El Partido Popular (PP) deberá resolver sus cónclaves territoriales en las primeras semanas del inicio del nuevo curso político para poder rearmarse de cara al próximo ciclo electoral municipal y autonómico. Antes del fin del ciclo de sesiones parlamentario, en el mes de julio, altos cargos de la cúpula popular trasladaron a El Independiente que, en agosto, el coordinador general Elías Bendodo y el vicesecretario de Organización Miguel Tellado, designados para ese cometido, aprobarían la celebración de los congresos restantes, algo que todavía, al menos de forma pública, no se ha producido. Es el caso de Cantabria, La Rioja o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a los que se suman las provincias catalanas de Girona, Tarragona o Lleida; con el gran escollo de Navarra y, ahora, de Asturias. Este será su primer objetivo a cumplir a escala interna a la vuelta de vacaciones.

El primer caso, por la dificultad de determinación de la fórmula más apropiada para presentar una candidatura. El segundo, por la dualidad de 'almas' internas que rompen la idea de candidato único que ha impulsado el presidente Alberto Núñez Feijóo. En Navarra, el control de la estructura se debate entre la actual líder Ana Beltrán, ferviente casadista que aún no ha anunciado si volverá a presentarse -a falta de una conversación con el gallego- y el diputado regional de Navarra Suma (NA+) Javier García, un perfil joven, reconocido internamente y de un consenso más transversal. Con todo, los problemas viene generados por la incógnita de qué vía adoptarán los conservadores junto a la Unión del Pueblo Navarro (UPN) al determinar que NA+ no tiene mayor recorrido.

Especialmente por el hundimiento electoral de Ciudadanos y por la escisión de Plataforma Navarra de la UPN de Javier Esparza, tras la expulsión de sus impulsores Sergio Sayas y Carlos García Adanero, ahora sin adscripción parlamentaria. Por no seguir la disciplina de voto ordenada por el partido para refrendar la reforma laboral del Gobierno en el Congreso de los Diputados en febrero. El motivo: no compartir la política de pactos del Ejecutivo socialista y morado con partidos independentistas como ERC o EH Bildu.

La idea principal que estaría encima de la mesa sería un retorno al vínculo clásico entre la fuerza regionalista y los populares, una alianza desarrollada ininterrumpidamente desde 1989 hasta 2008, cuando Mariano Rajoy la rompió después de que los navarros facilitasen la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del PSOE. Ésta, junto a Cs, se recuperó en la coalición regional NA+ en 2019. La intención del PP, indican fuentes de Génova, es "hablar con todo el mundo" para encontrar el mejor mecanismo. Y, aunque es difícil que Madrid decida romper el pacto y acudir en solitario a las urnas, aún no queda descartado nada.

Eso sí, un mal resultado en la comunidad en pleno auge de las estimaciones estatales, podría perjudicar a Feijóo en su carrera particular a La Moncloa. Más, teniendo en cuenta que en solitario ha cosechado sus dos peores derrotas electorales mientras ostentaba el Gobierno nacional. Y, al mismo tiempo, perjudicar los intereses de todo el centroderecha foral. En los anteriores comicios NA+ fue la fuerza más votada casi por 16 puntos más sobre el PSN-PSOE, que sin embargo, pudo gobernar con Geroa Bai y Podemos. Una falta de entendimiento, podría virar el voto a opciones como Vox.

El polvorín torna a Asturias

Si Navarra era el principal polvorín territorial para las siglas populares por la complejidad de las circunstancias, la progresiva fragmentación interna del aparato aún controlado por Teresa Mallada ha fijado la atención de Génova más al norte de la península. En Oviedo se han cimentado dos corrientes: la encarnada por la actual dirigente y su secretario general Álvaro Queipo, frente a otra crítica protagonizada por militantes como el alcalde de la capital Alfredo Canteli, que piden en privado un nuevo liderazgo. En público, el ovetense declina esa decisión al propio Feijóo, pero hay temor interno por que, una vez definida el nuevo presidente, sucumba a la división y favorezca una nueva victoria del socialista Adrián Barbón.

