Tan solo cuatro meses y medio después de que el Partido Popular (PP) solventase en Sevilla la sucesión del liderazgo en Alberto Núñez Feijóo, la etapa Casado-García Egea ha vuelto a aflorar trayendo consigo consecuencias negativas para la imagen del gallego, al menos a corto plazo y a falta de dos semanas para el inicio del nuevo curso político. Un periodo en el que la competencia partidista será máxima al esta fijada en el calendario la cita electoral de municipales y autonómicas de mayo de 2023. Todo, tras la filtración, por parte del Gobierno, de un documento fechado en noviembre de 2021 en el que el PP se comprometió a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un acuerdo que no fue comunicado a Feijóo ni a su nueva cúpula directiva.

El propio Feijóo ha comunicado que su antecesor Pablo Casado no le comunicó nada relativo a ese pacto y que desconocía la existencia del mismo pese a que su vicesecretario de Política Institucional, Esteban González Pons, si tuvo acceso a él en el primer encuentro con el ministro de la Presidencia para abordar la renovación del órgano judicial. "Cuando despaché con Casado el traspaso de poderes, en ningún caso me dio el documento ni me concretó ningún acuerdo", ha defendido el actual presidente. Unas declaraciones que confirman el malestar del líder popular con el abulense y que, al mismo tiempo, deja al anterior tándem conservador en una situación de descrédito tras los acontecimientos de la 'semana trágica' de febrero que experimentó Génova y que puso al partido contra las cuerdas.

Esa desazón queda comprobada entre distintas fuentes de la formación, que hacen extensible la crítica a el exsecretario Teodoro García Egea, quien trataba los temas más relevantes de la organización como, también, la territorial. El procedimiento que entienden que habría sido más lógico es el de haber puesto sobre aviso al nuevo equipo, pero, en su lugar, predominó el silencio. La versión oficial de los populares es que, frente a esa omisión, Bolaños, designado por el Ejecutivo para afrontar el diálogo en materia judicial, mostró por primera vez ese escrito "y otros" a González Pons tras su elección como interlocutor para ese fin a finales de abril.

Tras valorar el texto, el encargado por Feijóo lo rechazó y solicitó al socialista "empezar de cero" la negociación porque lo pactado no representaba la voluntad de la nueva dirección. "Una cosa es que la negociación sea discreta y otra muy distinta es que los acuerdos sean secretos", explicaba ante la versión esgrimida por el PSOE, calificada de "mentira", que sitúa a los de Feijóo en la misma sintonía de lo pactado. El ministro, según ha explicado González Pons, aceptó sin más, pero "amenazó" al también eurodiputado con sacarlo a la luz. Un hecho que, según ha podido saber El Independiente, fue reiterativo durante las reuniones mantenidas con el objetivo de presionar para forzar la renovación del CGPJ.

Casado no dio ningún documento ni comentó el acuerdo en el despacho de poderes con Feijóo

Este jueves, Feijóo ha confirmado esa información y ha tomado el relevo de las palabras manifestadas por su vicesecretario de Política Institucional, yendo más allá en sus acusaciones; tanto al Gobierno como a la propia casa. Desde Porto do Son (A Coruña) el principal líder de la oposición ha generado dudas directas sobre la anterior cúpula, mientras que ha acusado a Moncloa de elegir el actual momento al tratarse de verano y de la "urgencia" para "incorporar sus propuestas al Tribunal Constitucional (TC)". Y es que a mediados de julio, tras el debate del estado de la nación, el Ejecutivo aprobó una auto rectificación de la legislación del Poder Judicial que permitía a los jueces hacer nombramientos para inclinar la balanza progresista en el órgano constitucional.

La sensación que predomina en Génova es que la publicación del documento busca una operación de desgaste del actual senador por Galicia; desacreditarlo ante el papel y por no aceptar los términos ya establecidos por Casado y García Egea. En definitiva, transmitir que el PP de Feijóo -dado que a sus antecesores ya no les afecta porque no están- no cumple sus acuerdos. Y es que la posición del Gobierno ahora es aventajada, pidiendo reiteradamente a los populares que cumplan lo acordado, la Constitución y que "desbloqué" el CGPJ. Todo, tras haber visto encallada las negociaciones tras la modificación del artículo 570 bis de la ley mencionada.

Feijóo, sin embargo, insiste en que, además de la voluntad manifestada por Bolaños para reiniciar el diálogo con la nueva dirección, el 7 de abril en su primer encuentro con Pedro Sánchez en La Moncloa, habló con el presidente en término de "conversaciones" y no de "negociaciones". Por ello, dan por entendido que renegaban de continuar con lo ya establecido por la anterior etapa. En su lugar, sigue reivindicando la propuesta de reforma enviada el 11 de julio al Gobierno que fija, entre otras medidas, un plazo de cinco años para que ministros ocupen la presidencia del Supremo o la Fiscalía General del Estado, o veinticinco años de carrera mínima para optar a presidir una sala.

Al malestar manifestado con Casado públicamente, negando cualquier referencia a lo rubricado, se une la sensación de no haberse podido organizar para preparar una estrategia con tiempo para haber afrontado el golpe desde Moncloa. Un Casado que, frente a su 'segundo' lleva desaparecido desde el dos de abril. Ni siquiera tiene actividad en sus perfiles de redes sociales.

Complica la situación de García Egea

García Egea, por el contrario, sigue presente en el día a día del partido, aunque con la categoría de diputado raso por la Región de Murcia. Recientemente, el Grupo popular lo designaba, con el beneplácito de Feijóo, presidente de la comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados; una especie de 'recuperación' para que sienta que siguen contando con él dentro de las siglas. Incluso, su actividad se ha incrementado por los pasillos de la cámara baja y las zonas comunes, algo que entre febrero y junio no sucedía. Su dinámica: del escaño al despacho y viceversa.

Ahora, en cambio, su silencio con representantes como González Pons en la cuestión judicial, al haber sido él quien gestionase las conversaciones previas, podría complicar su situación parlamentaria e, incluso, posicionarlo en un estadio mucho más incómodo. Ante ello, es difícil considerar que vaya a seguir contando con el partido para integrar la lista autonómica en las próximas generales.

Hasta el momento, ningún miembro de la anterior dirección se ha manifestado al respecto de manera pública. No obstante, según ha publicado El País, el exvicesecretario de Comunicación Pablo Montesinos habría confirmado al medio que el "traspaso" de los asuntos judiciales se efectuó, incluido todo lo que respecta al CGPJ. Las diferencias entre Gobierno y PP, a las que se añaden las internas de Génova, sitúan nuevamente el tema judicial en standby. Y, desde las filas conservadoras, se estima que seguirá así, al menos, hasta las próximas elecciones generales. Algo que valoran como un "desastre" institucional.