La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha pedido a la Dirección General que se autorice a los guardias civiles a portar videocámaras corporales en sus actuaciones -incluyendo las que puedan comprar los propios agentes- como elemento de prueba para acreditar cómo ha transcurrido una determinada intervención y neutralizar posibles denuncias sin sustento.

La asociación mayoritaria ha pedido a la cúpula que aclare la normativa actual, "confusa y contradictoria", en relación a si los guardias civiles pueden portar cámaras o grabar con un teléfono móvil sus actuaciones profesionales. Así lo van a plantear en el pleno que el Consejo de la Guardia Civil celebrará a la vuelta de las vacaciones.

Según Jucil, están aumentando las agresiones a guardias civiles en las que "resulta difícil identificar al autor" y están creciendo las denuncias y los expedientes disciplinarios, circunstancias que en gran medida podrían minimizarse si los funcionarios pudieran portar equipos de grabación que registren el desarrollo de la intervención.

"Esta asociación profesional pide que se dicten las disposiciones normativas precisas que garanticen la seguridad, física y jurídica de los miembros de la Guardia Civil y que, por tanto, se autorice el uso de dispositivos de toma de imágenes y sonido de carácter móvil a los guardias en el ejercicio de sus funciones; pasando a ser elementos de dotación, y sin perjuicio de que incluso puedan ser adquiridos por los miembros de la Guardia Civil interesados en contar con ellos", señala el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño.

La intención de esta asociación es que este tipo de equipos se pongan en manos de los agentes que prestan servicio tanto en el área de Seguridad Ciudadana como los que desempeñan tareas de control y lucha contra determinados tipos de delincuencia o trabajan en zonas de especial nivel delincuencial. "Grupos organizados y experimentados recurren de forma habitual a la denuncia o queja por la intervención de los miembros de la Guardia Civil, alegando vulneraciones de derechos fundamentales", añade Vilariño.

"Juicio de credibilidad"

Jucil considera que la situación se ve "agravada" en lugares en los que, por escasez de la plantilla o por la naturaleza de los operativos, los guardias civiles realizan labores de patrulla de manera unipersonal: "En esos supuestos se incrementa el nivel de inseguridad del guardia civil; tanto a nivel físico, ya que disminuyen sus posibilidades de defensa ante un ataque, como a nivel jurídico, puesto que se le genera una manifiesta indefensión ante una posible denuncia por no poder acreditar cómo han ocurrido los hechos, y someter la cuestión a un juicio de credibilidad".

Jucil también considera que poder disponer de estos equipos sería también "un claro beneficio para los ciudadanos", ya que podrían contar con un elemento de prueba que les permitiría ejercer el derecho de defensa frente a los hechos que eventualmente pudieran imputarse a los miembros de la Guardia Civil.

"Nos remitimos a la experiencia de otros países en los cuales están plenamente autorizados esos medios de grabación y que han servido para amparar los derechos de los ciudadanos ante supuestos de abusos en el ejercicio de la función policial. Es por todo ello que hemos interesado de la Dirección General que se dicten las normas precisas para que se autorice la utilización de dispositivos de toma de imágenes y sonido de carácter móvil a los miembros de la Guardia Civil, en el ejercicio de sus funciones", concluye Vilariño.