La jefa del Área de Menores de Ceuta, Antonia Palomo Fernández, quien puso en conocimiento de la Fiscalía que el Ministerio del Interior y la ciudad autónoma habían diseñado un protocolo de repatriación de menores a Marruecos en agosto del año pasado que no respetaba el procedimiento legal y les dejaba en una situación de vulnerabilidad, declaró ante los fiscales que no le constaba que ningún menor hubiera sido oído.

Tras la crisis que provocó la entrada masiva de inmigrantes en España saltando la valla de Ceuta en mayo de 2021, después de la crisis entre el Gobierno español y el de Marruecos por el acogimiento en España del líder del Frente Polisario Brahim Ghali, 800 menores quedaron en Ceuta sin una solución.

El Ministerio del Interior y la ciudad autónoma crearon un sistema de repatriación de los menores "excepcional por falta de medios", según se le transmitió a la funcionaria denunciante desde el Gobierno ceutí, para repatriar hasta a 145 menores a Marruecos. Dicho procedimiento no respetó la ley de Extranjería y vulneró los derechos de los menores.

Para llevarlo a cabo se realizó una reunión con representantes del Gobierno de Marruecos en la frontera entre los dos países que la funcionaria Palomo denunció ante la Fiscalía. Ahora, el Juzgado de Instrucción 2 de Ceuta investiga los pormenores de dicho procedimiento en una causa donde ya están investigadas por presunto delito continuado de prevaricación administrativa la delegada del Gobierno socialista en Ceuta, Salvadora Mateos y la vicepresidenta del Gobierno de la ciudad autónoma, Mabel Deu.

La responsable de Menores se dirigió a la Fiscalía hasta en dos ocasiones para denunciar que el dispositivo no estaba respetando los pasos previstos en la Ley de Extranjería. La primera vez, el 12 de agosto, envió un correo electrónico al Fiscal Jefe de la Fiscalía de Ceuta, Luis Puerta Martí, poniéndole en conocimiento de la citada reunión fronteriza y pidiéndole amparo.

El 15 de agosto, una vez se había procedido a la devolución de varias tandas de 15 jóvenes, le envió otro correo afirmando directamente que la devolución de los menores de Ceuta a Marruecos se hizo "sin garantías", adjuntando un informe de la fundación de protección a menores Samu y aclarando que "en modo alguno he intervenido, ni ningún miembro de Servicio de Protección en la ejecución de estas devoluciones de menores bajo la guarda de la ciudad de Ceuta sin garantías".

Segundo correo de la Jefa del Área de Menores de Ceuta al fiscal jefe

Un día después de dicho mail, y previa denuncia de la situación también por parte de las ONG Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces, un juzgado contencioso-administrativo de la ciudad autónoma paralizó de manera cautelar las devoluciones a petición de dichas organizaciones. Aún así, se practicaron hasta 55.

Declaración ante la Fiscalía

Antonia Palomo declaró ante la Fiscalía cuando ésta inició su investigación tras las denuncias de la funcionaria y de distintas ONG, el 17 de agosto de 2021. En dicha declaración, según consta en el sumario de la causa, Palomo afirmó que el 9 de agosto la vicepresidenta del Gobierno María Isabel Deu "la llamó a su domicilio informándole de que había recibido una carta del Ministerio del Interior" y que, como trasladó en su primer mail, el día 11 se le convocó a una reunión transfronteriza en la que se acordó devolver a los menores apoyándose en un acuerdo bilateral entre España y Marruecos de 2007. Previamente, la consejera de Presidencia ceutí le había explicado que, puesto que "estos menores han entrado de manera excepcional, por ello para solucionar el problema es necesario también seguir un procedimiento excepcional también por falta de medios". La funcionaria afirmó ante los fiscales que en su opinión "el acuerdo marroquí está para agilizar los procedimientos de repatriación, no para saltárselos" y que ningún menor podía salir de Ceuta sin el procedimiento.

También contó a los representantes del Ministerio Público que a la reunión de la frontera a la que asistieron representantes de la Policía Nacional, del Gobierno de Ceuta y de la Delegación del Gobierno, apareció una "representación del Reino de Marruecos". "Eran unas cinco o seis personas, no se identificaron personalmente, tampoco manifestaron el cargo público que ostentaban. Al parecer, traían un autobús para llevarse ya a menores a su país. Aducían que muchos padres solicitaban la devolución de sus hijos", recogió la Fiscalía que declaró.

Palomo trasladó que se ofreció para que los padres pudieran ponerse en contacto con Protección de Menores y comenzar el proceso de reagrupación de los niños tal y como se hacía habitualmente en la ciudad y que "un tal Hassan", que se incorporó posteriormente a la reunión, afirmó que ellos no podían buscar a los padres y que los niños serían ingresados en un centro en Rio Martil. La declarante alertó de que desde dicha reunión en la frontera no se le solicitó ningún informe ni se le consultó ninguna decisión y que ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos solicitó amparo al Ministerio Fiscal.

"Ni a la compareciente ni a la entidad pública de Protección le ha sido solicitada le ha sido solicitada ninguna información de los expedientes administrativos de los menores que son expulsados. Que no tiene constancia de cómo han podido determinar si son o no vulnerables", recogió la Fiscalía de la declaración de Palomo.

"Respecto al procedimiento de repatriación de menores previsto en la Ley y Reglamento de Extranjería, ni la compareciente ni la Entidad Pública ha realizado informe alguno. No le consta que ningún menor haya sido oído", recogió el Ministerio Fiscal.