La Confederación Española de Policía (CEP) ha pedido al Ministerio de Hacienda y Función Pública que "tenga sensibilidad" y adopte las medidas necesarias a fin de que las tasas de expedición de los pasaportes de los agentes que prestan servicio en el exterior no corran por cuenta de éstos sino de la propia Administración. La Dirección General de la Policía ya lo planteó hace más de dos años, pero su pretensión no prosperó.

El secretario general de este sindicato, Víctor M. Vigil, ha enviado esta semana una carta a la ministra María Jesús Montero en la que le pone de manifiesto esta "problemática" y le solicita que arbitre la "herramienta procedimental" que considera oportuno para dar una solución, al entender que se trata de una reivindicación justificada y con "soporte normativo".

La CEP recuerda que, cuando se produce el desplazamiento de funcionarios a países ajenos al Espacio Schengen en comisión de servicio para el desempeño -por ejemplo- de labores en materia de extranjería, los policías necesitan obligatoriamente un pasaporte cuya obtención conlleva el pago de unos 30 euros que corren por cuenta de aquéllos.

La CECIR rechazó pagar la tasa del pasaporte con el argumento de que el agente podría usarlo para desplazamientos "particulares"

El real decreto sobre indemnizaciones por razón del servicio, en vigor desde hace dos décadas, no prevé compensación por dichas tasas pero sí abre la puerta a cubrir gastos por situaciones no previstas. Según se establece en la disposición adicional sexta, corresponde a los Ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas la aprobación conjunta del correspondiente régimen de resarcimiento a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR).

A esa puerta llamó la Dirección General de la Policía a principios de 2020, a fin de que se le abonara las tasas administrativas del pasaporte a un funcionario que tenía que trasladarse a Guinea Bissau para impartir un curso de formación. El Cuerpo entendía que era un gasto extraordinario y que, en virtud del citado real decreto, podía ser cubierto por la Administración al ser necesaria su obtención para poder realizar dicha comisión de servicio.

En su reunión del 27 de febrero de 2020, la CECIR acordó desestimar esta solicitud de resarcimiento con el argumento de que el pago correspondiente a la expedición de un pasaporte "no se considera que constituya un gasto directamente vinculado a una comisión de servicio por cuanto su validez, durante un periodo de diez años, permite su utilización en varias comisiones de servicio y puede ser utilizado por el empleado público para desplazamientos particulares".

Respuesta "ofensiva"

Para la CEP, la razón esgrimida por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones es "ofensiva" para el trabajo que realizan los agentes y carece de justificación. "Tiene tan poco soporte como afirmar, en sentido contrario, que el pasaporte -que no es un documento de uso obligatorio en España, como sí lo es el DNI- que se ha pagado de su bolsillo el policía lo está utilizando y aprovechando la Administración para que realice un desplazamiento oficial un funcionario, costeándose él mismo parte de esos gastos que le genera una comisión de servicio. ¿Quién se aprovecha de quién?", se pregunta.

El sindicato lamenta que, con esa respuesta, la CECIR se erigiera en "interpretadora de la voluntad de los redactores de la norma" y que obviara que el citado real decreto "permite casos excepcionales como el del desplazamiento de los policías nacionales al extranjero".

La organización sindical dice no entender cómo una medida que tiene sustento normativo, que conllevaría un "coste discreto", que está "directamente vinculada" a la comisión de servicio de los funcionarios y que implica el uso de un documento que no es obligatorio en España "no puede ser asumida por el Ministerio de Hacienda y Función Pública", máxime cuando cuenta con el "respaldo" del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía.