50, para alto secreto, años hasta los 4 para los documentos restringidos

Ahora mismo sólo hay dos clasificaciones, secreto y confidencial, lo que dificulta adaptar nuestra regulación en el tratamiento de la Información Clasificada con Europa y la OTAN.

Se trata de la primera lectura en Consejo de Ministros, que será sometida a consideración del resto de los Grupos Parlamentarios. Sánchez se comprometió a aprobar el anteproyecto antes de fin de julio, lo que casi consigue por tan solo un día. El de este lunes es el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. El Gobierno no vuelve a reunirse hasta el martes 23.

No duda Moncloa en que tendrá apoyos para su nueva ley "que va a sentar bien a los Grupos", aducen. De hecho, el PNV presentó una proposición de Ley en 2020 que fue continuamente aplazada por el PSOE en una estrategia claramente dilatoria. Y no ha sido hasta el estallido del "caso Pegasus" en que Sánchez anunció el reforzamiento de los controles judiciales del CNI y la reforma de la ley franquista.

El Consejo de Ministros verá también un real decreto de lucha contra los incendios, de gran importancia, además de un plan de choque de ahorro energético, del que ya se conocen algunas medidas como impedir que el aire acondicionado esté por debajo de los 27 grados en toda la Administración y edificios de uso público aunque sean de titularidad privada.