La segunda denominación del Ministerio que dirige Yolanda Díaz es "Economía social", y a este enunciado se acogen en su departamento para justificar la última bandera que enarbola la vicepresidenta segunda, esto es, limitar los precios de la cesta básica de la compra, que lastra las economías más vulnerables en un escenario de fuerte inflación. No lo hace sola. Va de la mano del titular de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, asunto que parece entrar más de lleno en sus competencias y con quien ha inaugurado un nuevo clima de entendimiento que hace tan sólo unos meses parecía impensable.

Es de los pocos ministros que secundaron sin matices desde el principio la propuesta de Díaz. La primera reacción de Podemos fue tibia, más partidaria de imponer nuevos impuestos a las grandes superficies, mientras que otro de los compañeros de gabinete ministerial concernidos, el titular de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Luis Planas, llegaba a cuestionar la legalidad de imponer límites a los precios de los alimentos, por muy básicos que éstos sean.

El debate no se va a cerrar. Hemos puesto una pica en Flandes", dicen en el entorno de la vicepresidenta

Pero en vicepresidencia segunda son tajantes: "El debate no se va a cerrar. Ya hemos puesto una pica en Flandes". De hecho, la vicepresidenta inicia hoy su ronda de contactos con las grandes distribuidoras, en concreto con la francesa Carrefour, que este jueves tomó la iniciativa de crear una cesta básica de alimentos por 30 euros, siguiendo el modelo que operó hasta hace poco en la Francia de Nicolás Sarkozy, al que aludió Díaz este martes desde la mesa del Consejo de ministros.

Están convencidos en el entorno de la también ministra de Trabajo que de alcanzar un acuerdo entre grandes distribuidoras y organizaciones de consumidores "Pedro Sánchez apoyará la medida", al tiempo que subrayan que "nadie ha propuesto una alternativa", en claro reproche a los ministros más críticos. No sería, de hecho, la primera vez que el sector minoritario del Gobierno impone su criterio, como ocurrió con el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas cuando se decretó su obligatoriedad para prevenir la expansión del Covid; con la limitación de los precios del alquiler, o la imposición de impuestos especiales a las energéticas y a la Banca.

Es más, no sólo es un asunto que Díaz quiere encabezar en plena campaña por todo el país de su "proceso de escucha", sino que los suyos están convencidos de que el debate sobre la limitación de los precios de la cesta de la compra "se impondrá en toda la Unión Europea", como lo ha sido el tope al precio del gas tras la "excepción ibérica" que Pedro Sánchez batalló en Bruselas.

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, rompió ayer con la tibieza y escepticismo con la que los morados recibieron una propuesta cuya formulación desconocían hasta que Díaz la defendió en una entrevista en eldiario.es. La también líder de Podemos negó ayer en "Las mañanas de RNE" la existencia de ninguna polémica al respecto entre el socio minoritario del Gobierno.

Podemos defiende un tope obligatorio de precios si no hay acuerdo con las distribuidoras

"Creo que es importante que esta propuesta salga adelante, mucha gente lo está pasando realmente mal para llenar la nevera o para pagar la cuenta en el supermercado. Como país democrático no nos lo podemos permitir por lo que es una propuesta que respaldamos totalmente", afirmó. Pero incluso dió un paso más al defender la implantación "mecanismos obligatorios" en caso de no alcanzar un acuerdo con las distribuidoras "porque en estas circunstancias es importante que el Gobierno tenga claro qué intereses defiende y a quién defiende".

No es incompatible, en todo caso, con imponer además una nueva fiscalidad a esas grandes superficies, advirtió. Porque si bien entiende Belarra que "buscar el acuerdo es una buena vía porque hay empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que quieren arrimar el hombro en un momento difícil, en el caso de que no sea posible habrá que buscar vías obligatorias porque este gobierno busca la justicia social".

Representantes de Asedas, la patronal que aglutina a Mercadona, Lidl, Dia y otras enseñas regionales como Coviran, Gadis, Alimerka, Froiz, Condis, Lupa o Consum, se reunirán con Díaz el próximo lunes. «Creo que todo el mundo está dispuesto a comprender la situación en la que vivimos», dijo la vicepresidenta segunda este martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.