Voces como la del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, cuestionan en privado la idoneidad del tándem Mallada y Quiepo

Queipo acudió a una comida el pasado domingo junto al exvicepresidente popular del Gobierno y exlíder de Foro Asturias Francisco Álvarez-Cascos. Desligado ya de la marca regional de derecha, el segundo de Aznar en La Moncloa, apuntan voces del PP, habría sido contactado para apoyar, al menos mediáticamente, el nuevo proyecto popular en la autonomía dada la buena relación con Feijóo -lo posicionó como presidente de Correos de 2001 a 2003-. Con la escisión de los populares asturianos, Álvarez-Cascos causó en 2011 una amplia sangría de sufragios regionales: de 248.907 en 2007 a 107.476. Foro se hizo con cerca del 49% de las bases del PP, aunque perdió fuerza posteriormente con el salto nacional de Ciudadanos. Situado Foro Asturias en la barrera de los 35.000 votantes, desde Génova, creen que su imagen podría ayudar a reagrupar el voto de la escisión con Cs prácticamente fuera de juego.

La alternativa presidencial podría pasar por Queipo, segundo de Mallada, la cual está desgastada tras dos derrotas electorales frente a Barbón -pese a todo, y ante las dudas, continúa elaborando el programa electoral-. De ahí ese acercamiento a Álvarez-Cascos que, sin embargo, desde el PP asturiano sitúan dentro de la normalidad; como un hecho sin relevancia. Recordar que Mallada, además, cuenta con polémicas a sus espaldas como el 'caso Hulla', en la que le atribuyen delitos de prevaricación administrativa, urbanística y tráfico de influencias por la construcción de un hotel cuando era portavoz del PP en el municipio de Aller entre 2008 y 2011. Ello, sin embargo, resultó sobreseído por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Una prioridad de Feijóo

Desde su llegada al despacho presidencial de Génova, el líder del PP ha querido consagrar una estructura lo más próxima a sus prioridades políticas que cierre, en lo posible cualquier hilo conductor con la anterior etapa de Pablo Casado. Todo frente a nuevas informaciones como el pacto alcanzado en octubre de 2021 entre el exsecretario Teodoro García Egea y el ministro de la Presidencia Félix Bolaños para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un nuevo quebradero de cabeza para el equipo del gallego, que defiende "empezar de cero" también en ese sentido.

Feijóo ha situado a personas de confianza en Galicia, con Alfonso Rueda, Extremadura, con María Guardiola, y Barcelona, con Manuel Reyes. Ha reducido las tensiones con la Comunidad de Madrid alzando a su presidenta Isabel Díaz Ayuso hacia el liderazgo de la organización madrileña y ha confiado en Fernando López Miras -una apuesta de Casado y García Egea en Murcia- pese a la inseguridad electoral que, afirman fuentes del PP, éste le generaría. Sin embargo, Feijóo no quiere apostar por el bisturí antes de dar un golpe electoral en las generales. A partir de ahí, sí tomará decisiones más rotundas que puede afectar a personalidades como Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana o Paco Núñez en Castilla-La Mancha. Todo dependerá del resultado del próximo mayo.

El mes de septiembre toma posiciones claras para dar salida a esos procesos internos -más largo será el proceso navarro de negociación tras el nombramiento del nuevo presidente- y asegurar una fecha sobre el calendario a partir de la que erigir una propuesta programática para los comicios. Mientras en Cantabria la alcaldesa de Santander Teresa Igual adquiere galones para suplir a María José Sáenz de Buruaga, en La Rioja la marcha ya asegurada del líder José Ignacio Ceniceros no permite vislumbrar aún un suplente claro. El foco ha estado puesto en la secretaria general y portavoz parlamentaria Cuca Gamarra, exalcaldesa de Logroño. Sin embargo, la vía Cospedal -compatibilizó el mismo cargo en Génova con la presidencia de Castilla-La Mancha- no parece ser del agrado ni de la número dos del partido, ni de Feijóo.