El líder de Vox en persona, Santiago Abascal, ha acompañado este miércoles a Ignacio Garriga, presidente del partido en Cataluña, en el trámite de presentar ante el Tribunal Constitucional recurso contra el Decreto Ley de la Generalitat aprobado el pasado mayo, que fija el marco de los proyectos lingüísticos de las escuelas catalanas.

Una norma que excluye explícitamente la aplicación de porcentajes en el uso de las lenguas vehiculares, ideada para sortear la sentencia del 25% en castellano ratificada unos meses antes por el Tribunal Supremo.

Poco después, el PP recordaba en sus redes que populares y Cs ya recurrieron no solo esta, sino también la Ley de usos lingüísticos en la educación pactada por PSC, ERC, JxCat y Comunes el pasado mes de julio. Ambas normas conforman el paraguas legal que ha servido a la Generalitat para impedir la aplicación de esa sentencia.

De hecho, el consejero de Educación Josep González-Cambray anunciaba ufano hace una semana que "ningún colegio catalán" aplicará la sentencia del 25% en castellano. Ni siquiera aquellos centros en los que padres de alumnos han obtenido sentencias favorables para que se imparta una asignatura troncal en castellano además de la de lengua y literatura castellana.

Alianza PP-Cs

Lo hizo sin que se haya producido ninguna reacción por parte del Gobierno, ni el PSC. Lo que da vía libre a los partidos de la oposición para denunciar la inacción del Gobierno en esta materia. Una vía que los tres partidos se han apresurado a aprovechar.

El debate sobre el uso del castellano en la escuela ha sido recurrente en Cataluña y una de las fuentes que alimentó en su momento el crecimiento de Cs, tras el fracaso de los gobiernos del PP en esta materia. PP y Cs pactaron en mayo ir de la mano en este ámbito. Pero Vox no parece dispuesto a dejarse arrinconar en un tema esencial para su electorado catalán.

"Vamos a seguir dando la batalla en los tribunales, en las calles y en las instituciones para garantizar que nuestros hijos pueden estudiar en español" anunciaba Garriga ante la sede del Constitucional.

Hace un mes, PP y Cs hacían lo propio. Y la portavoz de los populares, Cuca Gamarra, anunciaba el recurso acusando al Gobierno de "garantizar vía libre a los independentistas sin temor a que el Gobierno y la Justicia actúen". "Se ha consumado el desprecio al español, aceptando el plan independentista para marginar el español en la escuela catalana y eliminar cualquier garantía de que se pueda estudiar en español en Cataluña".

La hora del Constitucional

De hecho, el Tribunal Constitucional decidirá el día 13 de septiembre la admisión a trámite del recurso de PP y Cs contra el Decreto-ley de la Generalitat y la Ley de usos lingüísticos. Este recurso se sumaba a la cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La Sala de lo Contencioso Administrativo ya advirtió de la inconstitucionalidad de dicho decreto y la ley resultante de éste y pidió a la Fiscalía y las partes interesadas que se manifestaran al respecto, tras lo que anunció que decidiría si presentaba un recurso de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal. Una vez ha recibido todos los informes, la Sección Quinta ha resuelto recurrir ante el Constitucional.

Pasividad del Gobierno

El TSJC elevó esta cuestión de constitucional tras darse por vencido y fallar que la sentencia del 25% era inaplicable a la vista de la nueva legislación aprobada por la Generalitat. El tribunal dio este paso al día siguiente de la reunión de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, un encuentro en el que el ejecutivo se comprometió a no interferir en la regulación autonómica sobre la inmersión lingüística.

Tras el fallo del TSJC en el que advertía de la dudosa constitucionalidad de las normas de la Generalitat tanto las entidades que defienden el bilingüísmo como los partidos de la oposición reclamaron al Gobierno que recurriera estas normas. Era la única vía para suspender su entrada en vigor y permitir la aplicación del 25% en castellano. Pero el Gobierno hizo oídos sordos.

Tanto la Abogacía del Estado como el letrado de la Generalitat apoyaron la presentación de esta cuestión de inconstitucionalidad del TSJC que, se enmarca en la estrategia de la Generalitat, puesto que deja en suspenso el debate hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre la cuestión.

Bases del recurso

El PP y Ciudadanos han recurrido varios artículos de las dos normas de la Generalitat por considerar que el Govern vulnera la Constitución al omitir cualquier referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña. En su recurso, Vox cuestiona el uso del decreto ley para regular usos educativos, recordando que la única urgencia era sortear el cumplimiento de la sentencia del 25% en castellano.

Añaden los de Abascal que la Generalitat no puede aprobar un decreto que afecte a los "derechos, deberes y libertades contemplados en el título I de la Constitución" y recuerdan al Govern que el derecho a la educación "no implica recibir la educación únicamente en una de las lenguas cooficiales, pero sí comprende el derecho de los ciudadanos a conocer el castellano".