A pesar de las críticas y dificultades, el Ejecutivo está convencido de que el decreto del plan de ahorro energético será convalidado a su paso por el Congreso con los votos tanto del PNV como de ERC. País Vasco, primero, y Cataluña después, no han ocultado su disconformidad tanto con el fondo del texto del Gobierno como con las formas, delegando en las Comunidades autónomas la ejecución, supervisión e inspección de las medidas que contiene sin haberlas consensuado previamente.

Porque el cuestionamiento no ha venido sólo del PP -que también, aunque con distinta graduación en función del presidente autonómico respectivo- sino de socios parlamentarios que, como el PNV, gobierna en coalición con el PSE en Esukadi. Fuentes del Ejecutivo central indican, sin embargo, que “no les encanta aplicar medidas así, pero no hay ninguna opción alternativa” y dicen no ver motivos en los socios “para no apoyar” el texto cuando deba ser convalidado en la Cámara Baja.

País Vasco fue junto con Madrid de los primeros territorios en discutir el decreto y a las mismas tesis se sumó este lunes la Generalitat catalana. El Ejecutivo de Pere Aragonés ve «imprecisiones jurídicas», mientras que Euskadi pide mayor flexibilidad y control en las decisiones una vez que no consiguieron frenar la puesta en marcha del decreto este miércoles.

De cumplirse los augurios del Gobierno, le bastaría con sus habituales socios de investidura. Los 13 diputados de ERC y los 6 del PNV ayudan, y mucho, a la aritmética parlamentaria, en la que si bien sólo necesita Moncloa más votos a favor que en contra, desearía sacarlo adelante con cierta holgura. No obstante, el presidente del Gobierno prefirió ayer poner el acento en el PP, al que pidió “unidad, responsabilidad y solidaridad” para sumarse al plan de ahorro. Bien es cierto que también calificó de “destructiva” la labor de oposición de los populares y que pedirles su compromiso es “predicar en el desierto”, lo que es una manera harto curiosa de intentar acercar posiciones.

La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dejado claro que el decreto aprobado el lunes de la semana pasada en Consejo de Ministros no se toca. Ni siquiera se han abierto a la posibilidad de tramitarlo como proyecto de ley para dar a la oposición la oportunidad de enmendar el texto. A cambio, eso sí, ha pedido a todas las comunidades que hagan aportaciones antes de finales de mes para el plan de contingencia que España debe enviar a Bruselas en el mes de septiembre.

El objetivo es reducir un 7 por ciento nuestro consumo energético, menos de la mitad que la mayoría de los países de la Unión, que es del 15 por ciento. Pedro Sánchez ha vuelto a conseguir una excepción ibérica después de que Ribera anunciarse que España no debía ir a un ajuste tan duro dada su menor exposición al gas ruso.

La disponibilidad de todas las Comunidades a hacer esas aportaciones que se les ha solicitado, unido a un tono más conciliador en el seno de la reunión por parte de algunos territorios, le lleva al Ejeutivo a pensar que no habrá dificultades para sacar adelante el decreto-ley aunque el PP se oponga al mismo.

El PP se queja de que Ribera les ha "abroncado"

“Es lo de siempre, mucho ruido fuera y dentro de la reunión el tono es otro”, dicen los mismos medios gubernamentales consultados. No es esa la versión que dan el PP, quejosos de que Ribera ha “abroncado” a los consejeros autonómicos asegurando no entender las críticas porque le decreto contenía, ha dicho, “cuestiones que se habían discutido en alguna reunión técnica”.

Especialmente ásperas han sido las intervenciones de los representantes de Madrid, Andalucía y Murcia, todas gobernadas por el PP, sobre todo Madrid, partidaria de acudir al Tribunal Constitucional y cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, llegó a amagar con declararse en rebeldía bajo el lema "Madrid no se apaga". Pero les guste o no el decreto “lo tienen que cumplir”, recuerdan desde el Ejecutivo.