El Gobierno afronta unos meses muy importantes de negociaciones. A las negociaciones con partidos políticos y agentes sociales, Teresa Ribera ha agendado diversas reuniones con empresas energéticas para intentar llegar a acuerdos y acercar posturas tras las últimas decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Durante las conversaciones previas, el sector energético mostró su rechazo a las iniciativas de Moncloa, que pasan por aumentar los impuestos a las grandes empresas para paliar los efectos de la crisis. Si bien las empresas gasistas y las eléctricas fueron las que alzaron la voz durante todo este tiempo, las compañías petroleras han venido manteniendo un perfil mucho más comedido, pero las últimas decisiones del Gobierno han provocado que el sector de los combustibles preparen una ofensiva “para velar por sus intereses”.

Según explican fuentes jurídicas, las empresas ya están estudiando la letra pequeña para emprender acciones legales contra el Ejecutivo y se espera que en las próximas semanas se conozcan nuevos detalles. La llegada del impuesto a las empresas energéticas que intervienen en la facturación de las empresas fue la primera piedra en el camino que unían las conversaciones entre Moncloa y las propias compañías.

Cabe recordar que el gravamen se aplicará sobre el importe neto de la cifra de negocios, los ingresos de las compañías. Quedarán exentas aquellas que no alcancen los 1.000 millones de euros y las que, teniendo un negocio energético, éste no alcance el 50% de su facturación.

Dichos impuestos se aplicarán sobre los resultados de 2022 y 2023, aunque se cobrarán en el año siguiente. En concreto, se fijó que lo paguen en septiembre de 2023 y de 2024 en referencia a los ejercicios previos.

Esta idea supuso que Repsol, la petrolera más importante de nuestro país, rompiera su silencio a través de una tribuna escrita por Josu Jon Imaz, CEO de la compañía, en El País. En concreto dijo que la medida “va en contra de la actividad empresarial” y sostiene que “dañará” la capacidad de inversión de las empresas y del empleo industrial, repercutiendo, en último término, en la competitividad del país y su modernización. A su vez, el directivo cree que el impuesto va “contra la actividad empresarial” y que además se pretende abordar con "una legalidad cuestionable".

En una intervención con los inversores, Josu Jon aseguró que "España vive en una jurisdicción segura". "No tengo ninguna duda de que nuestro marco constitucional, el sistema legal español y la legislación europea, nos van a proteger de cualquier potencial iniciativa arbitraria", sentenció.

Descuentos en las gasolineras

Pero los impuestos no son los únicos motivos por los que el sector petrolero está molesto con el Gobierno de Pedro Sánchez. Hace pocas semanas, diversos ministros del Ejecutivo admitieron que Moncloa sopesa seriamente alargar los descuentos a los carburantes de 20 céntimos más allá del 2022.

Fuentes del sector petrolero remarcan a este periódico que esta medida es “completamente electoralista” a la par que remarcan que “no atienden a parámetros económicos”. Las mismas voces inciden en “la alta volatilidad en la que se encuentran los mercados de petróleo” por lo que es “complicado conocer cuáles serán los precios” en los que se muevan los carburantes en los próximos meses.

Las críticas también se extienden a las estaciones de servicios independientes. Estas empresas sostienen que se ven obligados a adelantar de media unos 33.000 euros al mes (alrededor de 1.000 euros diarios) para poder subsidiar el repostaje de sus clientes antes de que Hacienda lleve a cabo la devolución del dinero. El mero hecho de que se extiendan estos descuentos hará “una situación inasumible” y abocará “a algunas gasolineras a recurrir a préstamos bancarios”.

Fuentes del sector, a su vez, recuerdan que diversos informes financieros han sido contrarios al pensamiento del Gobierno. Por ejemplo, Fedea propuso eliminar la bonificación de los carburantes y las rebajas en los impuestos sobre la electricidad con el fin de redirigir los recursos ahorrados a medidas de apoyo a las rentas medias y bajas. Esto se haría mediante una reducción transitoria de los tipos del IRPF para los tramos inferiores de renta y la reflactación de la tarifa del impuesto con la inflación acumulada.

El Banco de España, a su vez, sostiene que los descuentos favorecen a las clases con mayor renta. Según sus cálculos, el descuento de los 20 céntimos entre el 1 de abril y el 20 de junio de este año reducirá en 0,35 puntos porcentuales la inflación soportada por los hogares de menor renta en dicho período, mientras que que los de mayor renta experimentan una reducción más intensa, de 0,61 puntos.