El divorcio entre instituciones -Govern- y entidades -especialmente ANC- lleva dos años gestándose. Pero se ratificará este 11-S, cuando el president de la Generalitat, Pere Aragonès, plante a la ANC en la manifestación de la Diada. El independentismo llega al quinto aniversario del 1-O más fracturado que nunca, con el reto improbable de repetir las movilizaciones masivas de los tiempos pre-Covid esta Diada.

El inicio de curso llega marcado por el dictamen del Comité de Derechos Humanos y Políticos de la ONU, que supone una victoria para el independentismo, a pesar de la cuestionable inyección de recursos que han supuesto las subvenciones de la Generalitat para este organismo. Pero ni siquiera esa victoria -que en otros tiempos hubiera sido impagable gasolina para las convocatorias del 11-S- ha servido para recoser heridas en el secesionismo.

División sobre el dictamen de la ONU

El uso que Junts ha dado al dictamen, utilizándolo como argumento para cuestionar la suspensión de Laura Borràs, ha abierto un nuevo frente entre los dos partidos que gobiernan Cataluña. El partido de Borràs incorporó el dictamen de la ONU como nuevo argumento a la petición de reconsideración planteada esta semana.

Una indicación directa de su abogado, Gonzalo Boye, que no sirvió para mover la postura de ERC. De hecho, los republicanos con el apoyo del PSC y la CUP rechazaron incluso admitir a trámite la iniciativa. Según el entorno de Borràs, para no tener que justificar las diferencias entre la suspensión de Borràs y las que ahora ha condenado la ONU aplicadas en su día a Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva.

Desde ERC, sin embargo, lo tienen claro: "la conclusión de la ONU es que hubo un abuso vinculado a una acusación concreta que tiene elemento de violencia que no se cumplía" explica el ex consejero de Justicia, Carles Mundó, para rebatir los argumentos de Junts.

Divorcio en la Diada

Para la ANC, por otro lado, las victorias simbólicas en organismos internacionales ya no le bastan para satisfacer sus ansias de avances hacia la independencia. La entidad presidida ahora por Dolors Feliu, en tiempos próxima a Junts, no oculta su enfado con los partidos independentistas, a los que acusa de haber renunciado a la secesión con su apuesta por la mesa de diálogo.

Una acusación dirigida especialmente contra Esquerra, aunque Junts también será diana de invectivas este 11-S por compartir gobierno con los republicanos. Desde Esquerra llevaban días barajando la posibilidad de no secundar la gran manifestación de la Diada. Finalmente ha sido el president, Pere Aragonès, quien romperá con la tradición impuesta en 2016 por Puigdemont y volverá a un papel institucional.

El partido sí acudirá, con Carme Forcadell al frente, pero lo hace dejando patente su incomodidad con una convocatoria que, lamentan no ocultan su "no es nada integradora". "Nos gustaría que cualquier entidad que convoca una manifestación lo haga a favor de la independencia y no en contra los independentistas" se lamentan desde ERC.

La decisión de Aragonès ya ha sido respondida por Feliu que volvió a dejar clara su animadversión hacia el actual presidente catalán . "No se entiende que que el president se haga fotos con el Gobierno de Madrid y no se la quiera hacer con centenares de miles de catalanes pidiendo la independencia". La ANC "no avala el autonomismo" concluía la líder de la entidad.

Nueva oportunidad para Borràs

Lo que sí parece seguro es un nuevo baño de masas de Laura Borràs en la manifestación de la Diada convocada por la ANC. La ex presidenta del Parlament acudirá a una convocatoria que le servirá para escenificar de nuevo su divorcio -casi personal- con ERC y el Govern, aunque su partido forme parte de él.

La convocatoria será también un barómetro de la popularidad de Borràs y el número dos de su partido, Jordi Turull, con el que pugna por controlar las riendas de Junts. El exconvergente se apuntó una primera victoria este verano, cuando fue el dirigente más votado en el congreso del partido, superando a Borràs.

Pero ahora tiene que lidiar con las presiones cruzadas del sector de Borràs y los miembros del Govern, a favor y en contra de dejar el ejecutivo autonómico. "La suspensión de Borras es casus belli para romper el Govern" asegura un dirigente del círculo más próximo de Borràs. Pero esa convicción no es en absoluto compartida por el conjunto del partido.

La amenaza sobre el Govern

De momento, Turull ha salvado la pelota de partido que suponía la auditoría sobre el cumplimiento del pacto de investidura realizada por Josep Rius y la consejera Victoria Alsina. El balance, que arroja un suspenso al compromiso independentista del Govern, no se ha sometido a consulta de la militancia.

Pero la consulta se hará, asegura Turull, tras la celebración del debate de política general, que Junts ha fijado como última oportunidad de Aragonès para demostrar sus convicciones independentistas. ERC tendrá que lidiar con resoluciones de alto voltaje propuestas por JxCat que pondrán a prueba la presidencia interina de Alba Vergès a las que Aragonès no puede dar portazo sin más si quiere conservar el apoyo de los neoconvergentes.

Mientras, Borràs y su círculo ya hacen campaña por la salida del Govern, recordando que ellos votaron en contra del pacto de investidura cuando la propuesta se sometió por primera vez a votación en el partido.

"La consulta a la militancia sobre seguir en el Govern se hará si o si después del debate de política general", advierten desde el entorno de Borràs, que espera "mociones, no solo una" que ratifiquen el pacto de gobierno y demuestren avances hacia la independencia.

Fractura en Junts

El sector "institucional" encabezado por los consejeros, argumenta que estar en el Govern permite gestionar un poder institucional al que Junts solo puede aspirar en la Generalitat, dado su limitado papel en el Congreso o en el poder local. Y añaden que a las puertas de las elecciones municipales sería suicida para JxCat renunciar a esa palanca de poder, que los alcaldes reclaman conservar.

Pero el sector de Borràs argumenta que si siguen en el Govern "pese a que vejan a nuestra candidata y nos traicionan la gente dejará de votarnos". Mientras, Turull insiste en su amenaza a la estabilidad del Govern para conseguir gestos de Esquerra que le permitan salvar la consulta a las bases, frente a la incredulidad de los republicanos ante sus amenazas.