El plan de pensiones de la Administración General del Estado ha 'perdido' 63,55 millones de euros durante el primer semestre del año como consecuencia del comportamiento negativo de los mercados bursátiles por la coyuntura inflacionista, la guerra de Ucrania y un posible escenario de recesión a nivel internacional. La rentabilidad bruta ha caído en dicho periodo un 7,63 %, aun así por debajo de su índice de referencia (9,67 %).

Según se detalla en el último informe de gestión, el patrimonio del macroplan -constituido en noviembre de 2004 y que tiene como partícipes a más de medio millón de funcionarios- ascendía a 571.302.056,85 euros al cierre de junio frente a los 634.855.035,86 euros que arrojaba a finales de 2021. Se quiebra así la recuperación constatada el pasado año tras la ligera caída experimentada en 2020 por la pandemia.

Para encontrar un montante más bajo hay que remontarse hasta marzo de 2020, cuando el valor liquidativo de este producto de ahorro era de 568.142.683,93 euros (41,88 millones menos que en febrero de ese año). La rentabilidad cayó un 6,69 % el mes que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia y muchos países confinaron a la población para frenar la expansión de la covid-19.

El segundo trimestre, peor

Los seis meses de 2022 han deparado rentabilidades negativas, oscilando entre el 0,35 % de marzo y el 2,88 % de junio. Completan la secuencia enero con un 1,75 %, febrero con un 1,55 %, abril con un 1,18 % y mayo con un 0,44 %. A la luz de estos datos, el segundo trimestre -íntegramente afectado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y marcado por el encarecimiento de los precios de la energía- ha tenido una evolución ligeramente peor que el primero.

Evolución mensual de la rentabilidad del plan de pensiones de la Administración del Estado hasta junio.

La estructura de la cartera también ha sufrido cambios en los últimos seis meses. Así, la volatilidad de los mercados ha llevado al gestor a reducir significativamente las posiciones en renta variable -del 35,31 % al 25,70 %- y a incrementar la apuesta por la renta fija (del 52,69 % al 57,84 %). Tanto las inversiones alternativas (8,65 %) como en cuenta corriente/monetarios (7,81 %) han aumentado ligeramente.

El patrimonio del plan ha pasado de 634,85 a 571,3 millones de euros en los últimos 6 meses

En comparación con la fotografía de diciembre de 2021, también se constatan diferencias en la composición por área geográfica de la renta variable. Así, las inversiones en Europa se han reducido del 50,99 al 37 %, creciendo de forma notable en Estados Unidos y Canadá: del 29,14 al 38,08 %. También aumentan las posiciones en Asia-Pacífico (del 8,36 al 11,17 %) y en los países emergentes (del 11,51 al 16,98%).

En cuanto a la renta fija, la cartera fortalece su posición en fondos y fondos cotizados o ETFS a costa de otros productos (gobiernos y renta fija corporativa), al tiempo que aumenta la inversión en dólares estadounidenses -del 26,59 al 29,31 %- a costa del euro. El billete verde alcanzó la paridad el pasado 12 de julio después de dos décadas.

Distribución de la inversión en el último año, con una significativa reducción de la posición en renta variable.

El acuerdo alcanzado el 13 de noviembre de 2002 entre el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para la modernización y mejora de la Administración pública en el periodo 2003-2004 incluyó el compromiso de las partes de promover un plan de pensiones para todos los empleados estatales. Su gestión se adjudicó por concurso en 2004 a la entidad Gestión de Previsión y Pensiones Entidad Gestora de Fondo de Pensiones SA, siendo el BBVA el depositario.

Hasta que la comisión de control del plan de pensiones de la Administración General del Estado no publique en los próximos meses la memoria anual no se conocerá el número de partícipes y beneficiarios que no han cobrado aún las prestaciones. Al cierre de 2020, la cifra ascendía a 523.715 personas, muy lejos de las 613.213 que se contabilizaban en 2011.

Defensa, a la cabeza en partícipes

De las 132 entidades promotoras del plan, es el Ministerio de Defensa el que aporta mayor número de partícipes (un 32,86 %, según los datos de 2020) y patrimonio (el 28,22 %). A distancia le seguían la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Administración de Justicia y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

Desde 2012, las entidades promotoras no han realizado aportaciones a los partícipes del plan a excepción de la entidad pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones, que hizo efectiva una contribución de 32.960,14 euros en 2019 con cargo a los fondos adicionales de 2018. La congelación se produjo en cumplimiento del real decreto-ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público que el Gobierno aprobó el 30 de diciembre de 2011 para hacer frente a la desviación presupuestaria en el conjunto de las administraciones públicas, registrándose en este tiempo tan sólo algunas aportaciones correspondientes a regularizaciones de ejercicios anteriores.

Algunas organizaciones que representan a partícipes del plan, caso de la Agrupación Reformista de Policías (ARP), han pedido ya que el Estado retome nuevamente las aportaciones. A juicio de este sindicato policial, la Administración General está "vulnerando gravemente" el acuerdo de la comisión de control del plan de pensiones, por el que quedaba obligada -según detalla el artículo 10- a "efectuar el desembolso de las contribuciones pactadas en la cuantía, forma y plazos previstos en las especificaciones". Esas aportaciones eran "obligatorias", según precisa el artículo 24.

Por contra, las aportaciones voluntarias de los beneficiarios registran un importante incremento desde 2013, cuando ascendieron a 2.237.308,73 euros. En 2020, último dato disponible, sumaron 4.281.491,59 euros, la segunda cuantía anual más elevada tras la de 2019 (4.635.061,30 euros).