La proliferación de cultivos de marihuana obligará al Ministerio del Interior a comprar un mínimo de 22 máquinas más para destruir las plantas que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil intervienen en el curso de las operaciones antidroga. Con éstas serán ya al menos 66 los equipos con los que contarán ambos cuerpos para triturar y desmenuzar ramas y hojas de cannabis, cuyo crecimiento en el país -tanto en interior como en exterior- ha motivado la puesta en marcha de una estrategia de actuación específica.

Con un presupuesto máximo de 49.368 euros, la Subsecretaría del Interior ha sacado este miércoles a licitación la contratación de 20 trituradoras de biomasa grandes y dos pequeñas para moler las plantas y aminorar los problemas logísticos de almacenaje hasta su incineración o eliminación en plantas de vertederos con residuos sólidos urbanos. En caso de que el adjudicatorio ofrezca el suministro por un importe inferior (el umbral se sitúa en los 2.420 euros en el caso de la grande y en los 484 euros de la pequeña), el número de unidades aumentaría hasta agotar el citado montante económico, como ha ocurrido en procedimientos anteriores.

Se trata de la cuarta compra de destructoras de marihuana que Interior lleva a cabo en los últimos cinco años, lo que da una idea de la presión que están ejerciendo los cuerpos policiales y de la velocidad con la que está creciendo este tipo de cultivos ilegales -en algunos casos tratan de pasar como plantaciones de cáñamo para uso industrial- por todo el país. Granada, Barcelona, Málaga, Cádiz, Madrid y Alicante son algunas de las provincias en las que más aprehensiones se llevan a cabo.

En 2017, el ministerio adquirió las primeras siete trituradoras. La empresa Elías Jadraque SA sirvió 14 más a finales de 2019 (por 35.489,30 euros) y en febrero de 2021 se cerró el encargo de otras 23 con la compañía gallega Internaco Green Space SLU (50.699 euros), lo que suma 44 equipos. No hay actualmente ni uno por provincia, cuando el objetivo es cubrir todo el territorio.

Según se detalla en el pliego de prescripciones técnicas que regula el concurso actualmente en marcha, redactado por el  Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), las máquinas grandes -las que se utilizarán en las plantaciones que se intervengan- deberán tener una cilindrada superior a los 350 centímetros cúbicos, pesar menos de 140 kilos, permitir el triturado de ramas de hasta siete centímetros, disponer de una tolva desplazable 90 grados e incluir dos ruedas neumáticas para facilitar el transporte y un gancho de remolque para su traslado. No se exige un tipo de combustible determinado (gasolina o diésel), pudiendo ser el arranque manual o electrónico.

Distribución territorial

Para su empleo en los cultivos que se hallen en el interior de viviendas o de locales de reducidas dimensiones, el ministerio requiere por operatividad dos máquinas más pequeñas con las siguientes características: una potencia mínima de 2.500 vatios, de tipo eléctrico o de gasolina, con un peso de entre 25 y 35 kilos, dotada con una cesta recolectora superior a 50 litros y de rodillo dentado o turbina con cuchillas.

"Es necesario que las unidades territoriales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se encuentren dotados de esta maquinaria para la reducción del volumen mediante el triturado de plantaciones de marihuana aprehendidas para su posterior destrucción, al objeto de contribuir con operaciones relacionadas con el crimen organizado, así como con el tráfico de drogas. Las destructoras de biomasa que se pretenden adquirir son las idóneas para cubrir la necesidad expuesta: sus características técnicas, su gran resistencia, vibraciones y reducido tamaño las hace muy manejables, permitiendo desarrollar con eficacia la misión encomendada", se justifica en el cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas.

Los cuerpos policiales decomisaron en 2021 un 57% más de plantas de cannabis, según Interior

Interior pretende que los nuevos equipos estén a disposición de los agentes antes de final de año. El plazo de ejecución del contrato es de dos meses, fijándose -en principio- la fecha del 15 de septiembre para que empiece a contar una vez adjudicado y formalizado. Las ofertas se pueden presentar hasta las 14 horas del próximo 25 de agosto, por lo que las empresas interesadas tendrán diez días hábiles para presentar sus propuestas.

Según datos del CITCO, los cuerpos policiales intervinieron el pasado año cerca de tres millones de plantas de cannabis, un 57 % más que la cantidad decomisada en 2020 (1.700.462) y cuatro veces superior a la de 2016 (724.611). Ya es una de las principales actividades criminales, con potentes organizaciones trasnacionales detrás y un negocio millonario.

La proliferación de cultivos ilegales, asociados en muchos casos a la defraudación de fluido eléctrico, ha hecho saltar las alarmas en los cuerpos policiales. A finales del pasado año, el Ministerio del Interior puso en marcha el Plan Nacional de Actuación contra la Criminalidad Asociada a la Producción y Tráfico de Marihuana, con el que busca potenciar la coordinación entre los cuerpos policiales a fin de reducir la amenaza que representa el cultivo ilegal del cannabis y sus derivados. No es una decisión caprichosa; el Observatorio Europeo de las Drogas sitúa a España a la cabeza en producción de marihuana de la UE.

"Problemas logísticos"

El departamento que dirige Grande-Marlaska ha reconocido que el tamaño de las explotaciones y la falta de medios técnicos para desarbolarlas está generando "importantes problemas logísticos" a las fuerzas y cuerpos de seguridad, de ahí que esté recurriendo también a los servicios de empresas privadas para que se encarguen del desmantelamiento de las grandes plantaciones de marihuana bajo las indicaciones que determine en cada caso la autoridad judicial.

También la Fiscalía General del Estado viene llamando la atención en los últimos años del "aumento exponencial" de las plantas de cannabis incautadas y del problema que plantea su destrucción. "El CITCO ha hecho gestiones, con éxito, para su destrucción en vertederos de basura y en otras dependencias diferentes de los hornos tradicionales. Desgraciadamente, el programa de reuniones en diferentes provincias con jueces y fiscales, además de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para concienciar sobre dicha problemática y la necesidad de adoptar decisiones ágiles de destrucción, ha sido suspendido como consecuencia de la pandemia", indicó la Fiscalía Especial Antidroga en la memoria correspondiente a 2020.

El Ministerio Público relaciona la proliferación de plantaciones de cannabis con la implantación en España de grupos extranjeros violentos dedicados a la producción y envío a otros países. "Si en un primer momento parecía haber una cierta vinculación de las plantaciones de cannabis de pequeña extensión con los llamados 'clubes cannábicos', el fenómeno actual implica la existencia de auténticas organizaciones constituidas sobre todo por personas de nacionalidades diversas y cuya finalidad es sobre todo la exportación a otros países de Europa", expuso en el citado documento.

De las 24.114 detenciones practicadas en 2020 por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por actividades vinculadas al tráfico de drogas, el 58 % -3.840 por cultivo de plantas de cannabis y 7.182 por tráfico de marihuana, entre otras- estaban relacionados con el tráfico de productos cannábicos, según los datos difundidos por el Gobierno.