El Consejo General del Poder Judicial baraja desde julio media docena de nombres para proponer el nombramiento de dos de ellos como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, según le insta la reforma legal del Poder Judicial impulsada por el PSOE para asegurarse la renovación del Alto Tribunal en otoño y que éste pase a tener una mayoría progresista.

El próximo 7 de septiembre tendrá lugar el acto de apertura del año judicial que estará presidido por el Rey y en el que Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ que lleva en funciones ya más de tres años y medio, instará seguramente una vez más a los partidos políticos a llegar a un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Un día después, los vocales del consejo de jueces se reunirán en pleno extraordinario, según les trasladó Lesmes el pasado 21 de julio, exhortándoles a consensuar dos candidatos que reúnan el mínimo de 12 votos necesarios para nombrarles magistrados del Constitucional. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fue respaldada por la mayoría del Congreso a iniciativa del PSOE les pone la fecha máxima del 13 de septiembre para hacerlo.

Magistrados del Tribunal Supremo

Hasta la misma primera semana de septiembre, cuando la actividad de otras comisiones vuelve al CGPJ, los vocales del bloque progresista y conservador no tienen previsto retomar las conversaciones. Pero, según trasladan fuentes internas a El Independiente, antes de iniciar las vacaciones de agosto ya se pusieron sobre la mesa alrededor de media docena de nombres entre los que esperan elegir a los dos magistrados del Constitucional para sustituir al vicepresidente Juan Antonio Xiol y al magistrado Santiago Martínez-Vares que vencieron su mandato en junio. Al Gobierno le corresponde, por su parte, nombrar al sustituto del presidente Pedro González-Trevijano y del magistrado Antonio Narváez que también están de salida. Así se iniciaría un nuevo periodo con un Tribunal Constitucional de mayoría progresista previsiblemente presidido por el magistrado Cándido Conde-Pumpido.

Entre esos nombres que han barajado los vocales del CGPJ se encuentran los magistrados del Tribunal Supremo Antonio del Moral, presidente de la Comisión de Ética Judicial; Francisco Marín, presidente de la Sala Primera; Ignacio Sancho, también miembro de la Sala de lo Civil; Ana Ferrer, magistrada de la Sala Segunda; Pilar Teso, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo o Pablo Lucas, magistrado de la misma Sala y competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Entre éstos y otros nombres que propongan, se prevé que acuerden el nombramiento de uno de ellos de corte progresista y otro de corte conservador. Aunque los dos bloques del consejo (el conservador tiene mayoría frente al progresista) han estado divididos en las últimas deliberaciones, no parece que sea difícil que lleguen a un acuerdo de 12 votos para sacar adelante los nombramientos. Son los mismos, frente a siete en contra, con los que el pasado 21 de julio el pleno del CGPJ respaldó que el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García, reunía los requisitos legales para el cargo.

Clima de desconfianza entre Gobierno y PP

La deliberación para proponer a los candidatos del Constitucional que permitan renovar el tercio del Alto Tribunal tendrá lugar al inicio de un curso judicial y político en el que la desconfianza y las tensiones entre el Gobierno socialista y el Partido Popular serán la tónica general. Con importantes citas electorales por delante, Pedro Sánchez y Alberto Núñez-Feijóo parten con ajustadas posibilidades de hacerse con la confianza de los votantes, según distintas encuestas.

En ese ambiente, la renovación del CGPJ continúa siendo un arma política que arrojarse entre los dos principales partidos. El Partido Popular afirma no fiarse del Gobierno socialista, concretamente del ministro de Presidencia Félix Bolaños, interlocutor de las conversaciones para la renovación del Poder Judicial, después de que haya filtrado el supuesto acuerdo de renovación del Poder Judicial al que llegó con el exsecretario general del PP, Teodoro García Egea. No es la primera vez que Sánchez y su equipo filtran conversaciones privadas entre PSOE y PP. Por su parte, desde el Gobierno acusan al PP de continuar obstruyendo la renovación del consejo de jueces con una mayoría conservadora acorde a sus intereses. Si no llegan a un acuerdo de renovación antes de diciembre, el CGPJ cumplirá cuatro años en funciones en una situación de anormalidad democrática sin precedentes.