Vocales del bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) barajan ya presentar su dimisión para forzar una renovación del órgano en caso de que PSOE y PP no lleguen a un acuerdo de renovación antes de enero de 2023, cuando se habrían cumplido cuatro años con el consejo caducado.

Hace tres años y ocho meses, en diciembre de 2018, venció su mandato y desde entonces los dos principales partidos políticos están atascados entre la obstinación y la desconfianza. En dos ocasiones durante la etapa de Pablo Casado en la presidencia del PP estuvo a punto de cerrarse un acuerdo, pero sin éxito. La segunda, el año pasado, con un documento firmado entre el ministro de Presidencia Félix Bolaños y el exsecretario general del partido de la oposición, Teodoro García Egea, del que la actual dirección del PP se desvincula. Cuando éste se publicó en El País, Alberto Núñez Feijóo explicó que su antecesor en el cargo no le habló del documento en el traspaso de poderes y su equipo no se identifica con el compromiso que parecía sellarse en él.

El Gobierno presiona al PP para que renueve culpándole del gasto en personal de 1,3 millones que ha tenido que hacer Justicia -según afirmó este martes la ministra Pilar Llop- para reforzar al Tribunal Supremo con personal técnico y mitigar el efecto de las bajas de magistrados que no se han podido cubrir por el bloqueo del Consejo de jueces. Eso, a pesar de que fueron PSOE y Podemos quienes impulsaron la reforma legal para que el CGPJ no pueda realizar nombramientos mientras esté en funciones, lo que está provocando a estas alturas que haya 64 plazas vacantes en la cúpula judicial entre jueces del Supremo, tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y presidencias de salas.

El PP, por su parte, se muestra más distante y desconfiado que nunca con el Gobierno, al que acusa de filtrar el acuerdo entre Bolaños y García Egea. Esteban González Pons, encargado de las conversaciones para llegar a acuerdos sobre el Poder Judicial con el Ejecutivo, ha manifestado que será difícil llegar a buen puerto con el ministro de Presidencia como interlocutor y pide un cambio.

En el principal partido de la oposición achacan la presión y las prisas del equipo de Sánchez para renovar a que quiere que el CGPJ nombre cuanto antes a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde para que el Gobierno pueda nombrar a los de su cupo y, de esta manera, el Alto Tribunal quede con una mayoría progresista bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido. El PP pide parar el nombramiento de los magistrados del Constitucional como condición para renovar el CGPJ y el Gobierno le responde que "no caben chantajes", como afirmó también tras el Consejo de Ministros la ministra de Justicia Llop.

19 miembros

En este momento, el Pleno del CGPJ que se encarga de los nombramientos de jueces cuenta con 19 miembros en lugar de 21 tras la jubilación de Rafael Fernández Valverde y el reciente fallecimiento de la vocal Victoria Cinto.

La posibilidad de una dimisión que hace meses ni barajaban los vocales progresistas del órgano ya es una opción a tener en cuenta al no ver cercano un acuerdo de renovación, según trasladan fuentes del órgano a El Independiente.

Además de la situación de anormalidad democrática que está creando el enfrentamiento político a cuenta del Poder Judicial y la problemática de las plazas del Tribunal Supremo descubiertas que se agravará en los próximos meses, algunos vocales también han visto truncados sus planes profesionales de futuro puesto que esperaban estar en el cargo el tiempo estipulado, no casi cuatro años más. El horizonte temporal que se han puesto para tomar una decisión es enero de 2023, cuando se habrían sobrepasado los cuatro años de bloqueo del órgano de gobierno de los jueces.