A menos escasos cuatro días de que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, protagonicen un nuevo cara a cara en el Senado, Pedro Sánchez ha hecho un nuevo anuncio que ha agitado a los populares en Génova. Hasta el próximo 31 de diciembre, el gas tendrá un gravamen mínimo: pasará hasta entonces del 21% a un cinco. Y es que esta medida ya fue propuesta por el Partido Popular (PP) en el mes de abril, pocos días después de que la nueva dirección se adhiriera a la dinámica política y a las puertas de que se aprobase el primer decreto anticrisis. Esta medida, aunque gratamente "bienvenida" para los conservadores, llega con retraso. "Qué pena que si se propone en abril, llegue cinco meses tarde", ha lamentado Feijóo recientemente.
En el PP sitúan al Gobierno en la dinámica de la "rectificación" y creen que la influencia del partido "está consiguiendo algo". "Aunque sea a rastras y después de insultarnos, le agradecemos que nos haya hecho caso en algo", mencionó en su último acto público el líder popular desde Zaragoza. Feijóo hace hincapié en que, pese a la maquinaria de insultos que su persona está recibiendo por gran parte del Consejo de Ministros y desde Ferraz, los hechos demuestran en que el presidente ha incorporado tres de las principales reclamaciones del plan económico que su área económica elaboró y presentó en la segunda quincena de abril. Un documento remitido a La Moncloa y que fue calificado de "maquillaje".
El rechazo inicial a ese texto, inclinó el voto de los populares al 'no' en la votación parlamentaria para convalidar el real decreto de medidas económicas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania. Un no que, con todo, viró a la abstención en julio cuando el texto necesitaba extenderse -después de cumplirse sus tres meses de vigencia- mas tiempo. El motivo de ese cambio de posicionamiento, fue la incorporación en el decreto de otras dos nuevas medidas: la bajada del IVA en la factura eléctrica y ayudas directas a las rentas bajas. Un complemento también sugerido por el PP inicialmente que impedía a Génova postularse en torno al sufragio negativo.
El principal argumento que dieron desde la cúpula del partido a El Independiente para ubicarse en una línea intermedia y no obstruccionista, aparte de la propia incorporación de dos de sus grandes propuestas económicas y por sentido de Estado, fue que, en un momento crítico y con los sondeos de cara, seguir instalados en el 'no' perjudicaría el camino construido y la nueva imagen del partido. Eso no quitó las críticas del partido. Entre otras, la del portavoz en el Senado Javier Maroto. A esa abstención, por el mismo motivo, le han seguido otras dos: para el real decreto de reforma de las cotizaciones de autónomos y, por ejemplo, para la polémica Ley Audiovisual.
"Esto es lo que me dijo Ribera (la ministra de Transición Ecológica) cuando le pedí (en el Senado) que bajasen el IVA de la luz al 5%: "que la propuesta era cosmética", indicó el senador por designación autonómica acusando al Gobierno de dar "bandazos" y tener "contradicciones" tras conocerse el anuncio de Moncloa. Todo, dos semanas después de que el líder del Ejecutivo acusase a los populares de "estorbar" en el día político.
Lo cierto es que el argumento desde el Gobierno es que la oposición no contribuye a solventar las dificultades energéticas y económicas
Dos bajadas de IVA y ayudas directas
El ámbito económico del PP que dirige Juan Bravo, ahora senador autonómico y exconsejero de Hacienda y Función Pública de Andalucía, esbozó en abril un documento técnico con cuatro ejes principales. Estos son deflactar el IRPF a las rentas más modestas hasta 40.000 euros de renta anual, la bajada de impuestos al gas y la electricidad o la supresión del gravamen de hidrocarburos, agilizar y desburocratizar la administración pública, y mejorar el plan de distribución de los fondos europeos Next Generation. Asimismo, otro de los aspectos anunciados fue el de ayudas directas de entre 200 y 300 euros. Por el momento, el Gobierno de Sánchez ha aplicado esta última, así como la reducción al mínimo del IVA a la electricidad y el gas.
Respecto a las ayudas directas, si es cierto que hay un matiz, pero viene a cubrir el sobrecoste de vida por el encarecimiento de los precios, especialmente en alimentación. Mientras el PP propuso una horquilla más amplia, Moncloa optó en julio por la cifra de 200 euros. A principios de agosto, con una inversión de 9 millones de euros por parte del Ejecutivo, la administración ya había ingresado el subsidio a 45.000 personas de las 530.000 solicitantes; cerca de un 8,5%.
El Gobierno sigue resistiéndose a dos de los principales ejes mencionados con anterioridad, leitmotiv diarios del PP tanto en el Congreso y el Senado, como desde la esfera de la presidencia. El más destacado es la deflactación del IRPF en los tres primeros tramos, algo que Bravo, recientemente ha pedido valorar antes de que el PSOE decida subir el salario mínimo a 1.100 euros como plantea UGT. En concreto, se pretende adecuar la subida de sueldos a la inflación, para que eso no perjudique al trabajador.
Feijóo critica discrepancias en el seno del Gobierno
En segunda instancia, otra de las grandes propuestas de los populares es suprimir el impuesto de hidrocarburos, algo que necesita la aprobación de la Unión Europea. A última hora de la tarde, el propio Feijóo volvía a cuestionar las divergencias surgidas dentro de Moncloa, precisamente a cuenta del carburante. No a cuenta de la supresión de gravámenes, sino de bonificaciones, como ha anunciado Francia.
"El Gobierno de los bandazos da un paso más y ya no necesita ni días para mostrar sus contradicciones. Ahora dicen cosas completamente distintas el mismo día a la misma hora", indicaba Feijóo apoyándose en dos noticias de El Periódico de la Energía y de la agencia Europa Press. "Raquel Sánchez -ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana- se abre a que España amplíe también la rebaja del carburante" afirma el primero. Frente a él, "Montero -ministra de Hacienda- descarta ampliar la bonificación de los combustibles como ha anunciado Francia".
En el PP siguen confiando en que Sánchez acabará adoptando el resto de medidas de "sentido común" que les han sugerido en materia económica. Desean que eso también acabe resultando en la adopción de la propuesta en materia energética, como en la prolongación de vida de las centrales nucleares y térmicas.
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