El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha fallado a favor de Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull y Josep Rull y dictamina que su suspensión como diputados del Parlament vulneró sus derechos políticos. El dictamen, hecho público este miércoles, ha sido acogido como una victoria por los afectados y el movimiento independentista en general. Y como un buen precedente para los juicios pendientes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), aunque la decisión de Comité, radicado en Ginebra (Suiza) no tiene efectos jurídicos.

El Comité de la ONU concluye en su dictamen que España "violó los derechos de los autores en virtud del artículo 25 del Pacto, en tanto la decisión de imputar a los autores por el delito de rebelión que resultó automáticamente en sus suspensiones de sus funciones públicas previas a la condena no fue por motivos previstos en la legislación, que sean razonables y objetivos".

Cuestiona la violencia

El dictamen cuestiona que se cumpliera el requisito de violencia que dio pie a la acusación de rebelión contra los líderes independentistas. Y fue la imputación de ese delito la que permitió su suspensión como diputados del Parlament antes de celebrarse el juicio por el procés.

El Comité considera que, en el presente caso, "su dictamen sobre el fondo de la reclamación constituye una reparación suficiente para la violación dictaminada". Pero advierte a España que "tiene la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro".

Bofetada al Estado

El ahora secretario general de Junts, Jordi Turull, se ha felicitado por la decisión del Comité, que ha calificado de "gran bofetada al Estado y las togas". Una expresión que ha reproducido Carles Puigdemont en redes, asegurando que "los responsables de esa violación no pueden dar lecciones de democracia y deberían asumir responsabilidades".

En declaraciones a Catalunya Radio, Turull ha destacado que se trata de una "victoria política y moral que nos da esperanza porque los tribunales europeos sí se toman en serio las resoluciones de la ONU".

"Tenemos esperanzas en que el TEDH se fije mucho en estas resoluciones" ha añadido Turull, quien ha asegurado que "el juicio del 1-O se movió en términos de venganza y no de justicia".

En este contexto, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que aportaran este dictamen al proceso que instruye el TJUE sobre la inmunidad de Puigdemont como europarlamentario y la vigencia de las eurórdenes contra él y Toni Comin dictadas por el Tribunal Supremo. "E imagino que otros lo harán ante el TEDH" ha añadido.

Acción concertada

En su denuncia, los cuatro dirigentes independentistas argumentaron que el ejercicio de sus derechos políticos en virtud del artículo 25 del Pacto “no puede suspenderse ni negarse, salvo por los motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos y comporten procedimientos justos y equitativos".

Añadían que las restricciones "deben ser especialmente sospechosas cuando se dirigen –como en el presente caso– no a un único representante sino a la dirección de los grupos políticos como tales, y cuando se ejecutan incluso antes de esperar el resultado de un juicio penal con sus garantías procesales".

Los independentistas sostienen que la acusación de rebelión "siempre careció de fundamento fáctico", y que la imputación formal del Juez de Instrucción –que fue la base de la suspensión– fue tomada sin fundamento legal, a través de una interpretación excesivamente amplia del Código Penal. Agregan que, en ausencia de violencia, la suspensión era desproporcionada y carecía de los criterios "objetivos y razonables" que exige el Pacto.