El Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez -votará telemáticamente al estar de gira en Latinoamérica- se ve, nuevamente, abocado a una votación in extremis en el Congreso de los Diputados para convalidar el real decreto de medidas de ahorro de energía que el Consejo de ministros aprobó el 1 de agosto. Un texto que viene a responder a la demanda de la Unión Europea de rebajar en siete puntos el gasto energético para hacer frente a la dependencia de combustible provocada por el conflicto bélico en Ucrania y a las sanciones a Rusia. Son varios los antecedentes que certifican la dinámica que está empezando a implantarse en sede parlamentaria desde la segunda mitad de legislatura: desde los dos decretos anticrisis de abril y julio a la reforma de la Ley del Poder Judicial para renovar el Tribunal Constitucional y la Ley de Memoria Democrática. Todo ello, además de otros grupos minoritarios, con ERC, EH Bildu y el PNV en el centro de la ecuación.

La necesidad de alcanzar acuerdos con más actores para legislar, especialmente entre el eje izquierda-nacionalismo periférico, ha sido una constante desde que PSOE y Unidas Podemos iniciaron su andadura de asociación a escala nacional. Sin embargo, y a diferencia de otras largas jornadas parlamentarias, el decreto que pasará en un día por las Cortes, tiene bastante complicado fructificar si Moncloa no ofrece alguna concesión o se compromete con el nacionalismo vasco, la izquierda abertzale o los republicanos catalanes. Y es que el bloqueo por parte de la derecha a la dinámica del Gobierno impide que, como tras el último debate del estado de la nación, el PP se abstenga por compromiso con la ciudadanía.

Tras la primera reunión ministerial del Ejecutivo en este nuevo curso político que ha quedado inaugurado, que tiene como primer gran horizonte la contienda electoral municipal y autonómica como preludio de las generales, la ministra Portavoz Isabel Rodríguez, ha reconocido que aún carecen de los apoyos necesarios para gozar de tranquilidad de cara a la cita extraordinaria del jueves en la Carrera de San Jerónimo. De hecho, ha asegurado que, como vienen haciendo de manera ininterrumpida durante el descanso estival, seguirán "en contacto" con todas las formaciones hasta el último momento.

A día de hoy, la única certeza para la coalición es que cuentan con 153 'síes' en un parlamento que ha visto mermada su mayoría de 350 escaños a 349 tras la baja en octubre del año pasado del diputado morado Alberto Rodríguez, un asunto actualmente está bajo estudio del Tribunal Constitucional. A ello, hay que contar con la marcha su compañera y también canaria, María del Carmen Pita, al grupo mixto. El mecanismo actual por el que queda convalidado un real decreto ley es mediante mayoría simple, algo que, en vistas a los 'noes' ya comunicados por la derecha, hacen imposible que prospere la ley. Esta es la posición momentánea que mantiene cada grupo parlamentario:

La derecha veta una "imposición": PP, Vox y Cs

Con Vox instalado en la oposición permanente a cualquier acción que provenga de Moncloa, a principios de semana la atención del Gobierno estaba fijada en los naranjas y, especialmente, en la comparecencia posterior a la reunión del comité de dirección de este lunes en Génova. Ambas formaciones, tanto la liderada por Inés Arrimadas (9) como el grupo popular de Cuca Gamarra, con 88 escaños, han optado por seguir los pasos de las siglas presididas por Santiago Abascal (52). Ello, plantea una negativa inicial de 149 diputados.

Mientras que el PP insta al Gobierno a dejar las "imposiciones" y renegociar con las autonomías el decreto; a considerar fuentes de energía el biogás o el hidrógeno; a deflactar la tarifa del IRPF, y redistribuir la sobrerecaudación, dicen, de 16.500 millones desde enero a consecuencia de los 10,8 puntos de inflación para votar a favor, Cs ha enviado un escrito a Moncloa con trece propuestas concretas -algunas próximas al PP como el IRPF- para virar su postura. Entre ellas, están la flexibilización para las empresas, la diferenciación de temperatura por zona climática, el gas con IVA reducido, desligar la tarifa regulada (PVPC) de los precios del mercado mayorista o destinar los excedentes de energía solar a familias vulnerables. Populares y naranjas hacen, además, hincapié en que el Gobierno recapacite -tras la calificación de 'verde' de la energía nuclear- y retrase la vida útil de las centrales, cuyos reactores se irán eliminando progresivamente hasta la próxima década.

Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y BNG

La base de 'síes' del Gobierno aumentaría a 156 con los tres de Íñigo Errejón, Inés Sabanés y Joan Baldoví, componentes de la confluencia Más País-Verdes Equo-Compromís. Dentro del Grupo Plural, lo más probable es que el partido de Miriam Nogueras, Junts (4), opte por el 'no', una dinámica que ha seguido en anteriores votaciones con medidas de carácter económico y social al no compartir el planteamiento ni la forma con el Gobierno.

Más complicado es determinar el sentido de PDeCAT (4), que ha protagonizado un acercamiento al PSOE, y el BNG (1), que pese a rechazar la reforma del trabajo por considerarla escasa se ha alineado favorablemente en las últimas votaciones. Su aprobación al decreto, por la coyuntura, dejaría a PSOE y Unidas Podemos con una cifra positiva de 161 votos frente a 153.

Grupo Mixto

Los portavoces Tomás Guitarte de Teruel Existe y José María Mazón del Partido Regionalista Cántabro (PRC) apoyan al Ejecutivo en esta cuestión, un respaldo que viene reeditándose en las grandes citas. Igualmente probable, será el respaldo de Pita pese a no compartir el mismo espacio ya. En cambio, tanto Foro Asturias (1), la CUP (2) como los tres diputados no adscritos, Pablo Cambronero -ex de Cs-, y los dos díscolos de la Unión del Pueblo Navarro (UPN) Sergio Sayas y Carlos García Adanero, votarán negativamente. También los dos de Coalición Canaria (CC), que, con la baja de Pedro Quevedo -por Nueva Canaria en las mismas listas- y la entrada de María Fernández, ha restado un voto simpatizante a Sánchez.

Socios preferentes: ERC, PNV y EH Bildu

Con el reparto de posturas del Grupo Mixto, Moncloa tiene asegurados virtualmente 164 'síes' y una oposición de 161 'noes'. Eso deja el futuro del decreto en manos de los tres socios predilectos del Gobierno en este mandato: EH Bildu (5) permitió sacar el primer decreto anticrisis adelante, y el 'sí' de PNV (6) y ERC (13) marcó la aprobación del segundo. Ahora, socialistas y morados vuelven a necesitar de ellos. En base a los números, una triple abstención de socios sería suficiente para consolidar ese 164-161. Sin embargo, sería arriesgado dado que se desconoce si PDeCAT, BNG o Pita cederán con certeza. Ese margen de más-menos seis escaños, que pueden engrosar el 'no' o ir a la abstención, demandan el obligado 'sí' de EH Bildu. La complicidad entre abertzales y Gobierno, tras la ley de Memoria, por ejemplo, harían que éstos fuesen la pieza más probable de tornar a favor.

Con una variación positiva de entre 163 y 169, y una negativa a la norma de entre 161 y 167 diputados, dependiendo de la voluntad de PDeCAT, el BNG y Pita -que suman seis- de ir a favor, abstenerse u estar en contra, al Gobierno le es imprescindible que ERC y PNV abandonen un hipotético 'no' y, o bien apoyen los dos el texto, o uno elija la abstención y otro el 'sí'. De ese modo, PSOE y Unidas Podemos tendrían una horquilla mayoritaria de entre 176 y 182 -con ERC-, de 169 y 175 -con PNV- o de 180 y 188 -con el 'sí' de los dos-. Ello, frente a una máxima de 167 escaños de oposición.

El Gobierno confía en el apoyo final de PNV y ERC pese a las críticas de País Vasco y Cataluña al decreto. Pere Aragonés reprochó a principios de mes, no que lo aprobado no fuese correcto u adecuado, pero sí su escasa claridad sobre el papel. Eso, afirman desde el Govern, puede dar lugar a "imprecisiones jurídicas". Por su parte, desde Euskadi el lehendakari del PNV Íñigo Urkullu pide, sobre todo, flexibilidad -en la línea de Cs- para las empresas y cierto control autonómico de la norma. Concesiones territoriales en ese sentido, pueden facilitar a Moncloa otro trámite complicado.