Los vocales de los bloques conservador y progresista del CGPJ no están hablando entre ellos para consensuar los nombres de los dos candidatos que tienen que proponer la próxima semana como magistrados del Tribunal Constitucional (TC), según les pidió expresamente el presidente Carlos Lesmes.

El pasado 21 de julio, aprovechando el Pleno celebrado para valorar la idoneidad de Álvaro García como fiscal general del Estado, el presidente del órgano de gobierno de los jueces convocó a todos los consejeros el próximo 8 de septiembre, jueves, para deliberar sobre los dos nombramientos a los que están obligados por ley.

El Congreso sacó adelante en julio, a iniciativa del PSOE, una nueva reforma de la ley del Poder Judicial para devolver al CGPJ su función de realizar nombramientos -que tiene congelada mientras esté en funciones precisamente por una iniciativa anterior de PSOE y Podemos- aunque únicamente para que pueda designar a los dos magistrados del Constitucional.

El pasado 12 de junio vencieron su mandato el presidente del Alto Tribunal, Pedro González-Trevijano; el vicepresidente, Juan Antonio Xiol y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Dos de ellos (Trevijano y Narváez) fueron nombrados por el Gobierno y los otros dos, por el CGPJ. La nueva reforma legal obliga al consejo de jueces a nombrar a los dos magistrados que le corresponde antes del 13 de septiembre para que así el Gobierno pueda nombrar a los suyos. Algo que sentó muy mal en el CGPJ, que lleva tres años y ocho meses caducado por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para renovar el órgano y con su función de nombrar paralizada como medida de presión del PSOE al principal partido de la oposición para que renueve. La imposibilidad de nombrar a miembros de la cúpula judicial ya está provocando problemas en el Tribunal Supremo, con 14 vacantes de una plantilla de 79 magistrados y la Sala Tercera al borde del colapso. Hasta siete tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas necesitan también renovar a su presidente.

Los teléfonos no suenan

Lesmes exhortó a los consejeros justo antes de las vacaciones de verano a que contactaran para llevar al Pleno del día 8 una propuesta consensuada de los candidatos que cada bloque (conservador y progresista) quiera hacer para sacarla adelante en el plazo previsto con la mayoría necesaria de 12 votos. Pero, según trasladan fuentes internas a El Independiente, esos contactos entre los progresistas y los conservadores no se están dando. Los teléfonos no suenan.

La próxima semana volverán a Madrid todos los vocales y se inaugura el curso judicial con un acto que presidirá el Rey Felipe VI en el Tribunal Supremo. Será difícil que para entonces Lesmes tenga algo que contar a los medios que cubrirán el acto 24 horas antes del esperado Pleno.

Hasta el fallecimiento de la vocal Victoria Cinto, ella y el consejero José María Macías se encargaban de mediar entre un bloque y otro para realizar nombramientos, según trasladan fuentes internas. Los últimos de la cúpula judicial antes de que entrara en vigor la limitación de funciones salieron adelante con amplio consenso. Ahora, algunos consejeros consideran que debería ser el propio Lesmes quien hubiera asumido dicha función conciliadora.

Problemas con la propuesta de los conservadores

Antes de las vacaciones de verano comenzaron de manera superficial las conversaciones que se retomarán la próxima semana. Los vocales pusieron sobre la mesa alrededor de media docena de nombres de magistrados del Tribunal Supremo.

El bloque conservador está encontrando problemas para proponer a dos candidatos puesto que, de los que barajaba, la mayoría se han descartado a sí mismos. Se trata de los magistrados Antonio Del Moral, Ignacio Sancho, Manuel Marchena y Pablo Llarena. Fuentes del bloque conservador trasladan que será difícil encontrar a otros jueces con el mismo peso, trayectoria y cualificación.

Entre las razones que los vocales consideran que pueden tener estos magistrados para rechazar la propuesta se encuentra su oposición a que se hayan bloqueado legalmente los nombramientos del CGPJ (con los problemas que está acarreando en el Supremo) y en cambio se obligue también por ley a desbloquear la renovación del Constitucional porque quedaría con una mayoría progresista que interesa al Gobierno.

En el bloque progresista se siguen barajando los mismos perfiles de las magistradas Ana Ferrer, Pilar Teso o el magistrado Pablo Lucas que en principio aceptaría y respaldaría el bloque conservador cuando llegue el momento.