El PSOE ha activado la maquinaria electoral para intentar recuperar el terreno teóricamente perdido tras las elecciones en Andalucía y reforzarse de cara a las municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. Unos comicios que serán la gran prueba de fuego para medir el equilibrio de fuerzas entre el bipartidismo y sus potenciales socios como preludio de las generales. Tras una semana pasada marcada por el documento que certificaba el compromiso de la anterior dirección del PP para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha servido para acusar a Alberto Núñez Feijóo de no cumplir lo que firma, Ferraz ha colocado otro nuevo marco político en el debate: el nuevo PP es el del 'no a todo'. Todo ello, ante la negativa de Génova de convalidar el decreto de medidas de ahorro energético si éste no es negociado con las empresas y con las propias comunidades, a quienes invaden competencias, denuncian.

El último cargo socialista autorizado que ha empleado la acusación de oposición completa a cualquier propuesta, ha sido el nuevo portavoz del Grupo en el Congreso de los Diputados, Patxi López, que en su estreno en la sala de prensa parlamentaria, ha centrado su intervención en focalizar en el PP toda responsabilidad de darse el caso de que no prospere el decreto. Un escenario que, tras los anuncios de PNV y EH Bildu, y a falta de la incógnita de ERC, parece disiparse. "Un 'no' del PP al decreto es un 'no' a Europa, a los socios" y a la propia familia europea. Una alusión a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión y miembro del PPE, que ya han usado compañeras socialistas como la ministra Portavoz Isabel Rodríguez con anterioridad.

Frente a esa estrategia orquestada desde Ferraz en consonancia con Moncloa, a excepción de la cuota morada que libra su propia batalla electoral con la configuración del proyecto de Yolanda Díaz, el PP no se queda corto. Los populares han optado por la confrontación directa, el bloqueo a cualquier balón de oxígeno a Pedro Sánchez y el señalamiento de un Gobierno que "prefiere a Bildu", ha dicho este miércoles la secretaria general Cuca Gamarra, que sentarse a negociar con el PP y los españoles. Frente a esta ruptura, aparente, de puentes entre los dos brazos del bipartidismo, socialistas y populares han conseguido alinear posturas en quince ocasiones: un quinteto de decretos, seis de proyectos de ley, tres propuestas de ley y una moción.

Cinco reales decretos

El PP, bajo las directrices de Feijóo, afincado entre la sede nacional y el escaño en el Senado, en el que ahora, además de Miguel Tellado, vicesecretario de Organización, le acompañarán el titular económico Juan Bravo y el coordinador general Elías Bendodo -todos por designación autonómica-, ha ordenado dos abstenciones y dos 'síes' a cuatro reales decretos de menor carácter ideológico y más técnicos. El primero -en abril- es el que permite la reforma del denominado Estatuto del Artista, cuyo trámite ha sido bastante discreto. El segundo real decreto -en mayo- para perseguir a los oligarcas rusos que eludiesen las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania.

El tercero -en junio- que no han bloqueado desde Génova es la denominada excepción ibérica, que ha topado en la península la cuantía del gas en la generación de energía eléctrica ante la escalada de precios. Una abstención a la que también se sumó Vox frente al 'sí' del Gobierno y sus socios y el no de Nueva Canarias -ya no representada tras la baja de Pedro Quevedo- y Foro Asturias. El cuarto texto aprobado en Consejo de ministros que también tuvo vía libre -en julio- con la abstención de los conservadores fue el último decreto de medidas anticrisis para paliar los efectos económicos del conflicto en Ucrania. Una postura de voto que, finalmente, no fue determinante al contar Moncloa con la mayoría y el 'sí' de ERC. El motivo trasladado desde el partido, para reconsiderar su negativa al texto anterior de abril fue que, pese a ser "un plan insuficiente e incompleto" y carecer "de medidas específicas para las clases medias" y no reducir el gasto de la Administración, introdujo una petición del plan económico del PP: reducir el IVA de la factura eléctrica del diez al cinco porciento.

Por último, y en cuarto lugar, el segundo voto favorable a un real decreto desde el desembarco del equipo de Feijóo será el que este jueves otorgue el Grupo encabezado por Cuca Gamarra a cuenta de la reforma del régimen de cotización de autónomos impulsada por el ministro de Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá. La voluntad de los populares responde a la solicitud de la Asociación de Autónomos (ATA) y Gamarra, tras reunirse con la entidad, ha indicado que el acuerdo "es un punto de partida para introducir las mejoras que consideremos oportunas a través de la tramitación parlamentaria".

Con un PSOE sin el apoyo de sus socios

El grupo socialista y la parte mayoritaria del Gobierno ha contado con el respaldo directo del PP de Feijóo en diversos proyectos de ley y para oponerse a otras proposiciones. Incluso de sus socios. El primer gran punto de encuentro sucedió en mayo en la votación parlamentaria las enmiendas a la totalidad de ERC y Junts a la nueva Ley de Seguridad Nacional, que prosperó con los 88 diputados populares tras el rechazo de socios. A continuación, junto a un amplio consenso de la cámara, se aprobó el proyecto de ley para impulsar la rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y, a partir de ahí, al PSOE le siguió en cascada el respaldo del primer partido de la oposición para otras cuatro legislaciones en junio.

Moncloa tuvo un 'sí' a la Ley General de Telecomunicaciones, un fleco suelto con Bruselas que, en el plazo de un año, permitirá a los ciudadanos gozar de una conexión mínima de 100 Mbps en todo el territorio, así como tener el derecho a no recibir llamadas indeseadas de carácter comercial o spam. Los socialistas contaron con el mismo apoyo para la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación -este jueves vuelve a pasar por el hemiciclo tras una enmienda del Senado- y, además, para la proposición de ley del PSOE que inicia el trámite para perseguir el proxenetismo. A ello se suma la negativa conjunta de PSOE y PP a la propuesta legislativa para imponer un impuesto a las grandes fortunas hecho por Unidas Podemos y a la propuesta para el uso de la lengua cooficial en el Congreso hecho por los partidos nacionalistas.

Por otro lado, ambos acordaron a su vez la moción -que ha fisurado a socialistas y morados- de incrementar el gasto en Defensa al 2% del PIB y la presencia militar estadounidense en la base de Rota (Cádiz). Además, mientras que el PP decidió no votar negativamente -no era trascendente ante un pleno consenso- ante 181 'síes' y 45 'noes' del grupo Vox en la ley contra la descremación denominada Zerolo, en recuerdo al exdiputado socialista y activista de los derechos LGTB fallecido, Pedro Zerolo; su abstención si fue plenamente determinante para convalidar la Ley Audiovisual en mayo.

Entonces, Unidas Podemos denunció que la norma perjudicaba a las pequeñas productoras, y que, por ello, no podría apoyarlo. Con 33 escaños menos en las Cortes y el rechazo de EH Bildu, la abstención del PP salvó por la mínima la legislación pactada con ERC y PNV, que establece cuotas de doblaje audiovisual en catalán y euskera. El argumento de los populares, entonces, fue que había que cumplir con Europa al tratarse "de la transposición de una directiva que debería haberse realizado antes de septiembre de 2020" y por la que España fue apercibida.