El Partido Popular (PP) no esperará hasta que el Gobierno le contacte para retomar las negociaciones de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino que llevará la iniciativa para afrontar el trámite. Eso sí, con algunos requisitos básicos por delante. Por tanto, el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, retractaría la postura de los suyos respecto a esta cuestión en poco más de un día y medio desde que el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, instara a Moncloa y a Génova a desencallar las conversaciones en su duro discurso de apertura del curso judicial, el cuarto con el CGPJ en funciones por la falta de acuerdo entre los dos principales partidos políticos. En un corrillo posterior al discurso del presidente del Supremo, el gallego afirmó que estaba dispuesto a reunirse con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si éste le llamaba para abordar la cuestión, algo que no han hecho desde el encuentro del pasado abril en La Moncloa. La única vía de contacto posterior entre ambos fue un mensaje de texto, como reconoció Feijóo.

Según informaron a El Independiente fuentes del comité de dirección de Génova, el PP haría, previsiblemente este viernes, una nueva oferta al PSOE para restablecer el diálogo y abordar la renovación del CGPJ. Y así ha sido, a través de un escrito enviado por parte de su vicesecretario de Política Institucional, Esteban González Pons. Una propuesta en la que el partido de Feijóo va a reiterar, señalan, la necesidad de establecer como punto de partida que los vocales elegidos tengan más de 25 años de experiencia en la carrera y no procedan directamente de la política para evitar nombramientos por "amiguismo". En la propuesta para la Justicia de los populares, que ya presentaron, también se exige un periodo transitorio de al menos un lustro para optar a Fiscal General del Estado viniendo de la política.

Esta decisión llega después de que el sector conservador del CGPJ haya decidido retrasar su propuesta de magistrados para el TC, algo a lo que el Consejo está obligado tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que aprobó el Gobierno en julio una vez concluido el debate del estado de la nación. El consejo de jueces, al igual que Moncloa, debe hacer dos nombramientos de magistrados para el Alto Tribunal. La ley marcaba que fuera antes del martes 13 de septiembre, fecha que no se cumplirá. En la sede popular califican de "intervencionismo" por parte del Ejecutivo que el partido del Gobierno introdujera la fecha. Pero la reflexión interna para ir un paso por delante de Sánchez y su interlocutor designado, el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, ya estaba tomada desde el miércoles.

El PP dice tener una inequívoca voluntad de renovación y reforma del CGPJ, pero no ve voluntad en Moncloa

Las fuentes de Génova consultadas hablan de la "inequívoca voluntad de renovación y de reforma" que tiene el PP, porque el desbloqueo es "lo que exige Europa, la sociedad y son cosas sensatas". Todo, expresan, pese a la posición del Gobierno, que "no evidencia un cambio de posición ni una voluntad real para negociar". Recriminan a los socialistas que haya habido insultos recientes como el de "malcriado" a Feijóo o "secuestrador de la justicia" al partido por parte del portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López. En cambio, "de nuestra boca no ha salido una mala palabra desde ayer", se escudan.

Las negociaciones entre PP y PSOE quedaron frustradas a mediados de agosto, tras desvelar Bolaños un documento pactado por la anterior dirección de Pablo Casado y Teodoro García Egea, en el que los populares se comprometían a renovar y reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por entonces, Esteban González Pons, nombrado interlocutor, advirtió que el PSOE había utilizado el acuerdo para presionarlo a aceptar las condiciones del Gobierno. Feijóo, por su parte, insiste en que desconocía la existencia del texto pese a que Moncloa afirma que Sánchez le puso al tanto.

Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

"En el PP compartimos la preocupación sobre la situación en la que se encuentra la Justicia española", comienza la carta de los populares. "Nuestra permanente ambición ha sido renovar, y por eso no queremos dejar pasar la oportunidad que nos brinda el inicio del año judicial para intentar de nuevo que se supere este bloqueo", expresan. Los de Feijóo dicen entender la "capacidad" del Ejecutivo para nombrar "libremente dos magistrados del TC, pero lamentan "las prediones" conocidas recientemente. "Un régimen constitucional pleno exige un Tribunal Constitucional en el que todos los ciudadnos puedan confiar", insisten.

Las condiciones sobre las que asentar el pacto

El órdago del presidente del CGPJ Carlos Lesmes, que amenazó con dimitir durante su discurso de inicio del curso judicial, ha hecho moverse al Gobierno y a la titular de Justicia, Pilar Llop. A última hora del miércoles, la ministra urgió al PP a que pusiera sobre la mesa los nombres que desea incorporar al CGPJ, algo que Génova no ha hecho. "Se trata de currículum, no de nombres", defienden. Para los populares, la petición conlleva una falta de "seriedad" y de respeto a la "imparcialidad garantizada" y a las Cortes, por cuyos filtros debe pasar un hipotético acuerdo entre socialistas y populares.

El acuerdo incluiría asegurar que el PP propondrá al sustituto de Alfredo Montoya

La máxima del PP es que los jueces elijan a los jueces, pero asumen que eso no va a ocurrir en este nombramiento, sino en sucesivos porque la coyuntura exige rapidez. Por ello, reiteran en las palabras de Feijóo a Llop: "No solo hay que hablar de nombres, hay que garantizar que el CGPJ esté al nivel que España merece" con los "mejores preparados". Enfatizan en la necesidad de que para presidir una Sala se tenga "experiencia acreditada" o que haya una comisión de evaluación que determine como se presiden los TSJ.

La oferta de pacto del Partido Popular incidirá también en asegurarse que mientras el Gobierno designará, según le corresponde, a los dos magistrados del Constitucional para sustituir al presidente del Alto Tribunal Pedro González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez, será el grupo popular en el Senado quien proponga a un candidato para sustituir al recién retirado conservador Alfredo Montoya y el grupo socialista aceptará su propuesta. Así, aunque el Constitucional pasará a tener igualmente una mayoría conservadora, se asegurarían de que quien reemplace al magistrado que fue propuesto en su día por el PP también sea de la "cuota" popular.

Las "contradicciones" que denuncia la oposición

Ante el tira y afloja entre el Gobierno y el principal grupo de la oposición a cuenta del CGPJ, Vox y Ciudadanos se han manifestado mientras que Unidas Podemos guarda un perfil más bajo en este asunto frente a otros como las partidas en Defensa del Presupuesto General del Estado para el próximo año. Fuentes parlamentarias de Vox se alinean con la petición de independencia judicial que solicita Génova, para que no haya injerencias políticas. No obstante, dejan en el aire la posibilidad de acuerdos entre el bipartidismo con exigencias más diluidas por parte de los populares. Todo, dicen, frente a un Gobierno que quiere poner las instituciones a su servicio. En Vox no se atreven a pronosticar si habrá pacto, pero resaltan las "contradicciones" de PSOE y PP. Emplean el "y tú más" pero luego se ponen de acuerdo en la reforma de las cotizaciones de autónomos, en la ley climática o en la de género, argumentan desde el tercer grupo parlamentario.

En la previa a la última Junta de Portavoces en el Congreso, el portavoz de Cs, Edmundo Bal, que además es abogado del Estado, también defiende que "los jueces elijan a los jueces" y ha pedido al PP que no "ceda al chantaje" del Gobierno. Eso sí, reclama el cese de las hostilidades entre las dos grandes formaciones porque "no se trata de ver quien tiene la culpa", sino de asegurar la independencia judicial. "Todos excepto el Gobierno lo comparten", ha manifestado.