La estrategia de presión al Partido Popular (PP) desarrollada por Moncloa desde la semana pasada, a cuenta de la renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), no ha surtido efecto en las filas populares en lo que se refiere a la convalidación del real decreto de medidas de ahorro energético. Al relato del Gobierno en materia judicial enarbolado hace unos días, de que "Feijóo no es de fiar" porque no ha cumplido el acuerdo pactado por la anterior dirección para desbloquear el órgano de los jueces, resurge, nuevamente, en lo relativo a la energía y a la falta de compromiso con Europa y los españoles, entre otras acusaciones. Esta vez desde la sede socialista de Ferraz y a cargo de la ministra de Educación y nueva portavoz del partido Pilar Alegría: "O (el PP) está a favor de la unidad europea como defiende la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, o sigue apostando por la obstrucción a todo".

El ultimátum lanzado este lunes por el coordinador general de los populares desde Génova, tras la reunión semanal del comité de dirección, ha contribuido a ello. Elías Bendodo ha instado al Gobierno a revisar hoy martes en Consejo de ministros el texto aprobado el pasado 1 de agosto y, desde entonces, en vigor. Todo ello, retirando propuestas "frívolas" y "populistas" como el apagado nocturno de escaparates o la limitación de la temperatura, y pactando un acuerdo de consenso con las Comunidades. Ésta última exigencia, además, es la principal línea roja de socios preferentes de investidura como Esquerra Republicana o el PNV.

Sin mostrarse abiertos a tener en consideración esa advertencia y cerrando en apariencia el enésimo puente posible de diálogo, el PSOE ha incrementado sus ataques al principal partido de la oposición. Primero, en directo con declaraciones de Alegría posteriores a las de Bendodo. Después, con una intensa campaña a través de las redes sociales. Entre sus mensajes: El PP está instalado en "el 'no' por el 'no'" y no está comprometido con que "los trabajadores y las familias paguen menos en el transporte" o que "los jóvenes reciban 400 euros más en becas".

Lejos de la confrontación dialéctica acorde con el clima que comienza a respirarse a falta de unos días para el inicio del nuevo curso político, con la gran cita electoral de mayo de 2023 en localidades y gran parte de las autonomías -salvo las que han celebrado comicios anticipados-, lo cierto es que el Gobierno tiene un problema que solventar, a tres días de que un pleno extraordinario someta a votación la convalidación del decreto energético. Y es que la negativa de los populares a repetir la abstención mediados de julio para sacar adelante el segundo decreto anticrisis, no va a volver a repetirse si Moncloa no hace concesiones. Ello, complica más las cuentas del Ejecutivo, que tiene en contra no solo a díscolos, sino a afines ante lo planteado en el documento ya publicado en el BOE.

A la postura negativa confirmada, por el momento, por PNV y ERC, se une asimismo la de los cuatro diputados del Partido Democrático Europeo de Cataluña (PDeCAT), que en las últimas grandes votaciones ha avalado a la coalición. Por ello, aunque EH Bildu opte por el 'sí' junto a Más País-Compromís y los partidos minoritarios del Grupo Mixto tales como el Partido Regionalista Cántabro (PRC), el BNG o Teruel Existe, Sánchez no lograría la mayoría simple necesaria. Sobre todo con otros partidos rechazándolo como Vox o Ciudadanos. En el caso de los naranjas, porque el decreto "somete a familias y empresarios a restricciones imposibles", ha destacado su portavoz parlamentario Edmundo Bal. PSOE y Unidas Podemos, por tanto, cuentan con un balance de 153 votos a favor frente a 180 -añadido los dos díscolos de Navarra Suma- y con 16 escaños en juego que no cambiaría nada. Se requiere movilizar a ERC o al PP como mínimo.

Inmovilismo de Moncloa

El lunes 8 de agosto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, descartaba completamente cualquier posibilidad de dar un paso atrás con el texto: "No se cambiará el decreto aprobado", manifestó la también vicepresidenta tercera del Gobierno. Todo ello, ante el planteamiento de todas las comunidades presididas por el PP de que el decreto fuera retirado: Galicia, Castilla y León, Madrid, Murcia y Andalucía. Ello, hace difícil que este martes el Consejo de ministros vaya a tomar cualquier decisión para fomentar un acercamiento con los populares, que exigen, además, el uso de energía nuclear en España o del biogás y el hidrógeno. También -y coincidiendo con Cs- la rebaja del IRPF y la devolución "a las familias" de los 16.500 millones de euros de sobrerecaudación conseguidos desde enero.

Moncloa rechazó retirar el decreto a demanda de los territorios del PP a principios de agosto. Será difícil que ceda al ultimátum de Génova

Ante esa desatención a la demanda de las regiones populares, la vía de desatasque por la que podría optar el Gobierno es la de intentar acercar posturas con la izquierda republicana catalana y con el nacionalismo vasco aceptando incorporar ciertas demandas particulares e, incluso, esa negociación con los territorios solicitada. Todo, mientras se intensifica la polarización con el partido de Alberto Núñez Feijóo, se evita cepara intentar sacarlo del ámbito de la moderación que, según las encuestas, ocupa desde las semanas previas a las elecciones de Andalucía.

Incidir en la senda nacionalista no solo iría bajo el objetivo de convalidar el texto, sino de reforzar relaciones con partidos como el PNV a escala nacional y regional, quienes, de acuerdo a las últimas informaciones, estarían interesados en acercar posturas con el nuevo PP de Feijóo. De hecho, y aunque desde Génova no la contemplan de manera tan aislada -indican que corresponde a una ronda de consultas con el resto de liderazgos a nivel nacional-, hay fijada para septiembre una reunión entre el presidente del PP y su homólogo en el PNV Andoni Ortuzar. Y es que perder a la formación liderada en el Congreso por Aitor Esteban llevaría a un panorama más turbio al PSOE de tener opciones a revalidar el mandato a finales de 2023.

Las demandas territoriales

El de este martes, será la primera reunión ministerial del curso. Entre otros cometidos, el Gobierno dará luz verde a la distribución de ayudas autonómicas para la rehabilitación de edificios residenciales y vivienda social, y se abordarán la triada de leyes de Libertad Sexual, de Ciencia y Concursal que el jueves pasarán de nuevo por sede parlamentaria. Según ha indicado la portavoz socialista, también se tratará el decreto energético, del del nuevo régimen de cotización por ingresos reales para autónomos y las medidas de urgencia para los incendios forestales.

Desde Cataluña el principal reproche que hace el presidente Pere Aragonés no es que las medidas expuestas no sean adecuadas. De hecho, "comprenden la necesidad de racionalizar el uso de la energía" en un momento crisis geopolítica. Lo que ha denunciado es la falta de claridad y puntualización de cada punto del decreto. En la Generalitat ven "imprecisiones jurídicas", mientras que en País Vasco, el Gobierno de Íñigo Urkullu exige más flexibilidad y control de la norma.

Optar por esa demanda de claridad, flexibilidad y control podrían hacer a PNV y ERC recapacitar y apoyar el real decreto, lo que evitaría que el proceso empezara de cero en un momento de emergencia energética con el otoño a la vuelta de la esquina. Los 153 parlamentarios que conforman la coalición verían reforzados e incrementados a 174 contra 165 'noes', lo que haría irrelevante el voto de EH Bildu y el resto de partidos regionales minoritarios. El texto se vota este jueves a partir de los 09:00 horas.