El Partido Popular (PP) persiste en su ofensiva económica contra el Gobierno tras remitir este lunes a Moncloa su propuesta de medidas para un plan energético y de recuperación económica. Un documento que después de la última reunión del Consejo de Ministros ha sido catalogado de "corta y pega". "Ni siquiera teclearon" el texto, expresó la ministra Portavoz Isabel Rodríguez en la comparecencia posterior; unas palabras a las que se han adherido otros miembros del Ejecutivo como la titular de Educación Pilar Alegría en la sesión de control de este miércoles en las Cortes: "Si se copia, se suspende". Tras ello, y por el paso del primer filtro legislativo de la propuesta del grupo socialista y confederal de Unidas Podemos del impuesto temporal energético y a entidades de crédito, el PP ha empezado a armar su discurso en torno a esta cuestión.

Mientras que el Gobierno central asegura que la tasa que el Parlamento Europeo está valorando es, "en esencia", similar a la planteada en España, los populares indican que "no tiene nada que ver". Fuentes del ámbito económico del partido afirman que Sánchez propone imponer un gravamen "sobre los ingresos totales" y que, en cambio, la sugerencia del presidente Alberto Núñez Feijóo es hacerlo sobre "los beneficios netos". Por ello, frente a "una imposición" que "no deja claro" para qué irá destinada la recaudación "más allá de las arcas del Gobierno", reiteran su propuesta: bonificaciones que se reflejen en la factura cada mes.

Hoy Bruselas dará a conocer una propuesta legislativa para que los socios comunitarios reduzcan el consumo eléctrico de media un diez porciento; y que, en hora punta, esa cifra baje a un cinco porciento. Al margen de esa propuesta, el órgano representativo europeo propondrá topar los ingresos de las compañías eléctricas: entre 180 y 200 euros el megavatio hora para la generación de procedencia renovable, nuclear y con litio. A ese anuncio se remite el PP, que emplaza a Moncloa a esperar, valorar y dialogar.

El PP cree que el impuesto a la banca y las eléctricas va en contra del derecho comunitario y es inconstitucional

La principal preocupación de los populares es que el impuesto termine pagándolo el consumidor al no detallarse en la legislación qué mecanismos se seguirán para evitar que las compañías lo palien incrementando los gravámenes en la factura. Por ejemplo, en el alquiler de equipos. Asimismo, defienden que "es inconstitucional", porque "va en contra del derecho comunitario". Fuentes parlamentarias argumentan a El Independiente que otro de los problemas no es solo que se grave los ingresos totales, es que se cobra dos veces un mismo impuesto, insisten: "es algo que ya se hace con el de sociedades". Y, también, que mientras Europa lo contempla, de momento, únicamente para la recta final de este año, PSOE y Unidas Podemos no aclaran el margen y puede prolongarse hasta mediados de 2023.

"El discurso populista es muy sencillo, del pueblo contra los grandes poderes", pero este impuesto tiene como última finalidad "aumentar la recaudación", afirman los populares. Preguntados sobre por qué no han enmendado, como en otras ocasiones, la propuesta de los dos principales grupos que integran el Ejecutivo, en el PP defienden que "una ley así la tiene que traer el Gobierno" formalmente, como proyecto de ley y a través del Ministerio de Hacienda. Es por eso, por lo que condicionan un 'sí' definitivo del grupo popular a la reformulación de una "chapuza de decreto" que se está elaborando bajo los parámetros europeos. El principal temor de Génova es que el próximo gobierno, si lo integra su partido, esté "condenado" a pagar los efectos negativos de ese impuesto a las grandes entidades.